huto es el elemento ilegal que campea a sus anchas en Bolivia: auto, televisor, celular, ropa, o títulos. Cratos, del griego, significa poder. Por tanto, chutocracia es el poder de lo chuto.
La chutocracia se ejerce por grupos de poder sobre ciudadanos vencidos y cansados, que son víctimas de un incomprensible sistema que premia la ilegalidad y la “picardía criolla”. Ahí está quien no quiere hacer la interminable fila para la inspección técnica vehicular y paga a un tramitador para que le haga el trámite vía Whatsapp.
Ahí está el chango que ha comprado un celular en la calle. “Baratito me han vendido, me sirve, pero no lo puede registrar en la telefónica porque el que me ha vendido me ha dicho que la empresa me lo puede decomisar”, aclara medio tristón, pero procede al famoso “flasheo”.
Vivimos bajo la chutocracia porque el cuero no nos da para vivir de otra forma. Imposible pensar en que se abra la Ley 843 y repensemos en un mejor sistema impositivo, donde todos tributen. Imposible pensar en tener un mejor sistema de justicia. Imposible pensar en jueces probos, que no acepten coimas.
Mejorcito es internar autos robados en Chile y luego hacerle sus papeles. Mejorcito es que uno de los candidatos a la presidencia de Bolivia diga que “todos tenemos un auto chuto y hay que nacionalizarlo porque así tendremos dinerito para repartir bonitos de 2.000 pesitos”.
El pobre hombre no se ha enterado que está cometiendo un delito. Total, le vale madres (aunque Chile reclame). Todo sirve para ganar los votos de pobres e ingenuos, que creen que en noviembre todo se arreglará y para diciembre tendrán su maltrecha economía arreglada y lista para gastar en regalitos navideños.
Nada de eso servirá. La chutocracia está instalada en la médula del sistema boliviano. Utópicamente para deshacernos de esa lacra necesitaríamos un sistema impositivo cuasi inexistente, pocos funcionarios públicos que no deseen vivir del Estado y sus arcas, sancionar actos de corrupción en todas las instituciones del Estado. Efectuar control social de la gestión pública y aplicar la Ley de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas y otros proyectos de ley que incluyan sanciones para personas jurídicas y fortalezcan la transparencia.
Pero claro, vivir en chutolandia, bajo el poder de la chutocracia, hace que las sugerencias utópicas se queden en el charco del tintero digital. Lindas para emitirlas, o leerlas, pero imposible de implementarlas, especialmente si hay líderes políticos cuyo pensamiento gira sobre la ilegalidad. La normalización de la corrupción ha diluido la frontera entre lo legal y lo ilegal. Queda no más esperar que la claridad mental llegue a quien tenga que llegar. Sea o no sea autoridad.
Sugiero, desde mi nubecita soñadora, una mejor legislación que establezca no solamente delitos, sino mecanismos de transparencia e independencia del Poder Judicial, a través de los cuales los ciudadanos puedan controlar lo qué hacen las autoridades y lograr instituciones transparentes y con mayor control.
Mientras tanto, sigamos nomás circulando en autos chutos, con celulares chutos, comprando títulos chutos y votando por políticos chutos: al fin y al cabo, ¿qué más da? Si el país entero ya funciona con repuestos de contrabando, ¿para qué querríamos instituciones originales.
La chutocracia es simple: lo ilegal manda, lo legal estorba.
Mónica Briançon Messinger es periodista.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad de la autora y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
