isualiza la escena, porque ocurre de verdad. Un empresario del transporte, un dirigente de construcción civil o el dueño de una venta de barrio toman café en la vereda. Una moto frena en seco: dos cascos oscuros. El copiloto levanta el brazo, jala el gatillo, y en menos de quince segundos la moto se la traga el tráfico. Así, en una motocicleta y a plena luz, fue asesinado en abril de 2026 un magistrado del Tribunal Agroambiental en Santa Cruz.
La tentación es leer ese disparo como un problema de delincuencia local. Como analista, propongo lo contrario: ese disparo es la punta visible de una economía que no se decide en Bolivia. Para entenderlo hay que subir la mirada del barrio al mapa continental.
Un patrón regional, no una excepción boliviana
Conviene empezar por algo que ningún gobierno, por sí solo, podía evitar. El fenómeno persiste a través de administraciones de signos opuestos y se repite, con matices, en nuestro país, Ecuador, Perú, Paraguay y Brasil. Cuando un mismo problema atraviesa ideologías y fronteras, la causa no es partidaria: es estructural. Y la estructura tiene nombre. Bolivia es, según Naciones Unidas, el tercer productor mundial de cocaína, detrás de Colombia y Perú, y a la vez punto de tránsito de la pasta base peruana. Esa doble condición – fuente y corredor – pone al país en el centro geográfico de un negocio global, no en su periferia.
La geopolítica de las rutas
Aquí está la primera capa que casi nunca se explica. La cocaína "cocinada" en el país sale por cinco corredores que llegan a cuatro continentes. Brasil es el destino principal; la vía hacia Paraguay se consolida; Argentina y Chile son rutas tradicionales; y desde el Atlántico sur se abrió la llamada "ruta africana", que cruza hacia el Golfo de Guinea para alimentar el mercado europeo. La hidrovía Paraná-Paraguay, un corredor fluvial de más de 3.400 kilómetros que conecta a cinco países, se volvió autopista de la droga hacia Europa y África. Por aire, solo en 2025 Argentina interceptó siete avionetas vinculadas a un triángulo logístico Bolivia-Paraguay-Argentina, cuatro de ellas con 1.739 kilos de cocaína.
Lo decisivo, en mi lectura, es esto: análisis regionales recientes coinciden en que los ajustes de cuentas en Bolivia ya no son hechos delictivos aislados, sino disputas por el control de los corredores internacionales y de los flujos de cocaína. Hay incluso una división del trabajo transnacional: las facciones brasileñas concentran la violencia, las redes mexicanas aportan financiamiento y logística, y los grupos locales pelean por las rutas hacia Europa, Asia y Oceanía. El plomo en la vereda paceña o cruceña es, leído así, la liquidación de una disputa cuyo verdadero tablero está en los puertos de Santos, en la hidrovía y en los mercados de consumo del norte global.
La geoeconomía del oro
La segunda capa es puramente de precios, y es la que une este fenómeno con cualquier análisis de commodities. El oro batió récords históricos: superó los 4.000 dólares por onza en 2025, y bancos como J.P. Morgan proyectan que ese nivel se sostendrá. Cuando un metal vale eso, la extracción ilegal deja de ser delito menor para volverse industria. La prueba boliviana es contundente: las áreas afectadas por minería aurífera crecieron 13,7% entre enero y octubre de 2025 —unas 2.194 hectáreas adicionales en la Amazonía— y lo hicieron en plena recesión, con escasez de diésel e inflación anual proyectada superior al 20%. Es decir, la economía formal se contraía mientras la del oro se expandía. Solo el precio internacional explica esa paradoja.
Bolivia aporta cerca del 12% del oro ilegal exportado en la región (Perú concentra el 44% y Colombia el 25%). Detrás hay una cadena igual de transnacional que la del narco: mercurio que llega de contrabando desde México —unas 200 toneladas en la región desde 2019, asociadas a unos 8.000 millones de dólares en oro ilegal— y un metal que se mezcla con producción legal y termina, con frecuencia, en mercados asiáticos. El apetito estratégico de China por el oro y los precios récord formaron, en palabras de un análisis regional, una tormenta perfecta. Otra vez, la demanda y el precio se fijan afuera; el costo ambiental y la violencia se pagan adentro.
Por qué la informalidad es el terreno fértil
Falta la capa que conecta lo global con la vereda. Bolivia tiene la informalidad laboral más alta de la región: 82,3% al primer semestre de 2025, según la OIT, y una economía informal que ronda el 77,5% del total. No es un dato boliviano aislado: la informalidad es una condición estructural de buena parte de América Latina. Pero importa porque define el terreno donde operan estas economías. Quien mueve oro sin registro, coca o cupos de construcción no puede llevar sus disputas a un juzgado: no existe contrato que ampare un negocio ilegal. Donde no llega el contrato, llega la coerción privada.
No es solo una hipótesis. Un exfiscal de Santa Cruz lo resumió con crudeza: para estas organizaciones el único mecanismo de coerción es la fuerza, porque no pueden acudir a un tribunal. Autoridades de seguridad reconocen que el sicariato se usa para imponer disciplina, eliminar competidores y cobrar deudas impagables por la vía legal. La violencia, en suma, es la "justicia" privada de una economía que el mundo formal no alcanza a tocar.
Una respuesta del tamaño del problema
Si el origen es transnacional, la respuesta tiene que serlo también, y aquí hay señales que vale la pena destacar. En mayo de 2026, Bolivia firmó con Argentina, Ecuador, Perú y Chile el "Compromiso de Santiago" contra el crimen organizado transnacional. Es el reconocimiento honesto de que ningún país enfrenta solo un negocio que cruza cinco fronteras y dos océanos. Y hay un dato que conviene subrayar para no caer en el catastrofismo: pese a todo, las tasas de homicidio de Bolivia se han mantenido comparativamente más bajas que las de Ecuador, que vio dispararse su violencia al convertirse en disputa de puertos. Bolivia todavía está a tiempo de no recorrer ese camino.
La percepción, es clara. El sicariato boliviano no se combate solo con más patrulleros, porque su combustible no es la delincuencia común: son los precios del oro, la demanda global de cocaína y la geografía de las rutas. La palanca real está en lo que sí se puede construir: cooperación regional sostenida, inteligencia financiera contra el lavado que conecta a Santa Cruz con Dubái y con Santos, y formalización que le devuelva a la economía un terreno donde la justicia, y no el plomo, resuelva las disputas. Mientras el negocio se decida afuera, la tarea de adentro es cerrarle el terreno. Esa, y no la próxima cadena nacional, es la verdadera batalla.
Roberto Barrios Garnica es economista, especialista en geoeconomía y experto en desarrollo de corredores bioceánicos.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
