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as interpretaciones sobre el llamado autogolpe o golpe militar fallido del miércoles 26 de junio dan a entender que se trata de una asonada con diferentes causas y objetivos. Simultáneamente, se sugiere que existe la presencia de relaciones y de operadores internos y externos del país.

Una de las causas del levantamiento militar, como se afirma, estaría en el deseo del presidente Luis Arce de “levantar su popularidad”. La imagen presidencial se encuentra disminuida ante la población desde hace mucho tiempo debido, sobre todo, al funcionamiento calamitoso del llamado Modelo Económico Social Comunitario y productivo (MESCP) en implementación desde hace 18 años, cuyo autor es justamente el presidente Arce. Debido a este modelo, las condiciones económicas y de vida de la población y de los trabajadores son precarias, sin perspectivas de mejoramiento en el corto y mediano plazo.

Por otra parte, la popularidad del presidente se encuentra maltrecha crecientemente debido a la lucha encarnizada desde hace tres años al interior del partido MAS entre las facciones arcista del presidente Arce y evista de Evo Morales. Con un sustrato económico en malas condiciones, la lucha política se vuelve más complicada para la imagen presidencial.

Otra interpretación sobre las causas y protagonistas de este golpe o autogolpe puede estar en la necesidad presidencial de crear una “cortina de humo militar“ para hacer creer a la población y sobre todo para distraer a los legisladores de la Asamblea Legislativa. Estos legisladores pertenecientes a los diferentes partidos de oposición al arcismo aprobaron el 6 de junio pasado la resolución 075 para terminar con la existencia de los magistrados autoprorrogados cuyo mandato legal terminó en diciembre de 2023.

Estos magistrados constituyen actualmente y más allá los principales soportes del poder presidencial de Luis Arce. Diez días después, el 16 de junio se cumplió el plazo reglamentario para que el presidente de la Asamblea Legislativa David Choquehuanca responda aprobando la ley que cesaba a los magistrados autoprorrogados. No lo hizo y cayó en incumplimiento de la Constitución y puso en situación de mayor debilidad política al gobierno del presidente Luis Arce.

Por otra parte, en cuanto a la interpretación del autogolpe militar frente al Palacio presidencial, el general Juan José Zúñiga, comandante del Ejército en el momento de ser aprehendido, declaró a la prensa que encabezó el golpe por órdenes del mismo presidente. Luis Arce le habría manifestado que “la situación estaba muy jodida, muy crítica, y que era necesario preparar algo para levantar mi popularidad”.

La pregunta es si un “simple” sainete militar furtivo puede levantar la popularidad desprestigiada de un presidente. Como se mencionó, esa popularidad se encuentra deteriorada ante la población por motivos profundamente económicos y políticos.
El gobierno del MAS ya experimentó anteriormente con este tipo de teatralización civil–militar luego del fraude electoral del año 2019 con el excomandante del ejército William Kaliman. En ese tiempo, ese general, actualmente refugiado en Estados Unidos, parece haber cumplido el papel de chivo expiatorio. Ahora este papel parece estar siendo cumplido por el general Juan José Zúñiga.

Lamentablemente, para las autoridades de entonces, un efecto no esperado del sainete militar fue el levantamiento de la población como rechazo al fraude electoral con el movimiento de los “pititas” en las calles y esquinas del país. El levantamiento popular terminó finalmente con la huida a México de Evo Morales y de su vicepresidente Álvaro García Linera.

En el reciente caso, se detectan múltiples causas y efectos esperados del sainete civil-militar. Uno de los efectos esperados es, como se mencionó, crear una cortina de humo militar dirigida a los legisladores y el sector político evista principalmente. Este levantamiento debía hacerles creer que hubo una verdadera asonada militar dirigida no solo contra el presidente Arce sino, sobre todo, para frenar el avance político del expresidente Evo Morales.

Otro efecto esperado, ligado al anterior, era levantar otra cortina de humo dirigida a los legisladores evistas y de los partidos democráticos para hacerles olvidar la resolución legislativa que cesaba a los magistrados autoprorrogados. Estos magistrados, como se mencionó, constituyen la defensa más poderosa del poder presidencial actual.

No es probable a primera vista que el sainete militar pueda contribuir a mejorar la imagen política deteriorada del presidente Luis Arce. Por el contrario, puede profundizar su deterioro y, es más, puede profundizar la misma crisis económica que constituye la estructura de base de la crisis política y de la caída de la imagen presidencial.

Algunas iniciativas “ex post sainete” de Luis Arce para verificar si su imagen mejoró fueron, por una parte, el “baño de popularidad” altamente mediático en la plaza Murillo con los empleados de los ministerios que lo levantaron en hombros. Otro sainete público, está constituido por la “conversación telefónica amigable” con Evo Morales inmediatamente después del acto militar. Como se mencionó, Evo Morales es actualmente el enemigo principal de Luis Arce y temible contrincante para la silla presidencial. Probablemente, Luis Arce trató de decirle y hacerle entender con el llamado telefónico que el levantamiento militar era dirigido no solo contra el presidente del Estado sino principalmente contra el expresidente, tal como lo había afirmado apenas días antes el general Zúñiga en una entrevista televisiva.

Los actos políticos teatrales pueden ser útiles de manera pasajera, pero cuando no tienen sustentación real, son altamente inútiles frente al profundo deterioro de largo plazo de la imagen presidencial. En la situación actual, Luis Arce se encuentra debilitado y sin probabilidades de mejorar significativamente su popularidad nacional. Un alzamiento armado o autogolpe no es bueno ni para levantar la imagen del presidente ni para mejorar la situación económica y social de la población.

Finalmente, se debe tener en cuenta, además, que desde hace unos años la política boliviana se encuentra inserta en una trama estratégica mayor que responde a intereses continentales y extracontinentales.

Bernardo Corro es economista y antropólogo.

El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa la línea editorial de Datápolis.bo.