urante las últimas dos décadas, Bolivia promovió un modelo económico con fuerte presencia estatal en la producción, comercialización y administración de sectores estratégicos. Bajo esa lógica, las empresas públicas fueron creadas para fortalecer la soberanía económica, proteger a los sectores vulnerables e impulsar la producción nacional. El objetivo era legítimo: corregir fallas de mercado y ampliar oportunidades. El problema no fue la existencia de empresas estatales, sino su transformación en instrumentos de poder político.
Con el tiempo, muchas dejaron de responder a criterios técnicos y quedaron subordinadas a intereses partidarios. Durante veinte años, el Movimiento Al Socialismo consolidó una estructura estatal donde la lealtad política prevaleció sobre la capacidad profesional. El resultado fue una burocracia ineficiente, vulnerable a la corrupción y sostenida artificialmente con recursos públicos. Las consecuencias hoy son evidentes: empresas deficitarias, subsidios distorsionados, pérdida de competitividad y un creciente deterioro fiscal.
Las cifras muestran el desgaste del modelo. En los últimos años, empresas estratégicas como YPFB, YLB, Mi Teleférico y BoA registraron pérdidas millonarias. Esto no solo afectó balances institucionales; también presionó las reservas internacionales, redujo la disponibilidad de dólares, incrementó la inflación y limitó la inversión estatal en salud, educación e infraestructura.
Toda empresa pública deficitaria termina siendo financiada por la población. Cuando el Estado cubre ineficiencias de forma permanente, el costo se traslada a toda la economía. Bolivia ya no puede sostener un esquema donde los recursos públicos financian estructuras improductivas o redes favoritistas disfrazadas de política social.
El caso de Emapa resume con claridad esa distorsión institucional. Lo que debía ser una entidad de apoyo al productor y estabilización alimentaria terminó convertido en un mecanismo de negociación política y corrupción. La crisis revelada en 2025 expuso irregularidades en la intermediación de granos, distribución discrecional de harina subvencionada y contrataciones sin transparencia normalizadas dentro de la administración pública.
Las investigaciones contra el exgerente Franklin Flores reflejan la dimensión del deterioro. Los procesos por presunto enriquecimiento ilícito, daño económico al Estado, contratos lesivos e irregularidades en plantas industriales muestran cómo la lógica partidaria desplazó por completo a la gestión técnica. El daño no fue únicamente económico, también deterioró la confianza ciudadana en las instituciones.
Durante años, bajo el discurso del “precio justo”, toneladas de maíz y arroz subvencionados beneficiaron a intermediarios vinculados políticamente, mientras productores y consumidores enfrentaban escasez y especulación. Lo mismo ocurrió con los cupos de harina destinados al subsidio del pan. Recursos diseñados para proteger la economía familiar terminaron alimentando mercados paralelos y redes de corrupción. La llamada soberanía alimentaria derivó en un sistema de privilegios financiado por el Estado.
A esto se sumó el fracaso de varios proyectos de industrialización presentados como emblemas del “nuevo modelo económico”. Muchas plantas inauguradas con fuerte propaganda hoy son elefantes blancos, infraestructura sobredimensionada, maquinaria inoperante y millonarios sobreprecios que reflejan ausencia de planificación. La industrialización no se construye con discursos ni actos simbólicos, requiere sostenibilidad, mercados, tecnología y gestión profesional.
Sin embargo, en medio de este escenario, comienzan a surgir señales de corrección institucional. En apenas seis meses, la nueva administración de EMAPA muestra indicios de reestructuración que merecen atención. Tras años de oscuridad, la empresa inició un proceso de saneamiento financiero, fortalecimiento del control interno, modernización administrativa y mayor transparencia operativa.
El nuevo enfoque hace los esfuerzos por reemplazar la lógica política por una gestión orientada a resultados. La implementación de mecanismos de comercialización directa, ruedas de negocio abiertas, asistencia técnica apunta a reducir la intermediación y recuperar competitividad para los pequeños productores. La innovación y promoción empieza a ocupar un lugar central en la gestión.
Esta nueva visión también incorpora principios básicos de administración pública moderna: evaluación de resultados, auditorías independientes, sostenibilidad financiera y cero tolerancia a la corrupción. El objetivo ya no es sostener empresas estatales por razones ideológicas, sino demostrar que se puede generar impacto económico y social sin convertirse en una carga permanente para el país.
La lección es clara. Bolivia no enfrenta una crisis por tener empresas públicas, sino por haberlas administrado como aparatos partidarios del poder político. El desafío no debería ser desmontar al Estado, sino reconstruirlo sobre bases técnicas, meritocráticas y transparentes.
Emapa puede convertirse en el primer caso exitoso de esa transición. Si logra consolidar eficiencia, transparencia y apoyo real a la producción nacional, demostrará que todavía es posible recuperar el valor estratégico de lo público. Pero también dejará una advertencia: cuando el Estado reemplaza la técnica por lo puramente político, termina destruyendo aquello que decía proteger.
Rodrigo Salinas Luna Orozco es profesional en Ciencia Política y Gestión Pública.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
