l masismo debe estar de fiesta porque su fracasado y prostituido modelo de elección judicial ha sido defendido, enarbolado y reivindicado por las fuerzas políticas con representación parlamentaria. Esta defensa militante ha cerrado toda posibilidad de que, mientras dure y se realizan las elecciones judiciales, que será dentro de unos 10 meses o más, se puedan hacer designaciones interinas para llenar las acefalías en el TC y el TSJ. Las elecciones judiciales son una de las causas de la crisis estructural del poder judicial.
Las acefalías son, a todas luces, inconstitucionales, así como cualquier decisión que se adopte. La idea de una Ley corta, donde se establezca que los suplentes de los cuatro asuman la titularidad, va en contra de la Constitución porque ésta establece que el TC está conformado por nueve magistrados. Que se reduzca el número de nueve a cuatro y así se habilite a estos cuatro para realizar sala plena, no cuadra porque la CPE establece que sean nueve. También se propuso que el presidente del Estado pueda designar provisionalmente a los cinco magistrados faltantes del TC y a los dos del TSJ, pero igual vulnera la CPE.
Lo cierto es que no solo estas salidas resultarían inconstitucionales, sino que todo el proceso eleccionario siempre fue contrario a la Constitución. De ahí porqué en su momento, fue descalificado no solo por los anteriores opositores (ahora oficialistas), sino también por los propios masistas. Los tres procesos eleccionarios judiciales han echado por la borda las garantías de independencia e imparcialidad.
Los indicadores judiciales son elocuentes: tenemos un sistema sometido al poder político, a punto de colapsar, con altos niveles de retardación y corrupción. La cobertura judicial es insuficiente en todo el territorio nacional, hay un presupuesto en rojo, con muy poca tecnología y procedimientos legales obsoletos y envejecidos.
Las elecciones buscaban garantizar la independencia e imparcialidad en el ejercicio de las funciones jurisdiccionales. El voto popular tenía que resolver, igualmente, todos los problemas existentes; pero, se han realizado tres procesos eleccionarios (2011,2017-2024), y lejos de liquidar los problemas estructurales, se ha profundizado la crisis y el sistema judicial se encuentra en medio de un descrédito total. Además, que la Asamblea Legislativa realice la preselección y después venga la “elección” de los preseleccionados, no hace ninguna diferencia cualitativa a que la designación la realice la misma ALP, salvo complejizar y encarecer todo el proceso. Y lo más sinsentido es que, aunque se rechace a los candidatos en las urnas, igual han terminado posesionados y han ejercido como autoridades esos mismos rechazados en las urnas ¡vaya forma de elegir!
Es verdad que estas designaciones siempre fueron políticas y dependían de los jefes de los partidos políticos con representación parlamentaria. No obstante, con el pretexto de “descolonizar la justicia” el Movimiento Al Socialismo (MAS) estableció en la Constitución que las principales autoridades judiciales sean elegidas mediante sufragio universal, lo cual parecía ser una medida positiva. Pero este sano propósito de elegir se distorsiona cuando la misma Constitución establece que “la Asamblea Legislativa Plurinacional efectuará por dos tercios de sus miembros presentes la preselección de las postulantes y los postulantes por cada departamento y remitirá al Órgano Electoral la nómina de los precalificados para que éste proceda a la organización, única y exclusiva del proceso electoral”.
En el fondo, no se ha garantizado la independencia e imparcialidad judicial ni se han elegidos a los mejores profesionales, de modo que el proceso eleccionario ha supuesto un verdadero retroceso histórico.
La preselección de candidatos en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), ha sido en gran medida una farsa, un simulacro de evaluación y calificación de méritos, para justificar una lista políticamente cocinada con militantes y afines del partido del MAS. Así se terminaba seleccionando a profesionales carentes de méritos académicos, sin experiencia ni preparación para conducir la ansiada reforma judicial y asegurar una buena administración de la justicia.
Hay consenso en el sentido que sólo con procesos transparentes y participativos, basados en la evaluación de méritos de los candidatos, y cuyos requisitos y contenidos estén claramente definidos, se puede garantizar que los mejores profesionales sean elegidos. Lejos de iniciar un verdadero proceso de reforma, lo único que se ha hecho ha sido legitimar el modelo masista de elección judicial, descalificado hasta por sus propios mentores.
William Herrera Áñez es abogado y profesor universitario.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
