vo Morales, a fines de abril, dio un plazo de 90 días al presidente Rodrigo Paz para que renuncie debido a que habría fracasado en su gestión. Para cumplir su pedido, la COB, los sindicatos campesinos y otras organizaciones comenzaron el bloqueo de carreteras y caminos de las ciudades y pueblos y a tirar piedras y dinamitas en las calles y plazas de la ciudad de La Paz. Al parecer más de 5 millones de Bs mensuales provenientes del Chapare financian las movilizaciones. Se paga 1000 Bs a los jefes de los bloqueos y 300 Bs a los participantes y se multa con 200 a 500 Bs a los que no participan en las marchas.
Los bloqueadores y los marchistas piden la renuncia del presidente pero no de Edman Lara, su vicepresidente, quien asumiría la presidencia. Se han observado guiños de complicidad entre Edman Lara y los responsables de los bloqueos. Se dice que está en marcha un golpe de Estado.
El vicepresidente estará posteriormente habilitado para continuar los cuatro años y medio faltantes del ex presidente Rodrigo Paz. En este caso, la COB podrá reclamar cinco a seis ministros por lo menos, los mineros otro tanto, la Confederación de campesinos un número similar y así sucesivamente en función de su participación en el financiamiento de los bloqueos y en los bloqueos mismos.
Con el poder acumulado en el Ejecutivo y el Legislativo, y sin tener en cuenta lo que dispone la Constitución Política del Estado, estos personajes podrán decidir en los próximos meses que Evo Morales estará habilitado para ser candidato a la presidencia. No será necesario esperar que Edman Lara cumpla con el periodo restante de Rodrigo Paz.
Ahora cabe preguntarse cómo manejaría el nuevo gobierno y estos personajes, las diversas riendas del país, es decir, cómo manejarían el Estado, los ministerios, los sectores de la economía, la industria, la agricultura, los recursos naturales, la educación, la salud, etc. Se debe tener en cuenta que no se trataría de manejar al país en la perspectiva del desarrollo económico y social, sino en la dirección del retorno al pasado. Muchos de los actuales altos y medios funcionarios de las instituciones y empresas públicas son aún las anteriores autoridades cumpliendo las actividades actualmente distorsionantes, como en el caso de los combustibles basura. Solo tienen que hacerse los muertitos para pasar desapercibidos.
En adelante los agroempresarios de Santa Cruz, volverán a estar restringidos como lo estuvieron durante los 20 años de la gestión del MAS. Otra vez estarán suplicando para levantar las prohibiciones de cultivar sus productos y para exportarlos. Los empresarios grandes, medianos y pequeños del campo y de las ciudades del país estarían suplicando los créditos que acababa de ofrecer la CAF para este año y los próximos. No hay seguridad que este banco de desarrollo acepte continuar con su programa acordado con la gestión anterior. Tampoco hay seguridad de que el nuevo gobierno solicite su apoyo.
En el área rural del centro y occidente la Confederación de campesinos manifestó hace pocos meses su rechazo al nuevo decreto que permitía el acceso de los pequeños campesinos a la mediana propiedad. Cientos de miles de campesinos de estas áreas verán frustradas sus expectativas de progreso de ser medianos y de acceder a los créditos esperados. Veinte mil de estos mismos campesinos participan actualmente en estos bloqueos.
Las grandes y medianas empresas estatales del mismo modo. El descubrimiento de un importante yacimiento de gas en el norte del departamento de La Paz no podría concretarse porque para eso se requiere necesariamente de empresas extranjeras que disponen de financiamiento y de alta tecnología. La empresa estatal YPFB se encuentra poco capacitada técnica y financieramente para asumir esta responsabilidad, ya que fue debilitada y estancada durante los 20 años de la gestión anterior. Actualmente varios de sus antiguos altos funcionarios continúan operando técnicamente para distorsionar internamente sus actividades.
Lo mismo sucede en el caso de los yacimientos de hierro del Mutún en Santa Cruz y del litio del Salar de Uyuni, que durante 20 años de la gestión del MAS no pudieron despegar. En realidad, fracasaron en sus intentos por la alta ineficiencia técnica y la corrupción desmedida de sus altos funcionarios. En el futuro sería igual.
Mientras los dirigentes bloqueadores insisten durante más de cuatro semanas en el rechazo al diálogo ofrecido por el gobierno ¿cómo vive la población de las ciudades? Supuestamente el objetivo de los bloqueadores es el gobierno, sin embargo, es la población de las ciudades y sobre todo las familias más pobres las que más sufren.
La Fundación Jubileo informó recientemente que se ha detectado un incremento de la pobreza en los departamentos y se agrava la inseguridad alimentaria. Ya Bolivia era considerada muy pobre en el ámbito latinoamericano durante la gestión masista, pero ahora se profundiza con los bloqueos.
Los pequeños y medianos campesinos no logran llevar sus productos a los pueblos y ciudades y venderlos por los bloqueos. Por otra parte, los habitantes de las ciudades sienten ya sea el aumento de los precios de los alimentos o su carencia en los mercados. Los pequeños comerciantes observan que ya no llegan los productos en las cantidades y a los precios habituales, por lo que pierden clientes. Muchos grandes, medianos y pequeños industriales, asimismo, observan que no reciben los insumos con la frecuencia habitual y que tampoco las ventas son normales, por lo que se ven en la necesidad de cerrar sus actividades.
En cuanto a la salud de la población, los bloqueos están causando muchos daños. Ya se han producido hasta el presente más de 10 fallecidos en diferentes circunstancias. Se denuncia que faltan medicinas en las ciudades y hospitales. Estos daños deben ser atribuidos a los jefes de la COB y de los sindicatos.
Bernardo Corro Barrientos es economista y antropólogo.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
