ue el 28 de octubre del 2021, cuando un grupo de encapuchados armados secuestraron y torturaron a seis periodistas en el predio Las Londras, de la provincia Guarayos, durante la cobertura de uno de los tantos avasallamientos de tierras. Casi tres años después, esa misma especie de “terramafia” se han multiplicado y han continuado operando impunemente, mientras crece el pedido que formulara la prensa en ese momento: que las Fuerzas Armadas intervengan realizando un barrido en la zona, hoy lo recordamos, en el marco de una nueva coyuntura, en vez de estar maniobrando en la plaza Murillo de La Paz, con esos tanquecitos jugando a dar esos llamados “golpes de Estado” que no hacen otra cosa que aumentar la sensación de falta de seguridad jurídica en el país, elemento esencial para que las tres calificadoras de riesgos que operan a nivel internacional, nos cataloguen como “país en riesgo”.
Porque los agricultores de la provincia Guarayos, al Este de Santa Cruz, viven con el Jesús en la boca porque de la noche, sus sembradíos, principalmente de soya, han quedado en manos de esta especie de “ejército” que ingresan violentamente, inclusive con maquinaria pesada, respaldando la acción de los invasores de parcelas.
Según la Fundación Tierra, se trata de los predios denominados “Hacienda Santa Rita”, “Santa Rita C” y “Hacienda Laguna”, ubicados en el municipio de El Puente, con una superficie total de 4.150 hectáreas, 1.100 hectáreas y 471 hectáreas, respectivamente. Los tres predios suman 5.721 hectáreas.
Alrededor del 70% es superficie cultivada. Son parcelas habilitadas para la agricultura mecanizada, principalmente de cultivos de soya, sorgo y maíz. Hasta hace 15 años, dos terceras partes eran bosques nativos, pero fueron desmontados gradualmente hasta llegar a la situación actual. Se podría estimar que el valor de mercado de las tierras cultivadas supera, fácilmente, los 15 millones de dólares, de acuerdo a la Fundación Tierra.
El antecedente es que la ocupación ha ocurrido hace varios meses y después de tanta insistencia lograron la intervención de las autoridades policiales, pero paradójicamente cuando los cabecillas fueron llevados ante la justicia, terminaron libres de polvo y paja. Y como efecto inmediato, los encapuchados volvieron a ocupar los predios.
Los avasalladores son reincidentes y cometieron varios delitos, además del delito de avasallamiento sancionado por la Ley 477 hasta con ocho (8) años de privación de libertad. La disposición adicional primera de la misma Ley 477 establece que los sentenciados no podrán ser parte del goce de distribución de tierras por un lapso temporal de 10 años, como medida sancionatoria administrativa.
En el caso Las Londras el proceso judicial se encuentra radicado en un tribunal de Concepción que demora en abrir la etapa de juicio oral, primero porque pretendía que los mismos informadores acudan a notificar a los cinco imputados, hasta que por fin, esta semana pasada, se ha conseguido que sean citados por edictos de prensa, dado su alto grado de peligrosidad y porque los mismos personajes han aparecido involucrados en otras tomas violentas.
Mientras tanto se aguarda que las Fuerzas Armadas puedan cooperar a la Policía boliviana en la tarea de controlar los avasallamientos, considerando que según su Ley Orgánica, art.1 inciso e, “tienen la misión de constituirse en el baluarte de la Seguridad Nacional y de la Defensa soberana de la Patria, contribuyen al bienestar general del pueblo boliviano, son el sostén de la vigencia de la Constitución Política del Estado, de la democracia y de los derechos y garantías ciudadanas”. Asimismo pueden “coadyuvar, en caso necesario, a la conservación del orden público, a requerimiento del Poder Ejecutivo y de acuerdo a la Constitución Política del Estado”, según reza el artículo 6 de su propia normativa.
Roberto Méndez Herrera es periodista.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
