n Bolivia, el debate sobre la penalización de los bloqueos suele plantearse de manera simplista, se discute si se debe castigar o no una práctica históricamente vinculada a la protesta social, sin preguntarse primero qué condiciones hacen legítima o ilegítima esa sanción. Penalizar por penalizar no solo es políticamente inviable, sino conceptualmente errado. La gestión democrática del conflicto no consiste en suprimir la protesta, sino en establecer límites claros cuando su ejercicio vulnera derechos fundamentales de terceros.
El bloqueo ha sido, sin duda, una herramienta legítima de los movimientos sociales en determinados momentos históricos. Permitió visibilizar diferentes demandas, equilibrar relaciones de poder y forzar al Estado a atenderlas. Sin embargo, ningún derecho es absoluto ni puede ejercerse de manera indefinida sin considerar sus efectos. Cuando el bloqueo deja de ser un mecanismo de presión política y se convierte en un factor de daño estructural a la economía y al trabajo de otros sectores, su legitimidad comienza a desgastarse.
En ese punto, la discusión ya no es ideológica, sino práctica: ¿A quién perjudica hoy el bloqueo? Cada vez con mayor fuerza, no es al Gobierno, sino a comunidades que dependen de la circulación constante de personas, empresas de bienes y servicios, transportistas, comerciantes, productores locales y, de manera particularmente sensible, las comunidades vinculadas al turismo.
Aquí es donde el turismo adquiere un rol estratégico que va mucho más allá de la generación de divisas. Convertir al turismo en una verdadera política de Estado implica reconocerlo como actividad económica esencial, tan relevante como cualquier otro sector productivo estratégico. Y como toda actividad esencial, requiere condiciones mínimas para existir: seguridad, amparo y, sobre todo, libre transitabilidad.
El turismo no puede desarrollarse bajo la lógica del conflicto permanente. Un bloqueo prolongado no solo paraliza ingresos inmediatos, sino que destruye la confianza, cancela reservas futuras y daña la imagen del país durante años. Para una comunidad que vive del turismo, el cierre de caminos no es una medida de presión política, es un ataque directo a su fuente de trabajo y a su derecho a una vida digna.
Desde esta perspectiva, la penalización del bloqueo solo puede ser legítima si está claramente justificada. No como castigo automático, ni como herramienta de control social, sino como mecanismo de protección de derechos igualmente fundamentales. Cuando un bloqueo atenta contra la economía del Estado en su conjunto o, de manera directa, contra economías locales estructuradas (como las vinculadas al turismo), se está atentando contra el derecho al trabajo, contra la subsistencia comunitaria y contra la libre transitabilidad garantizada constitucionalmente.
La clave está en el equilibrio. Penalizar sin distinguir contextos, impactos y proporcionalidad equivale a criminalizar la protesta. Pero no establecer ningún límite equivale a legitimar la vulneración sistemática de derechos de terceros. Un Estado democrático no puede aceptar ninguna de las dos posiciones extremas. Por ello, la penalización solo debe operar como último recurso, bajo criterios claros: daño económico verificable, afectación directa a servicios esenciales, obstaculización prolongada e indiscriminada de vías estratégicas y perjuicio comprobado a comunidades cuya economía depende de la movilidad. En esos casos, no se sanciona la protesta, sino el uso abusivo de un mecanismo que deja de ser reivindicativo para convertirse en destructivo.
Este enfoque requiere coherencia estatal. No se puede exigir libre transitabilidad en nombre del turismo sin invertir en él, sin proteger a las comunidades que lo sostienen y sin integrarlas en la toma de decisiones. El turismo como política de Estado no se decreta, se construye con infraestructura, promoción, seguridad jurídica y participación social.
La gran ventaja de este enfoque es que reduce la conflictividad sin recurrir a la represión. Cuando la economía local depende del movimiento, el bloqueo pierde respaldo social. Deja de ser una herramienta “del pueblo” y pasa a ser percibido como una acción que perjudica a otros sectores populares. Así, la legitimidad del bloqueo se debilita no por imposición legal, sino por transformación estructural.
En conclusión, Bolivia no necesita leyes que castiguen el conflicto por reflejo, sino políticas públicas que reordenen los incentivos sociales y económicos. Penalizar el bloqueo solo es legítimo cuando se demuestra que este atenta contra el trabajo, la economía y la libre transitabilidad de comunidades enteras. Apostar por el turismo como política de Estado no solo diversifica la matriz productiva, ofrece una salida democrática y sostenible a una conflictividad que ya no puede seguir resolviéndose desde el bloqueo, sino desde la circulación y el desarrollo compartido.
Rodrigo Salinas Luna Orozco es profesional en Ciencia Política y Gestión Pública.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
