n un reciente y revelador análisis del Growth Lab de la Universidad de Harvard, liderado por el economista Ricardo Hausmann, se traza una ruta tan ambiciosa como realista: Bolivia tiene el potencial latente de convertirse en una verdadera potencia de desarrollo regenerativo. La combinación estratégica de nuestra capacidad hidroeléctrica, una radiación solar excepcional en el altiplano, corrientes eólicas en los llanos y nuestro inigualable patrimonio natural y cultural para el turismo sostenible dibuja un horizonte donde la energía limpia y la economía de la conservación no son ideales idílicos o discursos de buenas prácticas, sino los próximos grandes motores de la economía nacional.
Nuestra geografía nos otorga ventajas energéticas únicas: las hidroeléctricas de pequeña y mediana escala, aprovechando las caídas de agua desde más de 5,000 metros de altura, podrían generar en muchos casos hasta 14 veces más energía con el mismo volumen de agua, un potencial de eficiencia extraordinario ya identificado en 2010 por la misión de cooperación técnica china.
Sin embargo, este porvenir choca de frente con la miopía del debate político y económico actual. Con este planteamiento, quiero tocar la fibra más sensible de la realidad boliviana: nuestra adicción colectiva al rentismo gasífero. En estos días observamos con profunda preocupación cómo diversas voces y sectores de la opinión pública —incluyendo foros de la Fundación Tierra y propuestas de la Fundación Jubileo— insisten en promover leyes e incentivos destinados exclusivamente a reactivar la exploración de gas natural.
Argumentan, atrapados en la nostalgia, que ante el agotamiento de las reservas la única salida es mendigar Inversión Extranjera Directa (IED) para volver a perforar nuestro subsuelo.
Esta postura, aunque se disfrace de pragmatismo técnico, no es más que un paliativo de corto plazo; una insistencia ciega en replicar un "boom" que ya pasó y en mantener el mismo modelo extractivista y rentista que nos condujo a la actual asfixia económica.
La pregunta que los líderes de opinión no se están haciendo es de una lógica económica elemental: si para reactivar el gas necesitamos de todas formas una reforma estructural profunda —que incluya seguridad jurídica real, incentivos fiscales, una nueva legislación laboral y el doloroso pero urgente sinceramiento de los precios locales de los carburantes y energía a la realidad internacional—, ¿por qué habríamos de gastar ese enorme e histórico capital político en prolongar la agonía de los combustibles fósiles? Si tenemos que cambiar las reglas del juego, cambiémoslas para jugar el juego del futuro, no el del siglo pasado.
Países como Uruguay y Costa Rica ya demostraron que es posible descarbonizar la matriz de manera soberana —alcanzando hoy más del 95% de generación eléctrica a partir de fuentes limpias y renovables en menos de una década— mientras construían, en paralelo, marcas país líderes en turismo de naturaleza. Al mismo tiempo, Chile aprovecha las condiciones de su desierto para liderar la carrera del hidrógeno verde. Bolivia, con todas sus ventajas comparativas inexcusables, debe saltarse la etapa del imposible retorno al gas y dar el salto definitivo hacia las energías renovables y la valoración de su patrimonio natural.
Para ello, urge una Ley de Fomento a las Energías Verdes, un marco normativo radicalmente opuesto a las leyes fósiles tradicionales. No necesitamos más monopolios centralizados ni subsidios que desangren las arcas del Estado; requerimos una ley que incentive la depreciación acelerada de activos tecnológicos limpios, que elimine aranceles de importación a sistemas solares y eólicos, y que legalice de forma plena la generación distribuida. Debemos permitir que un eco-hotel en Tarija, los Cintis o en las Misiones, una fábrica, un caficultor en los Yungas o un emprendimiento de turismo comunitario en Uyuni puedan producir su propia energía limpia, vender sus excedentes a la red y democratizar la riqueza energética nacional.
Este cambio de paradigma exige también revisar a quién le hablamos cuando legislamos. Durante décadas, las leyes bolivianas se hicieron pensando en corporaciones extractivistas transnacionales; marcos jurídicos diseñados para "piratas" que exigen retornos altísimos e inmediatos para justificar el riesgo de operar en un entorno hostil como el que denodadamente hemos creado. Es hora de un giro radical: debemos legislar pensando en el inversor nacional, en el emprendedor local de la cadena turística y en la diáspora boliviana en el exterior que hoy añora retornar y ser parte de la reconstrucción de su patria.
El empresario local y el boliviano que triunfó afuera y anhela reinvertir en su tierra tienen algo que ninguna transnacional posee: arraigo, conocimiento del territorio y un compromiso de largo plazo. Si creamos una legislación amigable, con seguridad jurídica inquebrantable y ventajas impositivas justas para los nuestros, ese ambiente de negocios se volverá, por añadidura, un imán para la inversión extranjera seria, de alta tecnología y de largo plazo.
La verdadera sostenibilidad no consiste en administrar la escasez de un recurso fósil que ya pertenece al inventario del pasado y que carece de viabilidad para las siguientes generaciones, sino en sembrar las condiciones para una economía sostenible, regenerativa y soberana. El gas ya nos dio su pasado, lamentablemente desperdiciado; las energías limpias, el turismo sostenible y regenerativo son el único camino con porvenir. Es momento de decidir si nos quedamos a las puertas del abismo añorando el viejo siglo, o si damos el salto definitivo hacia adelante.
¡Se puede!
Rolando Mendoza Patiño es economista e impulsor del turismo sostenible.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
