l 26 de septiembre de 2025, hace un año, publicamos el artículo “Bolivia entre el Estado Fallido y el desarrollo”, en víspera del cambio de régimen del MAS ―que duró cerca de 20 años― y el inicio de un nuevo ciclo democrático. Teníamos la esperanza en que la soberanía nacional se iba a imponer en todo el territorio nacional, que la economía pronto iba a mejorar, que las instituciones iban a funcionar correctamente y que el Estado de Derecho, la justicia y el respeto a los derechos humanos iban a prevalecer. Pero hay dificultades y existen fuerzas contrarias.
El concepto de “Estado Fallido” surgió a fines del siglo pasado por las malas experiencias de algunos países de Asia y Africa como Siria, Libia y otros donde habían guerras civiles interminables, grandes emigraciones, la pobreza absoluta de la mayoría de sus poblaciones y el poder del Estado solo nominal en grandes regiones del interior. Desde entonces el concepto es utilizado internacionalmente por periodistas, políticos y académicos para referirse a países que sufren “fallas” estructurales sociales, institucionales y territoriales.
Algunos países de América Latina como Venezuela, Cuba, Colombia y Bolivia experimentaron en décadas y años pasados problemas de soberanía territorial en grandes regiones, carencia de inversiones, pobreza, corrupción de los altos funcionarios públicos y otros. En estos casos el Estado “falló” en dotar a sus poblaciones de servicios básicos, inversiones, empleos y seguridad. En el caso de América del Sud, se debe añadir el narcotráfico, las guerrillas y la corrupción, males que causan la ausencia de inversiones y de trabajo, así como de falta de soberanía del Estado en amplias regiones. Luego de cerca de 20 años en el poder, el MAS dejó al país con más de cinco millones de pobres, con desempleo, subempleo, narcotráfico, violencia en amplias regiones y la quiebra de empresas estratégicas importantes como YPFB.
En este contexto, ¿cuáles son las perspectivas futuras para el nuevo gobierno democrático de Bolivia? ¿Podrá el nuevo gobierno superar a corto y mediano plazo ―2, 5 años― las estructuras que caracterizaron al Estado Fallido del régimen masista?
Al cabo de diez meses del nuevo gobierno democrático se mantienen incólumes las estructuras fallidas del Estado masista, pero lamentablemente continúan expandiéndose. Entre estas sobresalen las zonas cocaleras y de producción de cocaína, las áreas de la minería ilegal y las zonas fronterizas con los países vecinos. En estas dominan el contrabando a gran escala, la trata de personas y la delincuencia en general.
Lo que sobresale con mucho es el Chapare y sus proyecciones. Esta región se caracteriza por la producción de coca y cocaína, obedece a sus propias autoridades al margen del Estado central y de las leyes. El Chapare es una región extensa ubicada estratégicamente en el centro de Bolivia y colindante con las ciudades más grandes. La producción del Chapare se exporta al mundo entero en grandes volúmenes tanto por vía terrestre, aérea como marítima.
Los jefes del Chapare y sus allegados en otras regiones no reconocen, se oponen y se enfrentan violentamente con bloqueos ―los últimos duraron 53 días entre abril y mayo― a las frágiles estructuras institucionales y políticas del nuevo gobierno democrático. Los jefes del Chapare no satisfechos con enfrentar al gobierno ―mediante bloqueos y amenazas―, ahora preparan para el próximo mes de octubre un “ensayo general” de un golpe de Estado para derrocar al presidente Rodrigo Paz.
Los jefes del Estado Fallido creado por el MAS y el narcotráfico no solo pretenden subsistir y existir aisladamente en la región durante años, por el contrario aspiran a gobernar nuevamente el país. Más allá de este objetivo nacional, el objetivo del narcotráfico nacional e internacional es convertir a Bolivia en el centro de operaciones y base principal de los diferentes carteles del narcotráfico sudamericano. Los jefes del Chapare trabajan en este sentido. El Estado Fallido es funcional y sinónimo del Estado masista.
El Chapare no se encuentra aislado físicamente, cuenta para lograr sus objetivos con el apoyo activo de sus correas de transmisión sindicales y provinciales, así como con la acción subterránea de decenas de altos y medios funcionarios públicos incrustados en las diferentes instituciones, ministerios y empresas estratégicas del Estado.
Luego de algunas experiencias se tiene ahora una visión más amplia sobre el comportamiento de los funcionarios masistas en las instituciones públicas. Se tiene en primer lugar al gran grupo de empleados sobre todo de rango administrativo, técnico y profesional que ejerce funciones subordinadas sin capacidad de decisión sobre la orientación de las instituciones. Si bien fueron contratados por el régimen anterior su interés principal es cumplir con las necesidades de sus familias. En segundo lugar, se encuentran los funcionarios jefes, gerentes y directores de departamentos y direcciones con capacidad de decisión sobre el rumbo de las instituciones y empresas. Una mayoría se concentra en cumplir sus funciones técnicas y profesionales, pero una minoría -pueden ser decenas- tiene miradas diferentes e intereses políticos e incluso personales.
Este es el caso, por ejemplo, de varios altos funcionarios de YPFB y de su operadora la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). Desde el inicio del gobierno democrático algunos altos responsables -individualmente o en grupo- de la ANH desataron acciones de boicot mediante ya sea la distribución al público de combustibles adulterados ―“basura”―, o mediante la falta de combustibles durante días y semanas para el público en los surtidores. Esto sucedió en varias ciudades, así como en las regiones que requieren combustible en tiempos específicos para asegurar la producción agroindustrial.
Fenómenos similares se reproducen en otros sectores con el objetivo claro de desestabilizar económica y políticamente al gobierno. Periódicamente el gobierno descubre las acciones de boicot, denuncia a los culpables y efectúa las correcciones. Ya hay algunos detenidos preventivamente en las cárceles.
Todavía no se sabe cuánto más se va a expandir el Estado Fallido. Tampoco se sabe si el gobierno democrático será capaz en el próximo futuro de parar y disminuir la extensión del Estado Fallido y la capacidad de sus jefes.
Bernardo Corro Barrientos es economista y antropólogo.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
