ientras en La Paz discutíamos la ley de recursos evaporíticos como si fuera un asunto interno, en Washington tomaban una decisión que nos toca de lleno. A inicios de junio, el Pentágono actualizó su lista 1260H —el registro de "empresas militares chinas"— y metió ahí a 188 compañías, entre ellas Alibaba, Baidu, BYD y Nio. No es una sanción que congele cuentas ni prohíba invertir, como se está diciendo por todos lados. Es algo más frío y más serio: desde el 30 de junio, el Departamento de Defensa de Estados Unidos no podrá contratar con esas empresas, y desde 2027 tampoco a través de terceros. Y para cualquier inversionista del mundo, aparecer en esa lista es una bandera roja.
China respondió el 22 de junio, pero no como cuentan los videos virales. No cerró "el grifo de las tierras raras al planeta". Hizo algo medido: controles de exportación a diez empresas estadounidenses y veto de compras públicas a 46 contratistas de defensa. Los analistas coincidieron en una palabra: calibrado. Es decir, ambos países se mostraron los dientes sin morder, manteniendo en pie la tregua comercial que firmaron Trump y Xi el año pasado.
Hasta aquí parece una pelea ajena. No lo es. Y conviene que lo entendamos antes de seguir negociando como si nadie nos estuviera mirando.
Donde aparecemos como país en este tablero geoeconómico, el primer dato incómodo: la empresa con la que Bolivia firmó su contrato más grande de litio es CATL, a través de su filial CBC Investment. CATL es el mayor fabricante de baterías del mundo y ya está, desde antes, en esa misma lista del Pentágono. Dicho sin rodeos: el socio tecnológico que el Estado boliviano eligió para industrializar el salar de Uyuni es una de las empresas que Estados Unidos clasifica como vinculada al aparato militar-industrial chino.
Esto no convierte el contrato en ilegal ni en imposible. Pero sí significa que cualquier proyecto de litio boliviano construido sobre tecnología y financiamiento chinos nace marcado en el tablero geopolítico. No por lo que hagamos como país, sino por con quién lo haga.
El segundo dato, el que duele: después de más de mil millones de dólares invertidos, la producción estatal de litio sigue siendo marginal. Las cifras varían según la fuente —se reportan ingresos de entre 8 y 16 millones de dólares frente a una inversión superior a los 1.000 millones—, pero ninguna versión es presentable. Tenemos entre 21 y 23 millones de toneladas de recursos identificados y casi nada que mostrar.
Lo que realmente está en juego: La lección de la pelea entre Washington y Pekín no es que el mundo se parte en dos internets. Es algo más concreto para un país como el nuestro: la tecnología dejó de ser una cuestión de mercado y pasó a ser una cuestión de bando. Ya no basta con tener el recurso. Importa de quién es la tecnología que lo procesa, de quién es el capital que lo financia y hacia qué bloque viaja el producto final.
Bolivia tiene el recurso —litio, no tierras raras, seamos precisos—. Pero no tiene la tecnología de extracción directa probada a escala, no tiene el capital y no tiene una posición geopolítica definida. Estamos sentados sobre una de las reservas más codiciadas del planeta justo en el momento en que ese planeta se está fracturando en dos sistemas que no quieren comprarse nada entre sí. Y seguimos negociando como si pudiéramos venderles a los dos a la vez, sin que ninguno se moleste.
No vamos a poder. O afinamos una estrategia que entienda este tablero —diversificar socios, exigir industrialización real y no regalías de consuelo, conservar a YLB como socio técnico activo y no como caja pasiva— o vamos a terminar siendo lo de siempre: el país que exporta la materia prima barata y compra cara la batería terminada, ahora con el agravante de tener que elegir a qué imperio le pedimos permiso.
A los que celebran que "por fin llega inversión" y a los que gritan que "nos van a robar el salar" les digo lo mismo: dejen de discutir consignas de 2009. El mundo cambió este mes. Mientras peleamos por posturas e ideologías, dos potencias están decidiendo en sus oficinas quién tendrá acceso al litio del salar de Uyuni y bajo qué condiciones. La pregunta ya no es si abrimos o cerramos el salar. La pregunta es cómo se va a negociar este litio como un Estado que tiene una visión de desarrollo integral, o como un convidado que se entera, otra vez, cuando ya repartieron la mesa.
Porque el litio sigue ahí, bajo la sal. Lo que no va a esperarnos es el momento.
Roberto Barrios Garnica es economista, especialista en geoeconomía y experto en desarrollo de corredores bioceánicos.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
