rnst Fraenkel, jurista y analista político alemán de origen judío, estudioso de la Teoría del Derecho, en su obra “Estado dual: Contribución a la teoría de la dictadura”, interpeló al régimen de la Alemania Nazi de Adolfo Hitler, motivo por el que fue perseguido políticamente y tuvo que salir de su país.
El citado personaje describe un modelo en el que el funcionamiento de un Estado se divide, por un lado, en un Estado de Normas (Normenstaat), que opera según sus regulaciones jurídicas definidas y, un Estado de medidas (Masshah menstaat), se refiere un sistema político de arbitrariedad y violencia ilimitadas cuya actuación no se ve restringida por ninguna clase de garantías constitucionales.
De acuerdo a lo afirmado por muchos exponentes de la Teoría del Derecho, el Estado Dual que tuvo su ejemplo emblemático en todo lo acontecido durante el desarrollo de la segunda guerra mundial y el comportamiento de un régimen que demostró un ostensible desprecio por la vida de los que no pertenecían a la raza considerada por ellos superior, esa doble identidad de un Estado que se traducía en un doble comportamiento, es el testimonio contundente de la hipocresía de muchos gobernantes, así como de quienes integran los otros poderes del Estado, para asumir decisiones muchas veces contrarias al ordenamiento jurídico de un país, atentatorias a los derechos más elementales de las personas.
Quiero decir que, el Estado Dual descrito con claridad por Ernst Fraenkel para identificar a la Alemania del siglo XX, específicamente entre 1935 y 1945, se trasladó a otros continentes donde la vigencia simultánea entre el Estado de Derecho, como modelo y forma de convivencia colectiva idónea y el Estado hipócrita que discursivamente defiende la validez del sistema democrático y de una constitución política, pero que en la realidad fáctica promueve una dinámica exactamente contraria, subordinada a la conveniencia política, es el que se impone.
En el caso de la realidad boliviana, después de las dictaduras militares y el retorno de los gobiernos constituidos en base a elecciones, los esfuerzos fueron muy mezquinos para consolidar ese Estado de Derecho que viabilice la evolución democrática, por el contrario, durante los regímenes de Evo Morales y Luís Arce, se fortaleció la vigencia del Estado Dual, con una constitución emanada de la confrontación política, ratificada en un referéndum que si bien le otorgó legitimidad, pero que en la práctica fue sistemáticamente violada por el propio gobierno, en diferentes circunstancias, un ejemplo emblemático, la postulación inconstitucional reiterada de Morales a la Presidencia, coronada con un grosero fraude electoral, así como las consecutivas violaciones a los derechos humanos y la ausencia de independencia de poderes.
En el contexto de la vigencia plena de ese Estado Dual, donde la violación a la norma jurídica se convirtió en una decisión discrecional de las autoridades gubernamentales, legislativas, judiciales, fiscales, policiales, entre otras, acontece estos días la declaración del Comandante de la Policía Boliviana en una entrevista periodística, afirmando enfáticamente que, la detención de Evo Morales no es una prioridad, ergo no está en sus planes. Esta afirmación pone en evidencia que, en Bolivia, si bien existe un ordenamiento jurídico, subordinado a la Constitución Política del Estado, en la realidad fáctica, cualquier autoridad pública tiene el libre albedrío de desobedecer a la ley, sin que por ello sea accionado penalmente.
Alguien tendría que hacerle saber al Gral. Mirko Sokol Saravia, que los mandamientos de aprehensión emitidos por autoridad competente, sea fiscal o judicial, se ejecutan sin excusa alguna, la autoridad policial de marras, no tiene atribuciones ni competencia para observar una orden de esta naturaleza, ni dar juicios de valor sobre ese mandamiento, sólo debe viabilizar su estricto cumplimiento. Pero para profundizar el análisis de los hechos, considero que la actitud y afirmación del comandante, no obedece a un pensamiento aislado, sino que se materializa en un contexto donde las decisiones discrecionales, ilegales y anticonstitucionales de las autoridades, se hizo una costumbre porque como emanan del poder, no serán susceptibles de ser sancionadas penalmente, se materializan precisamente en el escenario de impunidad concertada, confirmando la existencia del Estado Dual, aquel que está diseñado jurídicamente, pero que no se cumple y el otro el que se practica cotidianamente y muestra su existencia real, donde manda el interés político y/o económico, con una justicia podrida, gobernantes corruptos, policías que no te cuidan sino que tienes que cuidarte de ellos y políticos pragmáticos, sin principios ni referentes éticos.
Frente a todo ello, en este país macondiano, no debemos aceptar lo habitual como una cosa natural, pues en tiempos de confusión organizada, de arbitrariedad consciente, de corrupción institucionalizada, nada debe ser natural, ni imposible de cambiar. Tiene la palabra el Gobierno respecto al exabrupto de la máxima autoridad policial, no es suficiente un comunicado público pilatuno, donde no se dice qué decisiones se asumirán y cual el motivo por el que el ex gobernante sub júdice, siga refregándonos en la cara su impunidad negociada. Prueba clara de que, si bien no está en el Gobierno, pero sigue en el poder.
Waldo Albarracín Sánchez es abogado y defensor de Derechos Humanos.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
