l marco normativo que promueve los incendios y avasallamientos en el oriente de Bolivia fueron formulados a principios del gobierno del MAS desde el año 2006. Estas normas se encuentran en los primeros documentos del MAS tales como el Plan Nacional de Desarrollo (PND), la Constitución Política del Estado (CPE) y en los documentos sobre el Nuevo Modelo de Desarrollo Económico Social Comunitario y Productivo (MDESCP) propuesto por Luis Arce Catacora cuando fue ministro de Economía del gobierno del MAS (2006-2015) y posteriormente presidente del Estado (2021-2024). En estos documentos fueron formuladas las normas ideológicas, institucionales, económicas y políticas que permitieron durante largos años ejecutar la política del nuevo gobierno para incursionar posteriormente en diversos territorios del país, así como en las tierras bajas de los departamentos de Santa Cruz, Beni y Pando.
El capítulo Desarrollo Agropecuario del PND parte de una crítica al “modelo colonial extractivista” (1825-1952) caracterizado por la expoliación de los recursos colectivos de las comunidades y la otorgación de los mismos a hacendados privados bajo el sistema de colonato. En ese período las tierras y bosques del oriente permanecieron bajo el dominio del Estado; sin embargo, se ignoraron las necesidades de los pueblos indígenas y originarios.”(página 183).
Luego el PND critica al modelo nacional estatista del MNR (1953-1985) que habría establecido en ese período “un patrón de desarrollo rural que intentó diversificar la producción y la sustitución de importaciones impulsando la eliminación del sistema de colonato en las haciendas”. Sin embargo, señala que “pese a los esfuerzos en la redistribución de la tierra para los pequeños productores campesinos, indígenas y originarios”, el proceso de distribución de tierras no estuvo vinculado a políticas efectivas de desarrollo rural “lo que condujo a un proceso de minifundio y la pérdida de la productividad de la tierra y deterioro de los recursos naturales.”
Finalmente, el PND critica al “modelo privatista neoliberal” (1986-2005) que habría estado “vinculado a la generación de un nuevo patrón económico que se basó en la entrega de tierras a propietarios medianos y grandes y a la consolidación de los sectores más dinámicos de la economía empresarial del oriente para la producción de cultivos industriales para mercados de exportación”. Estas políticas generaron divisas para el Estado, potenciaron exclusivamente a un solo sector rural, desarrollaron asimetrías socioeconómicas y no contribuyeron a la seguridad y a la soberanía alimentaria. En cuanto a su propuesta de cambio el PND plantea el establecimiento de un nuevo patrón de desarrollo “que garantice la transición del actual modelo de desarrollo agrario y forestal primario exportador socialmente excluyente hacia otro que impulse la transformación de la estructura de tenencia y de acceso a la tierra y bosques y promueva el cambio de los sistemas productivos agropecuarios y forestales”.
En síntesis, la transformación de la estructura de tenencia y acceso a la tierra y bosques en el marco de la “reconducción comunitaria de la reforma agraria”, constituye hasta el presente la principal política del partido en el poder para impulsar la transformación estructural agraria.
Con los años los conceptos de la política del MAS irán adquiriendo contornos más precisos y nuevos motores sociales operativos. El nuevo patrón de desarrollo se dirigirá al cambio de la estructura de tenencia y de acceso a la tierra y a los bosques en los diferentes territorios del país.
La nueva revolución productiva se ejecutará no por inercia gracias solo a la acción de las nuevas leyes escritas, sino mediante nuevos operadores y nuevas fuerzas sociales. Las nuevas fuerzas fueron introducidas por los autores de la CPE en el artículo 3 de la CPE en medio de los diversos sectores que conformarían la “nación boliviana”. El artículo en cuestión quedó redactado de esta manera: “La nación boliviana está conformada por la totalidad de las bolivianas y los bolivianos, las naciones y pueblos indígena originario campesinos y las comunidades interculturales y las afrobolivianas que en conjunto constituyen el pueblo boliviano”. Debemos preguntarnos de donde salieron estas llamadas “comunidades interculturales”. En ninguna parte de la CPE se explica el origen y las características de este curioso término. ¿Acaso todos los bolivianos y bolivianas no somos también “interculturales”?
