Qué ha cambiado sustancialmente en el país después del último ajuste en el gabinete, la reunión del presidente con los gobernadores y el informe de Rodrigo Paz el 6 de agosto? ¿Se solucionó la crisis de los carburantes, se detuvo la subida de precios de los alimentos en los mercados, se produjo un cambio de rumbo en el Gobierno? Lo que sí hubo fueron nuevos anuncios para la semana siguiente al discurso presidencial desde la capital del país.
El desabastecimiento de diésel y gasolina marcó un nuevo pico durante la semana en la que se asumirían nuevas medidas a ser comunicadas por el Ministerio de Hidrocarburos y Energías, según la nueva nomenclatura del Ejecutivo. Su titular desapareció del escenario, mientras el presidente y el superministro de Economía y Finanzas Públicas reiteraban que la situación de escasez, extensas filas en los surtidores y desesperación de los conductores sería superada con la nueva estrategia.
Desde el análisis de los expertos en hidrocarburos, la necesidad de los sectores productivos y la iniciativa de niveles estatales como la Gobernación cruceña se insistió en que la solución de fondo pasa por levantar totalmente la subvención a los combustibles, estableciendo ciertos mecanismos para que la medida no sea un mazazo al transporte en sus diferentes modalidades. Pasó una semana y las medidas no vieron la luz.
Antes de la agudización de la crisis, la viceministra de Hidrocarburos habló de un estudio de “subvención focalizada”, a fin de amortiguar los efectos para los transportistas, pero aún no se conocen los resultados. El pedido del Gobernador cruceño de un Decreto Supremo que le autorice la firma de una Alianza Púbico Privada para la importación de combustibles a precios internacionales tampoco fue respondido oportunamente. “No se dejan ayudar”, se dijo desde todo lado.
En cuanto a la lucha contra corrupción, en lugar de que el país conozca al Alto Comisionado de la Integridad Institucional y la Justicia, es decir al nuevo Zar anticorrupción, se denunció un nuevo caso de falta de ética en la función pública que implicó al ministro de Economía y Finanzas, y otro de presunto enriquecimiento ilícito que involucró al gerente de la Caja Nacional de Salud.
¿Por qué no se cumplió el anuncio del presidente Paz de nombrar al Alto Comisionado anticorrupción en la semana posterior a su informe en la Casa de la Libertad? ¿No encontraron personalidades de prestigio y corajudas para que ocupen el cargo? ¿No quieren aceptar porque, en lugar de encaminar el saneamiento ético, terminarán con una colección de enemigos gratuitos por intentar limpiar la casa? La búsqueda continuaba.
El anuncio presidencial que sí se cumplió en la fecha prevista fue el envío al Legislativo del proyecto de Ley de Inversiones, el primero de un “paquete de 12 leyes estructurales para la transformación del país”. Los demás serán presentados en los siguientes meses, según el mandatario. Sin embargo, el proyecto de ley que busca atraer y garantizar futuras inversiones extranjeras en áreas estratégicas no es la expresión del consenso con fuerzas políticas y sectores involucrados, como se definió en el Encuentro Nacional realizado en Cochabamba a principios de mayo.
Se trata de una de cuatro propuestas que llegaron al Órgano Legislativo, tres provenientes del ámbito político-partidario y una de la Cámara Nacional de Comercio.
Además, Libre, organización política liderada por Jorge Tuto Quiroga, y el diputado Carlos Alarcón de la alianza Unidad, comunicaron la presentación de propuestas de reforma parcial de la Constitución para romper los candados puestos por el MAS precisamente a las inversiones extranjeras, sobre todo en el área de los hidrocarburos, y para “salvar a Bolivia” de una “megacrisis energética”.
Esta descripción apunta a que el viraje que debía producir el gobierno de Paz, mostrando el proyecto estatal que marcará la ruta del Estado en los próximos cuatro años, resolviendo con eficiencia las urgencias anotadas, organizando un nuevo equipo de ministros para encarar los grandes desafíos, buscando retomar la confianza ciudadana erosionada por yerros y demoras, lamentablemente no ocurrió.
Esa ausencia transmite a la gente que el Gobierno no comprende la magnitud del deterioro o, peor aún, su incapacidad para corregirlo. Cada error, cada abuso de poder, deja de ser un hecho aislado y alimenta la percepción de la población de un régimen paralizado, sin respuestas, distante de las necesidades y, por tanto, presa fácil de un proceso conspirativo reactivado por el evismo que se reunirá en Lauca Ñ, después de la culminación del estado de excepción, el 18 de septiembre.
No comprenden que cuando un gobierno no corrige el rumbo o no da el mentado golpe de timón, sus aliados se alejan y los que se arriman son por meros intereses cortoplacistas; sus adversarios políticos buscan ocupar el vacío que deja la desconexión con la gente; y la incertidumbre económica tiende a convertirse en incertidumbre política en la que se gobierna aplacando incendios, no marcando la ruta del cambio y menos anticipándose en la agenda pública nacional.
Pero, el mayor riesgo es que se produzca una crisis de gobierno en la que los discursos y los anuncios de nuevas medidas no sirven para revertir la bronca social. Llama a la tención la ola de renuncias de viceministros y de otras autoridades jerárquicas por falta de norte político e institucional. En un momento de debilidad, cambiar el rumbo significa demostrar que todavía existe capacidad de decisión, autoridad y voluntad política para corregir los errores y enfrentar la conspiración. El pedido de disculpas del presidente ya no es suficiente, su tarea urgente es evitar una crisis de gobierno.
Edwin Cacho Herrera Salinas es periodista y analista.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
