l juez que atiende el proceso contra el exfiscal general del Estado, Róger Mariaca; el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos; y el fiscal superior Martín Irusta declaró fundada la excepción de incompetencia por razón de territorio planteada por la defensa y dispuso que el caso sea trasladado a Santa Cruz.
La información fue proporcionada al diario El Deber por el abogado Jerjes Justiniano, quien representa a los tres investigados.
“El juez declaró fundada nuestra excepción de incompetencia en razón del territorio y dispuso el traslado a Santa Cruz, pero ha sido apelada por el Ministerio Público, por ello, ha llevado de todas maneras la audiencia cautelar”, informó Justiniano a este medio.
A las 17:40 de este sábado, el juez Carlos Montalbán, titular del Juzgado Quinto de Instrucción Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres de La Paz, declaró un cuarto intermedio para emitir su resolución dentro de la audiencia de medidas cautelares contra los fiscales.
La audiencia se desarrolla de manera virtual desde dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) de El Alto, donde los tres fiscales permanecen bajo custodia tras ser trasladados a La Paz.
Mariaca, Zeballos e Irusta fueron aprehendidos en el marco de una investigación iniciada contra miembros del Ministerio Público. Durante la explicación de los operativos que derivaron en sus aprehensiones, entre la noche del 30 de septiembre y la madrugada del 1 de octubre, el Gobierno sostuvo que existe una organización criminal que operaba desde altos niveles del Ministerio Público.
Mariaca y Zeballos fueron aprehendidos el miércoles en la noche en inmediaciones del aeropuerto Viru Viru, en Santa Cruz, y posteriormente trasladados a La Paz. Irusta fue aprehendido en Sucre y también traído al departamento de La Paz. Los tres permanecen en dependencias de la Felcn en El Alto.
La Fiscalía los imputó dentro de una investigación por presuntos delitos relacionados con el narcotráfico y organización criminal. La acusación apunta a la presunta existencia de una estructura que habría brindado protección al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.
En la audiencia cautelar, el Ministerio Público solicitó seis meses de detención preventiva para los tres. Para Mariaca y Zeballos pidió su reclusión en el penal de San Pedro, mientras que para Irusta solicitó su traslado al penal de Patacamaya.
El proceso contra Mariaca tomó mayor relevancia luego de que, el 28 de septiembre, Estados Unidos incluyera al entonces fiscal general en una lista de funcionarios latinoamericanos a los que revocó sus visas.