En otras partes los redactores de la CPE asignaron los lugares y funciones que adoptarán los grupos interculturales. Estas asignaciones no tomaron en cuenta a los sindicatos campesinos existentes tales como la Confederación Sindical Única de Campesinos de Bolivia (CSUTCB) o a otros. En el artículo 394.III. de la CPE se lee que “El Estado reconoce protege y garantiza la propiedad comunitaria o colectiva, que comprende el territorio indígena originario campesino, las comunidades interculturales originarias y de las comunidades campesinas. La propiedad colectiva se declara indivisible, imprescriptible, inembargable, inalienable e irreversible y no está sujeta al pago de impuestos a la propiedad agraria.” Asimismo, el artículo 395.I. dispone que “las tierras fiscales serán dotadas a indígena originario campesinos, comunidades interculturales originarias, afrobolivianas y comunidades campesinas que no las posean o las posean insuficientemente, de acuerdo con una política estatal que atienda a las realidades ecológicas y geográficas, así como a las necesidades poblacionales sociales”.
Como se ve, las comunidades interculturales aparecen como por arte de magia y dotadas con tierras, funciones y poderes.
El gobierno aprobó varias leyes y decretos que promueven y protegen las actividades de los grupos interculturales. La ley más significativas en este sentido es la ley 741, considerada la “ley madre de las leyes incendiarias”. La ley, firmada por Evo Morales y Luis Arce Catacora el 29 de septiembre de 2015 dispone la “autorización para el desmonte de hasta 20 hectáreas para pequeñas propiedades, para propiedades comunitarias o colectivas para actividades agrícolas y pecuarias.” Cada miembro de los grupos interculturales –y empresarios- puede ser beneficiario de esta ley.
Desde hace algunos años, se lee en las noticias que grupos armados de campesinos “interculturales” asaltan y avasallan propiedades y empresas agropecuarias en diferentes regiones y departamentos, particularmente en Santa Cruz. Se lee también que los campesinos interculturales se encuentran organizados en una Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIB) y en Federaciones Departamentales. A sus reuniones y congresos asiste el presidente del Estado Luis Arce Catacora.
Luego de 5 meses de incendios forestales que arrasaron más de 7 millones de hectáreas, la Confederación de Interculturales convocó para el 19 y 20 de octubre a una Cumbre Nacional de Tierra, Territorio, Producción y Medio Ambiente en el municipio de San Julián, Santa Cruz, “para analizar la problemática de la tierra, producción y medio ambiente afectados por los incendios forestales”. El ejecutivo de la organización Esteban Alavi informó que participarán en la reunión los técnicos de diferentes ministerios, así como el presidente del Estado Luis Arce.
Con relación a los incendios forestales de Santa Cruz, el Comité Pro Santa Cruz detectó recientemente que “se inician los incendios —por los interculturales— en los lugares que se avasallan”. También detectó que “el mayor porcentaje que se quema son bosques, no son sembradíos de soya ni terrenos de agricultores ni de empresarios”.
El área quemada nacional según el Comité Pro Santa Cruz sería de 6,9 millones de hectáreas (información del 1/10/2024), de las cuales 4,6 de bosques y 2,3 de pastizales, la mayor parte en los departamentos de Beni y Santa Cruz. El Comité considera que el objetivo de los interculturales con los incendios gigantescos sería “volverse acreedores” de los financiamientos existentes. El 19 y 20 de octubre podrá verificarse esta hipótesis.
Finalmente, después de 5 meses de incendios forestales y cerca de 7 millones de hectáreas quemadas, el presidente Luis Arce Catacora declaró el pasado lunes 7 de octubre el “Estado de Emergencia Nacional”. Con esta declaratoria el presidente espera contar con el apoyo financiero de la cooperación internacional para contribuir a los programas de los campesinos interculturales.
El presidente no viene esta vez con las manos vacías, tiene un “plan post incendios” para apoyar a los interculturales incendiarios: 1) reforestación de las áreas incendiadas, 2) Alimentación, agua, riego y forraje para consumo humano, 3) Recuperar la producción agrícola con entrega de semillas, fertilizantes, agroquímicos y plantines de diversas variedades y 4) reposición de viviendas quemadas.
Bernardo Corro Barrientos es economista y antropólogo.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
