Derecha vendepatria”. Así caracterizaron políticamente Evo Morales y el MAS a los 20 años de gobiernos neoliberales (1985-2005) y cerca de 200 de abusos, exclusiones, expropiaciones y persecuciones a sectores populares del país. Fue el soporte discursivo, la narrativa, para el “proceso de cambio”, la Asamblea Constituyente y la “nacionalización” de los recursos naturales. Fue la etiqueta más efectiva, en términos de discurso y posicionamiento político, que se utilizó para separar a unos y otros, rumbo a la construcción del Estado Plurinacional.
Esa caracterización sirvió para establecer con claridad, siempre en el plano discursivo, simbólico y por supuesto político, quiénes eran los enemigos de los campesinos, indígenas, obreros… que habían llegado al poder democráticamente, con una votación jamás alcanzada en la historia democrática del país: 53,74% en las elecciones generales de 2005. Luego, Morales y el MAS transaron y convivieron con muchos “derechistas vendepatria”, los enrolaron al populismo autoritario y acumularon riquezas que nunca imaginaron tenerlas entre las manos o en cuentas bancarias fuera del país.
El manual de la política establece que siempre debe haber un antagonista, un opuesto, un enemigo al que se debe enfrentar. Ayuda, al mismo tiempo, a justificar la causa, las acciones políticas, el discurso que se despliega para que la sociedad reconozca con facilidad “al bueno y al malo”. El manual recomienda que, si no existe el antagónico, hay que crearlo e instalarlo rápidamente en la mente de quienes se convertirán en reproductores de los mensajes, en soldados de las batallas culturales. En política no se puede luchar conta la nada.
En la asamblea general de la ONU, Rodrigo Paz redondeó la caracterización política del adversario de la época, del nuevo antagonista al que discursiva, simbólica y militarmente hay que derrotar, del demonio actual al que se debe retratar e introducir en la mente de los bolivianos.
Fue el escenario para decirle al mundo, pero sobre todo al país, que ha llegado la hora de luchar contra el “socialismo narcoterrorista”, aquel que atacó inmisericordemente a Bolivia durante 53 días con bloqueos carreteros que condenaron al hambre a paceños y alteños, secuestró y mató a camioneros y pacientes que iban en ambulancias, y buscó el derrocamiento de un gobierno constitucional.
Levantar una hoja de coca y decir en el foro más importante del planeta que la traicionaron fue parte de la caracterización política, de la arremetida discursiva. En su debut en Naciones Unidas, con un pronunciamiento de 22 minutos, Paz hizo mención en al menos cuatro oportunidades al crimen organizado ―narcotráfico, contrabando y minería ilegal, sobre todo del oro― como el gran financiador de los bloqueos de los 53 días que tomaron como rehenes a ciudades del occidente e impidieron el ingreso de alimentos, medicamentos y oxígeno para los hospitales.
Y para que no se vea como algo episódico, acusó al socialismo ligado al narcoterrorismo de intentar destruir la democracia y la sociedad en su conjunto. Fue una manera hábil de conectar el pasado con el presente en clave de amenaza para todo el país, conectar al socialismo del siglo XXI, versión boliviana, con el crimen organizado que pretende apropiarse del territorio nacional a través de las más execrables actividades ilícitas como el tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de minerales, tráfico de hidrocarburos, tráfico de personas, tráfico de órganos…
"Hemos sufrido el ataque del narcoterrorismo durante 53 días”, afirmó el presidente Paz también para justificar la participación de su gobierno en el denominado Escudo de las Américas, el club de naciones organizado por la administración de Donald Trump para combatir a las “organizaciones narcoterroristas”, catalogadas así por el gobierno estadounidense y sobre las que se está actuando con bombardeos, operaciones de extracción, despliegue de militares gringos a países sudamericanos y controles conjuntos bajo el mando de la DEA y otras agencias norteamericanas, entre otras iniciativas.
Resultaba políticamente incorrecto aparecer como gobierno vasallo del imperio en la materia, por lo que también hizo referencia a la adscripción boliviana al Compromiso Regional de Santiago ―Argentina, Chile, Ecuador, Perú y Bolivia―, una instancia más acotada países de Latinoamérica, cuyo principal objetivo es fortalecer la cooperación internacional y crear un frente común para combatir de manera coordinada a la delincuencia organizada transnacional y al narcotráfico.
Presentada la caracterización política en la asamblea general de la ONU, será útil para el oficio periodístico porque ayudará a tomarle el pulso permanentemente y lanzar preguntas incómodas como, por ejemplo, ¿por qué se firmó un acuerdo con quienes dirigieron los bloqueos financiados por el socialismo narcoterrorista? ¿Por qué no se realiza aún una operación para la detención del máximo representante del antagonismo político actual? ¿Por qué el narcoterrorismo es beneficiado con detenciones domiciliarias e incluso con la liberación de involucrados en casos emblemáticos del crimen organizado?
Así como ocurrió con la “derecha vendepatria”, el “socialismo narcoterrorista” será convertido en el enemigo público número uno de los bolivianos. Razones sobran. ¿En qué momento las acciones acompañarán la narrativa? ¿Hay pactos de no agresión, más allá de los discursos políticos, que apuntan a una nueva convivencia?
Edwin Cacho Herrera Salinas es periodista y analista.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
