l Gobierno desreguló el precio de la leche. En las tiendas, la bolsita de 900 cc. (menos de un litro) se vende entre nueve y diez bolivianos. Los productores venden a 5,50 bolivianos el litro, las empresas industrializadoras la venden a ocho la bolsa, las agencias a 8,50 y en las tiendas de barrio se comercializan a nueve y diez bolivianos. En esa larga cadena se va encareciendo el producto; algo más, el Estado dejó de subvencionar el maíz, dejando libre la oferta y la demanda.
Este es solo un ejemplo de cómo una empresa privada debe ajustar los precios para obtener una ganancia, porque en caso contrario cierra las puertas y deja sin fuente de trabajo a sus empleados.
Si esta medida se aplicara al sector público, los precios del Teleférico y Pumakatari, para citar dos ejemplos, deberían subir los pasajes, al menos un boliviano, para que dejen de arrojar pérdidas o en caso contrario cerrarlas, lo que parece inconcebible por el efecto negativo que ocasionaría tal medida.
De las 67 empresas públicas que tiene el país, solo tres son rentables; las 64 restantes arrojan pérdidas, de manera que habría que cerrarlas. Lógicamente se produciría un “desmadre”, caos y desorden en la economía nacional. Es que se gastaron más de mil millones de dólares en proyectos que nunca funcionaron.
De las 174 plantas planificadas, se entregaron 40, de ellas solo 19 están en funcionamiento; 134 están en construcción, de las cuales 41 están en situación crítica; otras 60 plantas son inviables, lo que equivale a decir que es dinero lanzado al viento.
En esa larga lista de empresas que no generan ganancias se encuentran: YPFB, YLB (Yacimientos de Litio), Mi Teleférico, BOA, EBA (Empresa Nacional de Alimentos, TAB (Transportes Aéreos Bolivianos), Empresa Yacana (Producción textil del sector camélidos), Empresa San Buenaventura y Empresa de Servicios Aéreos.
Estas empresas fueron creadas para favorecer, en la mayoría de los casos a los acreedores políticos, lo que constituye una forma de pagar el favor por los votos logrados en las elecciones y para respaldar incondicionalmente al partido de turno.
Solo como recuerdo habrá que señalar que, a fines de 1982, Hernáan Siles Suazo fue devorado por la hiperinflación. La desdolarización, decretada a principios de su gobierno fue una de las medidas más controvertidas y acusada de desencadenar la hiperinflación.
Obligado por esa circunstancia, su sucesor, el casi anciano Víctor Paz decretó el 21060 que en grandes líneas puede resumirse así: 1. Reducción del déficit fiscal con congelamiento de salarios, aumento del precio de la gasolina (YPFB cubrió así más del 50 % de los ingresos del TGN) y reducción de gastos del estado. 2. Cambio real y flexible de la moneda (desapareció el peso y renació el boliviano, con la reducción de seis ceros del viejo peso), creación del “bolsín” controlado por el Banco Central. 3. Libre contratación, racionalización de la burocracia, en la práctica la llamada “relocalización” fue despido masivo de trabajadores. 4. Liberalización total del mercado, libertad de precios y libre oferta y demanda, arancel único de importaciones. 5. Fomento de las exportaciones o reforma tributaria.
Parece que la historia se repite, con otros actores y en otras circunstancias. “No queda otra”, solían decir nuestros abuelos cuando se aprestaban a tomar una medida muy seria, porque no había otra opción o posibilidad al alcance ante la situación actual por la que atravesamos. Hay demasiadas empresas para los políticos y pocas soluciones para los ciudadanos. Los que conducen la nave del Estado dirán si se debe girar el timón y cuándo.
Ernesto Murillo Estrada es filósofo y periodista.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
