l parque automotor de Bolivia llega a 2,7 millones de vehículos. Si de esta cantidad de motorizados, solo un tercio fue dañado por el combustible adulterado, gasolina basura o gasolina desestabilizada, como lo llama el gobierno, y la reparación de cada una de estas maquinarias llega solo a 300 dólares, el gobierno, con plata del Estado, debería pagar 300 millones de dólares a los damnificados.
Los que sonreían socarronamente de quienes se quejaban por los desperfectos en su vehículo, de la noche a la mañana se encontraron con que el motor de su coche no arrancaba, tenían tirones al acelerar, ruidos de cascabelero y más; conclusión: decenas de coches esperan en los talleres su turno, mientras los mecánicos se llenan los bolsillos, esperando que esta epidemia se multiplique. Ahora pocos sonríen y se multiplican los lamentos y maldiciones.
Todas estas son las consecuencias que salieron a relucir cuando los irritados conductores públicos, bloquearon las calles de la ciudad de La Paz y llegaron a un mediano acuerdo con el gobierno, porque había que ver el partido de la Selección frente a Surinam; razón de sobra para que el gobierno eleve al cielo sus plegarias al cielo, esperando una victoria boliviana frente a Irak, porque ahora más que nunca vale la expresión latina: panem et circenses (pan y circo).
Como todos hablan de las consecuencias, se olvidaron de las causas ¿de dónde vino este mal?. El presidente Rodrigo Paz se refirió a un sabotaje, a un clan desestabilizador, porque los daños sociales y económicos son incalculables. La ecuación es sencilla, se paga la gasolina a mayor precio y a cambio se recibe un combustible que daña el vehículo.
Para eliminar las causas de este entuerto, el ministro de Hidrocarburos, quien camina sobre una cornisa, anunció que se firmarán contratos con nuevos proveedores de gasolina, porque se anulará los contratos con Trafigura y Vitol, las empresas que contrató el anterior gobierno; se habla de un mayor octanaje siguiendo la medición RON (Research Octane Number), seguramente superior al 85 ROIN actual de la gasolina Especial, se limpiarán los tanques en todos los surtidores del país, los choferes sindicalizados estarán vigilando esta tarea, se agilizarán los pagos de compensación a transportistas, además, se dispuso la suspensión definitiva de empresas de transporte vinculadas al traslado de carburante adulterado; el resto tendrá suerte si alguien se acuerda de ellos, porque no alcanzará el dinero para compensar a miles de ciudadanos que tienen un motorizado en casa.
Ante la presión, el presidente de YPFB Yussef Akly tuvo que renunciar y salió de circulación, le precedió en la despedida, la directora ejecutiva de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Margot Ayala Lino, quien, tras comunicar su salida, salió disparada de su oficina para evitar dar declaraciones. Por el momento, el presidente Paz perdió a un peón y un alfil en su apuesta por enderezar a YPFB, una entidad otrora respetable y que hoy vive su peor momento.
Probablemente, el mal mayor está en la comunicación gubernamental, tardía, imprecisa, modificada poco coherente, que le ha quitado seriedad al actual gobernante; ocurrió con el caso de las 32 maletas, siguió con los billetes de corte menor de la serie B, sigue ahora con el tema de los hidrocarburos y probablemente siga en esta agenda el dinero que la Gestora entregó en dólares y ahora, recibirá lo prestado en bolivianos. Ahora, más que nunca, vale la frase: mejor hablemos de fútbol.
Ernesto Murillo Estrada es filósofo y periodista.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
