a ocasión daba para escribir sobre varios temas. Por ejemplo, sobre el drama de Maricarmen, la anciana de 87 años desahuciada (desalojada) de su vivienda en España por los buitres que se adueñan de pisos y hacen de las suyas con los inquilinos (aunque parece que su caso tendrá feliz solución). O sobre el retiro de visas al poderoso fiscal general Mariaca y a otros jerarcas masistas y el extravío (¡uno más!) del vicepresidente al respecto. O sobre la manera en que el presidente Paz Pereira trata de zafar del evidente abuso en que incurrió al llevar a su esposa e hija a Estados Unidos, en al avión presidencial, recordando que Evo Morales viajaba con sus amantes, muchas de ellas niñas y que incluso iba a ver partidos de fútbol, como si el uso abusivo de bienes del Estado por éste, pudieran tapar los suyos.
En medio de semejante variedad, he escogido referirme a un tema ingrato, que muestra la crueldad e impunidad con que actúa la Policía Boliviana, el Ministerio Público, muchos jueces en lo penal y varios jerarcas de éste y otros gobiernos. Se trata de la investigación hecha pública el pasado lunes 28 por Brújula Digital, titulada “Muertes bajo custodia estatal: el silencioso circuito de la impunidad”, que fue financiada por el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), en alianza con Erbol, Acceso Investigativo, Brújula Digital y La Palabra del Beni, que documentó 34 casos de muertes ocurridas entre 2010 y 2026, identificados mediante la revisión de publicaciones periodísticas y documentos institucionales, así como información proporcionada por fuentes cercanas a la Fiscalía Departamental de La Paz y datos contenidos en un informe de 2024 de la Fiscalía General del Estado. En la mayoría de los casos revisados, las muertes ocurrieron en circunstancias que evidencian situaciones de violencia, abusos o posibles vulneraciones de derechos.
La investigación detalla los casos de Martín Poma Quispe, un chofer de minibús de 58 años en La Paz y de Luis Fernando Benítez, un albañil de 30 años y padre de dos niños, que retornaba de un paseo familiar en Bermejo, Tarija, en el vehículo de su padre.
Ambos fueron salvajemente torturados y asesinados por policías y “la institución del orden” mostró el caso de Poma como un supuesto suicidio con su corbata, en tanto la médico forense de Bemejo dio un impedimento de 15 días a Benítez, cuando ya tenía muerte cerebral por la feroz golpiza a la que fue sometido.
Como se tiene dicho, no fueron los únicos casos. Y no es la primera vez que sucede. Hace muchos años, en Potosí, el suscrito conoció el caso de la feroz tortura de la que fueron víctimas ocho indígenas de Yura, particularmente dos ellos: Fabián Quena y Gregorio Herrera (a la fecha, ambos fallecidos), por el solo hecho de haber defendido a una mujer a quien quería engañar un chofer que, en la fiesta de Cuasimodo, había consumido chicha y se negaba a pagar su valor.
Viene a mi mente mi amigo Christian Sandi, muerto a golpes en una celda de la policía en Potosí o el caso de aquel joven estudiante del colegio Franciscano que, luego de haberse agarrado a golpes con uno de sus compañeros, al que derrotó en buena lid, fue detenido en celdas de la Policía porque el padre del perdedor era amigo del comandante de entonces; sólo la firmeza del abogado que fue a reclamar por su libertad y la advertencia de que acudiría a la prensa e interpondría un Habeas Corpus, permitieron su libertad. El comandante inventó que el joven era pandillero y tenía en mente hacerlo “dormir” en la celda de “antisociales”, en la cual estos vengarían al cobarde estudiante que acudió a su padre para lavar su derrota.
Hay más, muchísimos casos más. Marco Antonio Aramayo, torturado hasta la muerte; César Apaza, expresidente del Comité de Autodefensa de Adepcoca torturado hasta quedar paralítico.
En este marco, fiscales y jueces juegan también un papel de celestinos, pues obstruyen las investigaciones y los procesos que deberían iniciarse en contra de los autores de semejantes barbaridades. Los personeros de gobierno, como los viceministros de seguridad ciudadana o lo que se llame, y los directores de Régimen Penitenciario, también “coadyuvan” en la comisión de delitos de esta naturaleza.
¿No recordamos la manera en que se trató a la ex presidente constitucional interina Jeanine Añez, caso en el cual además hay que sumar la “movilización” de “servidores públicos” masistas que ordenaba “Tilín” para impedir que saliera a alguna clínica? ¿Hemos olvidado a los grupos de choque masistas, fielmente apoyados por la Policía?
La Defensoría del Pueblo y su “Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura” son otro saludo a la bandera, como me consta personalmente en el caso de César Apaza. Y uno de sus miembros, es ahora Canciller (de caricatura, desde luego, pero ocupa ese cargo). Durante el gobierno de Paz Zamora, fue prominente miembro del “servicio de inteligencia” un represor consumado y secuestrador del presidente Siles Zuazo, que luego, en ejercicio de sus funciones, asesinó a un súbdito peruano (Evaristo Salazar) torturándolo hasta la muerte.
¿Todos los policías son malos? No. ¿La Policía se enfrenta a criminales de todo tipo? Sí. ¿Debe prepararse para combatir el crimen? Sí. (Pese a que muchos criminales están en su estructura y en sus altos mandos). Pero, de ahí a abusar como lo hace, hay mucho trecho.
“Contra el mal, por el bien de todos” es por ahora una frase hueca, sin sentido ni apoyo en la realidad, una ironía, una broma de mal gusto.
Carlos Derpic Salazar es abogado.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
