a seguridad vuelve a ocupar el centro del debate político regional. En medio del crecimiento del narcotráfico, el crimen organizado y las redes de trata de personas, algunos gobiernos latinoamericanos están alineados en iniciativas de cooperación hemisférica que nacen con fuerza con el denominado Pacto de El Doral, impulsado en sintonía con la agenda de seguridad promovida por Donald Trump. Esta visión propone un “escudo de protección” para América Latina frente a amenazas transnacionales que ya no reconocen fronteras y que desafían la capacidad de los Estados para garantizar seguridad a sus ciudadanos.
Es posible, que en ese contexto, el nuevo presidente de Chile, José Antonio Kast, pone sobre el tapete el tema de la crisis migratoria y fronteriza en el centro de su agenda. Entre sus primeras decisiones de gobierno anunció el llamado “Plan Escudo Fronterizo”, que contempla la construcción de barreras físicas en sectores de la frontera norte, mayor presencia militar y el uso de tecnología de vigilancia como drones y sensores para frenar la migración irregular y el ingreso clandestino al país. Según datos oficiales del gobierno chileno, más de 337.000 extranjeros residirían actualmente sin documentación regular en el país, base argumental para endurecer las políticas migratorias.
Sin embargo, este giro hacia una política de seguridad más rígida abre interrogantes en la relación con Bolivia, país con el que Chile mantiene una relación diplomática compleja y marcada por una historia de tensiones. Debemos recordar que el Tratado de 1904 garantiza a Bolivia el más amplio derecho de libre tránsito por territorio chileno hacia los puertos del Pacífico, y cualquier medida que modifique el régimen fronterizo podría generar nuevas susceptibilidades políticas o jurídicas en la región.
Entonces, el debate sobre los muros fronterizos también tiene una dimensión jurídica y humanitaria. Estudios sobre seguridad internacional advierten que, desde el fin de la Guerra Fría y especialmente después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, la construcción de barreras físicas en fronteras se ha multiplicado en el mundo. Sin embargo, organismos de derechos humanos señalan que estas estructuras pueden derivar en violaciones al derecho a la vida o a la integridad de las personas migrantes cuando se combinan con políticas de control excesivamente restrictivas.
América Latina enfrenta así un desafío crucial: proteger a sus sociedades del terrorismo, el narcotráfico y la delincuencia transnacional sin sacrificar los principios democráticos ni los derechos humanos. La cooperación regional, la inteligencia compartida y el fortalecimiento institucional pueden ser herramientas más efectivas que los muros para enfrentar amenazas comunes. El verdadero reto no es solo blindar las fronteras, sino construir una región más segura sin renunciar a la dignidad y los derechos de las personas.
Miroslava Fernández Guevara es periodista y politóloga.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad de la autora y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
