umenta la presión al gobierno de Luis Arce para que derogue la diposición confiscatoria del Presupuesto 2025. Mientras en La Paz las cámaras empresariales enviaron un proyecto de Ley al Ejecutivo y Legislativo para la derogación, en Santa Cruz el nuevo Comité Cívico anunció que se sumará a la movilización prevista para el lunes 10 de febrero.
Entrevistado por el programa Encontrados, el primer vicepresidente de la entidad cívica, Agustín Zambrana, sostuvo que el paro movilizado del próximo es "para perjudicar al Gobierno, no a la población", dejando entrever que serán medidas de presión destinadas a las instituciones del Estado en Santa Cruz y otras ciudades del país.
Entre tanto, el presidente de la Cámara Nacional de Industrias, Pablo Camacho, en contacto con Encontrados y Datápolis.bo, sostuvo que la movilización del próximo lunes depende ahora de la respuesta del presidente Luis Arce y de las principales autoridades de la Asamblea Legislativa al proyecto de ley derogatorio.
Zambrana sostuvo que la presión que se ejercerá desde los sectores productivos y desde el movimiento cívico debería dar como resultado la anulación de una disposición que pone en riesgo la propiedad privada en el país. "Si vendes chicles a precios más elevados, será suficiente para que con esa excusa te quiten la tienda y la vivienda donde funciona el negocio", añadió.
En Santa Cruz, el Comité pro Santa Cruz salió a respaldar las acciones que enfilan los sectores de la cadena productiva que se movilizan en contra de la disposición adicional séptima del Presupuesto 2025.
“La cadena alimenticia que hace parte del Comité Pro Santa Cruz ha tocado nuestras puertas y, como corresponde, estamos apoyando las determinaciones y las solicitudes de nuestras instituciones. Así que, en las próximas horas, convocaremos al directorio a efectos de que la institucionalidad cruceña se pliegue a esta movilización y la apoye”, dijo el presidente cívico saliente Fernando Larach.
El dirigente dio una conferencia en la que también estuvo presente su sucesor, Stello Cochamanidis, quien resultó electo el sábado pasado, así como también dirigentes de sectores como el agropecuario, el exportador, el transporte, el gremial y el industrial.
Larach cuestionó que el Gobierno se ponga a convocar a diálogos y al mismo tiempo calificar de “delincuentes” a quienes no apoyan la disposición, cuestionando que se quiera a asociar a los actores productivos con el agio y la especulación.
“Aquí se debe velar el derecho a la propiedad privada, dar seguridad jurídica a la inversión y respetar la actividad privada, que es lo que hoy nos preocupa. A simple denuncia pueden darse confiscaciones de alimentos y otros elementos. Y no podemos permitir que esta situación se dé”, concluyó Larach.
