n el póker, un all in ocurre cuando un jugador pone sobre la mesa todas sus fichas. Es la apuesta definitiva, la jugada que puede cambiar el rumbo de la partida o sellar la derrota. Algo parecido hizo el presidente Rodrigo Paz Pereira al anunciar el inicio del estado de excepción.
Su discurso tuvo una virtud evidente: describió con crudeza la realidad que ha vivido Bolivia durante más de cincuenta días de bloqueos. Vidas perdidas, una economía golpeada, miles de familias afectadas, cadenas productivas paralizadas y daños que se estiman en alrededor de 3.000 millones de dólares. Para una economía cuyo Producto Interno Bruto ronda los 55.000 millones de dólares, se trata de una herida profunda.
Sin embargo, el daño más grave no se mide en dinero. El deterioro más difícil de reparar es el que se ha instalado en el ánimo de los bolivianos. El resentimiento, la confrontación y la polarización han alcanzado niveles preocupantes; expresiones racistas y discursos de odio fluyen tanto en las calles como en las redes sociales.
La pregunta que surge es simple: ¿cómo se reconstruye la confianza entre ciudadanos que hoy se perciben mutuamente como adversarios?
Por eso, el desafío inmediato del presidente no consiste solamente en convocar a un acuerdo nacional. Debe también recuperar la autoridad de la institución presidencial. Durante los últimos meses, el poder presidencial ha sufrido un evidente desgaste. Han proliferado las expresiones de desacato, la desconfianza y la percepción de debilidad. Sin una autoridad efectiva, cualquier convocatoria al diálogo corre el riesgo de convertirse en una simple declaración de buenas intenciones.
La decisión de decretar un estado de excepción representa, precisamente, ese intento de recuperar la capacidad de conducción y de gobernar. Tras los acuerdos alcanzados con algunos sectores, el conflicto parece concentrarse principalmente en dos regiones: el altiplano paceño, donde tienen una fuerte influencia organizaciones como la Tupac Katari, los Ponchos Rojos y las Bartolinas; y el Chapare, bastión histórico de Evo Morales y del movimiento cocalero. Ambas zonas comparten afinidades estratégicas y políticas. Constituyen las dos tenazas con las que Evo Morales intenta presionar y desgastar al Gobierno.
Si el Gobierno considera que existen acciones destinadas a desconocer el orden constitucional o a desafiar el estado de excepción, deberá demostrar que tiene la capacidad de hacer cumplir la ley. La autoridad no se recupera con discursos, sino con decisiones firmes, legítimas y respetuosas del Estado de derecho.
Las declaraciones del propio presidente, de sus ministros, de actores políticos y de diversos analistas han coincidido en señalar a los promotores de estos bloqueos. La lista comienza con Evo Morales; los demás protagonistas son circunstanciales: hoy ejercen liderazgo, mañana podrían quedar relegados al olvido de sus propias comunidades.
La ciudadanía afectada, los familiares que perdieron seres queridos, los emprendedores quebrados y los pacientes que no pudieron acceder a tratamientos o intervenciones programadas no olvidarán fácilmente. Tampoco le perdonarán al presidente si no garantiza la aplicación de la justicia. La legitimidad del Gobierno depende, en gran medida, de ello.
No será fácil. Habrá costos que deberán asumirse. Pero no actuar sería interpretado como una señal de debilidad, y la inestabilidad podría convertirse en una constante.
Primero debe restablecerse el imperio de la ley. Solo cuando los ciudadanos perciban que las normas se cumplen para todos por igual podrá reconstruirse la confianza necesaria para sentarse a negociar.
El presidente decidió jugar todas sus fichas. Ha hecho all in. Ahora llega el momento decisivo: demostrar que la medida anunciada no es simplemente una declaración política, sino el inicio de la recuperación de la autoridad democrática, de la capacidad de gobierno y de la esperanza de un país que lleva demasiado tiempo confrontado y dividido.
Rodrigo Paz Pereira debe recuperar plenamente su condición de presidente.
Jaime Navarro Tardío es político y exdiputado nacional.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
