a estructura legal de una startup es un componente crucial que merece especial atención en el proceso de desarrollo empresarial. A menudo, los emprendedores se encuentran en una disyuntiva entre dos extremos: por un lado, la tentación de postergar los aspectos legales en favor de la evolución de la idea de negocio, y por otro, la precipitación hacia una estructura legal excesivamente compleja.
En las etapas iniciales, cuando los recursos son limitados, es común que los fundadores prioricen el desarrollo del producto o servicio, relegando las consideraciones legales a un segundo plano. Sin embargo, la teoría empresarial enfatiza la importancia de establecer una entidad jurídica adecuada desde el principio. Esta estructura no solo proporciona un marco formal para las operaciones de la startup, sino que también ofrece una protección fundamental: la separación entre el patrimonio personal de los fundadores y las responsabilidades de la empresa.
En el extremo opuesto, nos encontramos con startups que caen en la trampa de la sobre-estructuración legal. Influenciados por casos de éxito o consejos bien intencionados pero no necesariamente aplicables, algunos equipos fundadores se apresuran a constituir entidades legales complejas, ya sea en su país de residencia o en jurisdicciones percibidas como favorables, como Delaware, las Islas Caimán, Chile o Paraguay. Este enfoque, aunque aparentemente sofisticado, puede resultar contraproducente si no está respaldado por una estrategia sólida y adaptada a las necesidades específicas de la startup.
Es fundamental comprender que cada startup es única, con sus propias necesidades y desafíos. Lo que funcionó para una empresa exitosa no necesariamente será la mejor opción para otra. Priorizar una estructura legal compleja por encima de la identificación y desarrollo de una actividad repetible y escalable —el verdadero núcleo de una startup— puede resultar en un error crítico.
El enfoque más prudente radica en encontrar un equilibrio. Los fundadores deben buscar asesoramiento legal temprano para establecer una estructura básica que proteja sus intereses y facilite el crecimiento futuro. Sin embargo, esta estructura debe ser lo suficientemente flexible como para adaptarse a la evolución de la startup. A medida que la empresa crece y sus necesidades cambian, la estructura legal puede y debe refinarse.
El contexto legal de las startups bolivianas presenta desafíos significativos que pueden tener un impacto crucial en su éxito o fracaso. Según el experto Leonardo Azurduy, aproximadamente el 20% de las startups bolivianas que fracasan lo hacen debido a su incapacidad para superar obstáculos legales o regulatorios. Esta estadística subraya la importancia de abordar adecuadamente los aspectos legales desde las primeras etapas del emprendimiento.
Uno de los principales problemas que enfrentan las startups que han constituido formalmente su empresa es la falta de conocimiento o cumplimiento de las responsabilidades fiscales y legales que adquieren al obtener personería jurídica. Esto incluye errores comunes como la incorrecta declaración de retención de impuestos al contratar servicios que no entregan factura, o el olvido de declarar los formularios de Impuestos Internos. Estas omisiones pueden resultar en multas significativas que ponen en riesgo la viabilidad financiera de la startup.
Frente a esta situación, una solución recomendada antes de constituir formalmente la organización es la creación de un acuerdo privado entre socios, conocido en el ecosistema emprendedor como "founders agreement". Este documento cumple una función crucial al permitir al equipo fundador estructurar la organización sin necesidad de constituirla legalmente de inmediato. Además, establece las bases para el funcionamiento futuro de la compañía, define los métodos para levantar capital y, fundamentalmente, establece las reglas de juego entre los fundadores.
Debido a que este tipo de acuerdo no constituye una sociedad reconocida por la legislación boliviana, los fundadores deben busca subsanar de manera externa potenciales conflictos, como el registro de la propiedad intelectual. Su validez legal se sustenta en el artículo 454 del Código Civil boliviano, que consagra el principio de libertad contractual. Este artículo permite a las partes determinar libremente el contenido de los contratos que celebren, incluso acordar contratos diferentes a los establecidos en dicho código, siempre y cuando no violen el orden público y el bienestar social.
Es importante destacar que, si bien el "founders agreement" no es un contrato nominado específicamente en la legislación boliviana, su uso puede proporcionar una base sólida para la colaboración entre fundadores y la protección de los intereses de la startup en sus etapas iniciales. Este enfoque permite a los emprendedores concentrarse en el desarrollo de su negocio mientras establecen una estructura flexible que puede evolucionar a medida que la empresa crece y sus necesidades legales se vuelven más complejas.
En conclusión, la adopción de un "founders agreement" representa una estrategia prudente para las startups bolivianas que buscan navegar el complejo panorama legal y regulatorio del país. Al proporcionar una base clara para la colaboración y la toma de decisiones, este acuerdo puede ayudar a mitigar los riesgos legales y facilitar un crecimiento más ordenado y sostenible de la empresa, hasta que la startup pueda encontrar su “product-market fit”.
Marcelo Camacho Herrera es experto en startups y emprendimiento.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
