os chuteros de Challapata, en 2025, tuvieron la amabilidad de compartir mi artículo Chaucito Orurito, en su página. No sé si les gustó o disgustó, sólo dijeron “ojo con esto” y lo compartieron.
Grupos de chuteros bolivianos sobran en Facebook. Una revisión de las comunidades públicas dedicadas a la compra y venta de vehículos indocumentados permite estimar que existen más de un centenar distribuidas por todo el país, desde Challapata hasta el trópico cochabambino, pasando por Patacamaya, Yapacaní y Guayaramerín. El contrabando ya no necesita esconderse en una feria: también hace scroll.
Y la gigantesca venta continúa desde cualquier punto donde un vehículo sin papeles pueda encontrar comprador. Cambian de nombre, se multiplican y siguen funcionando a plena vista.
Facebook no es un simple canal de anuncios, sino una verdadera red de mercados regionales. Cada municipio importante donde existe comercio de vehículos indocumentados termina desarrollando su propio ecosistema de grupos.
En Oruro están los de Challapata, Huari, Toledo, y Caracollo. En La Paz: Patacamaya, Konani, Batallas, Achacachi, Ancoraimes, y Yungas. En Cochabamba: Villa Tunari, Ivirgarzama, Chimoré, Entre Ríos, Shinahota, Sacaba y Cercado. En Santa Cruz: Yapacaní, Montero, y San Julián. En Beni: Guayaramerín y Riberalta Los miembros reportados, que pertenecen a estos grupos llegan a 136.359, pero hay más, porque las redes de venta de estos autos ilegales se mueven en las sombras de la ilegalidad.
Hay una especie de especialización territorial: Challapata aparece asociada al comercio hecho de frente. Patacamaya y Konani concentran mucha actividad relacionada con vehículos provenientes de Chile. El trópico de Cochabamba domina la oferta de vehículos "gemeleados" y Guayaramerín concentra vehículos de origen brasileño.
Por otro lado, hay una cifra escalofriante dada por el Comando Estratégico Operacional de Lucha Contra el Contrabando y es que al menos hay 18 militares fallecidos y cientos de heridos desde 2018. La mayoría de estos decesos ocurren durante enfrentamientos armados o por accidentes provocados por contrabandistas.
Pero esa cifra parece no importarle al diputado Reinaldo Seas, de la agrupación Libre, proyectista de la Ley de Regularización de Vehículos Indocumentados, quien afirmó que la iniciativa podría beneficiar a más de 1.050.000 vehículos y maquinaria agrícola que ya circulan en territorio nacional.
Los chutos resultan de las diferencias arancelarias con los países vecinos porque importar un vehículo formalmente en Bolivia cuesta demasiado. Se pagan tres impuestos, el gravamen arancelario (entre el 5 y el 25% del valor CIF: Costo, Seguro y Flete), el IVA (13% del valor CIF) y el impuesto al consumo específico o ICE (que puede llegar en algunos casos a 50% del valor CIF). En promedio, importar un vehículo de manera formal puede significar pagar entre 50 y 70% del valor CIF en impuestos.
Y las fronteras bolivianas no tienen buen resguardo.
Es de locos querer legalizar vehículos de contrabando porque así se fomenta la delincuencia, premia el delito, afecta la recaudación tributaria y devalúa el patrimonio de quienes cumplen la ley.
Legalizar un millón de vehículos indocumentados no sería una política pública, sino una invitación a la próxima ola de contrabando. El mensaje sería cristalino: siga burlando la ley, porque tarde o temprano llegará otra amnistía. En ese país imaginario, el ciudadano que paga impuestos es el tonto de la historia y el que evade termina convertido en beneficiario de una ley hecha a su medida. Cuesta encontrar una mejor manera de premiar el delito sin llamarlo premio.
Tal vez por eso los chuteros compartieron mi artículo. Quizás fue una advertencia, quizás una cortesía. Lo cierto es que, mientras ellos hacen clic para vender el siguiente vehículo y algunos políticos hacen números para legalizarlo, Bolivia sigue pagando la factura con fronteras perforadas, militares muertos, menos recaudación y una cultura donde la trampa siempre espera su turno para convertirse en decreto. Si ese es el camino, el próximo modelo ya tiene nombre: Chuteros 2027, edición recargada.
Mónica Briançon Messinger es periodista.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad de la autora y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
