l Gobierno y buena parte del debate público sobre la Inversión Extranjera Directa (IED) en Bolivia han caído en una cómoda ficción: creer que basta con prometer seguridad jurídica y aprobar una ley de inversiones para que el capital aparezca. Ese entusiasmo, reavivado por el reciente respaldo del Departamento de Estado estadounidense al presidente Paz Pereira, confunde una señal política con la construcción, mucho más incómoda, de las condiciones que realmente atraen capital.
La evidencia de lo que producen las promesas está a la vista. A fines de 2025, el presidente afirmó que Tesla, Amazon y Oracle “estarán presentes en Bolivia para anunciar nuevas inversiones tecnológicas”. Hasta ahora, el anuncio no pasó de proclama: ninguna de esas inversiones se ha materializado y las empresas no han confirmado los proyectos que el Gobierno anunció.
En su discurso ante la ONU, Paz Pereira repitió una y otra vez que “queremos” inversiones, “queremos” relaciones de largo plazo, “queremos” recursos, “queremos” integración al mundo, “queremos” socios. Pero querer no es una política. Hacer política es entender cómo se atrae inversión y estar dispuesto a construir las condiciones para lograrlo. Esa sigue siendo una tarea que el Gobierno aún no demuestra entender ni asumir.
Como evidencia el Economist Intelligence Unit (EIU), la atracción de IED atraviesa un profundo cambio de paradigma. La abundancia de recursos naturales y los bajos costos operativos ya no bastan por sí solos, mientras que la seguridad jurídica —apenas un requisito básico— tampoco constituye por sí sola una ventaja competitiva. Hoy, el capital exige una mayor calidad integral del entorno empresarial y prioriza factores como el alineamiento geopolítico —friendshoring—, la solidez institucional, el acceso a matrices energéticas diversificadas y mercados con dividendos demográficos, capaces de ofrecer fuerza laboral calificada y consumo interno.
Ese entorno no se construye con discursos. Requiere capacidad empresarial instalada y con trayectoria para competir sin favoritismos, pero también una infraestructura institucional sólida: un sistema bancario saludable, un Banco Central independiente y reguladores confiables.
Dada la regulación vigente, el sistema financiero actualmente no emite señales de certidumbre a largo plazo: la falta de aplicación de normas contables internacionales en sus estados financieros y en el cálculo de su capital regulatorio; las distorsiones estatales en las tasas de interés; la permanencia de Bolivia en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI); la falta de independencia del Banco Central y su frágil situación patrimonial, son señales de que hay mucho que resolver internamente antes de ser una carta de presentación.
Corregir estas deficiencias requiere medidas eminentemente técnicas, cuya implementación depende de voluntad política para transparentar y modernizar el entorno financiero de negocios. Hasta ahora, el Ejecutivo no ha demostrado ni esa voluntad ni una comprensión suficiente de que atraer capital exige algo más que anunciarlo.
Pero existe un termómetro aún más elocuente: examinar cómo trata el Estado a quienes ya arriesgaron su capital en el país. Tres casos resultan ilustrativos. El primero es el conflicto judicial de Soboce, con participación de capitales extranjeros, donde se cuestiona el cumplimiento de sentencias constitucionales. El segundo es la desprotección de la Cancillería ante la incautación de madera boliviana en puertos chilenos que causó perjuicios económicos y reputacionales, según advirtió la dirigencia del sector forestal. El tercero es la total falta de protección a la industria nacional al permitir la competencia delincuencial del contrabando masivo. Si el Estado no protege a quien ya invirtió dentro, carece de credibilidad para seducir a quien evalúa entrar desde afuera.
A ello se suma el creciente déficit energético, un obstáculo estructural autoinfligido sin signos de solución a más de diez meses del inicio de la administración Paz Pereira. Mientras esto no se resuelva, difícilmente Bolivia podrá ofrecer una de las condiciones básicas que hoy buscan los inversores: acceso confiable y diversificado a la energía.
Otro factor relevante es el alineamiento geopolítico. El reciente discurso de Trump ante la Asamblea General de la ONU dejó claro que Washington está pensando el hemisferio en términos más amplios que una simple alianza de seguridad como el Escudo de las Américas, del cual Bolivia es parte.
En esa visión, el acceso americano a recursos naturales estratégicos adquiere un valor central en la relación entre aliados. Venezuela constituye el ejemplo más extremo. Los acuerdos entre Estados Unidos y Argentina para financiar hasta USD 7.000 millones para infraestructura energética representan una versión negociada y menos extrema de ese acomodo, pero apuntan igualmente hacia una relación de mayor cercanía y alineamiento económico. Como resumió el diario La Nación, Javier Milei se puso “el uniforme de Trump en la ONU”.
El problema, por tanto, no es la ausencia de una ley de inversiones. Es el error de enfoque: creer que una ley puede sustituir al conjunto de condiciones que determina dónde decide invertir el capital. Y creer que proclamar lo que “queremos” puede suplir las decisiones políticas y operativas que esas condiciones exigen es confundir, nuevamente, la mera intención con una verdadera política pública.
Una ley puede abrir la puerta. Una proclama de lo que “queremos” dura un instante en el ciclo informativo. El capital, en cambio, mira más lejos. No escucha lo que un país quiere: evalúa lo que ofrece.
José Luis Contreras Cabezas es economista experto en seguros, gestión empresarial, inversiones y estrategia.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
