a crisis que atraviesa Sudamérica vuelve a poner sobre la mesa una realidad que parece repetirse de país en país: presidentes y expresidentes investigados, procesados, detenidos o condenados por hechos de corrupción, enriquecimiento ilícito y utilización del poder político para favorecer intereses particulares. Santiago Peña renunció a la presidencia del Paraguay para frenar una crisis insalvable, las investigaciones que lo rodean por sus presuntos vínculos e intereses económicos en el escándalo de Ueno Bank, se suman a una larga lista de episodios que en el tiempo han comprometido a las más altas autoridades de varios países.
Brasil vivió el encarcelamiento de Lula da Silva por causas de corrupción, cuyas condenas posteriormente fueron anuladas por decisiones judiciales. Ecuador tuvo en Rafael Correa a un expresidente condenado por corrupción. Perú ha visto desfilar a varios de sus expresidentes por investigaciones y procesos judiciales. Venezuela acumuló graves denuncias de corrupción durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
Podría seguir enumerando países y protagonistas. Sudamérica parece atrapada en un círculo perverso en el que quienes llegan al poder terminan involucrados en escándalos que desacreditan la política y destruyen la confianza ciudadana. ¿Es que el poder corrompe inevitablemente? ¿Debemos aceptar que gobernar supone convivir con privilegios, negocios, enriquecimiento personal y redes de protección?
¡No! No podemos resignarnos a semejante degradación. Tampoco podemos convertir la corrupción en una normalidad política, en una especie de costo inevitable de la democracia.
Quien recibe el mandato de gobernar no recibe una autorización para hacer negocios con el Estado, favorecer a sus allegados o utilizar su posición para obtener beneficios particulares. Recibe una responsabilidad pública y un compromiso con la sociedad.
Si en Sudamérica encontramos suficientes motivos de preocupación, Bolivia ofrece hoy un cuadro particularmente dramático y vergonzoso.
Tenemos al expresidente Luis Arce en prisión preventiva, investigado por presuntas irregularidades vinculadas al Fondo Indígena. Las investigaciones alcanzaron a sus hijos, uno de ellos preso en Palmasola y el otro buscado por la justicia. Varios de sus exministros y altos colaboradores están detenidos, procesados o bajo investigación por distintos hechos de corrupción.
Veamos un caso que retrata la gravedad de estos entramados: el caso SIDACTA, referido a la adquisición del sistema integrado de radares para la defensa aérea y el control del tránsito aéreo. El Estado destinó más de 200 millones de dólares para la compra de 13 radares, centros de control y toda una infraestructura tecnológica destinada, entre otras cosas, a detectar vuelos irregulares y combatir el narcotráfico.
¿Qué ocurrió? Después de años de retrasos, modificaciones contractuales ilegales y una ejecución financiera cercana al 98%, la auditoría encontró que solamente dos radares operaban sin observaciones, nueve presentaban deficiencias y otros dos estaban fuera de servicio.
Evo Morales, promotor inicial del proyecto y presidente de las federaciones productoras de coca en el Chapare, fue en persona hasta Francia a estampar su firma en el convenio gubernamental. Los resultados hablan por sí solos: pese a la inversión millonaria, los narcos mantienen el espacio aéreo abierto para sus operaciones.
Sigamos con los escándalos que alcanzan a las máximas autoridades. Evo Morales tiene órdenes de aprehensión por denuncias en casos de trata de personas, vinculados a hechos que involucran a una menor de edad durante su mandato presidencial. Un asunto de una gravedad moral y penal extraordinaria que sigue pendiente ante la justicia.
Roger Mariaca, exfiscal general del Estado, detenido preventivamente, investigado por presuntos vínculos con estructuras del narcotráfico y organización criminal. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, abandonó el país y se declaró en el exilio, tiene una orden de aprehensión dentro de una investigación por presunto tráfico de sustancias controladas y organización criminal.
¿En qué momento llegamos a esto? ¿Cómo puede una sociedad aceptar que las máximas autoridades de las instituciones llamadas a garantizar la legalidad y administrar justicia terminen involucradas en semejantes investigaciones? Cuando quienes deben combatir el delito aparecen vinculados con organizaciones criminales, cuando la justicia pierde credibilidad y cuando el narcotráfico parece encontrar espacios de protección dentro de las estructuras del Estado, la democracia enfrenta una de sus amenazas más peligrosas.
Este escenario impone al actual presidente, Rodrigo Paz, una responsabilidad extraordinaria.
Existen denuncias, cuestionamientos y especulaciones sobre situaciones que involucran al entorno gubernamental, a ministros y al círculo familiar del primer mandatario.
No se trata de dar por ciertas las denuncias ni de condenar a nadie por anticipado. Se trata de entender que, después de semejante deterioro, la tolerancia ciudadana frente a cualquier sombra de corrupción es mínima.
El presidente debe ser el primer interesado en que se investigue cualquier denuncia que alcance a sus ministros, colaboradores o familiares. No puede haber zonas de protección, privilegios ni personas intocables. La transparencia no puede depender de la conveniencia política ni de la cercanía personal con quien gobierna.
Necesitamos recuperar la conciencia de que gobernar es servir. Que un presidente, un ministro, un fiscal o un juez están allí para cumplir una función pública, no para enriquecerse, delinquir o construir redes de protección.
Los pueblos eligen a sus autoridades para hacer el bien, construir oportunidades y garantizar un futuro mejor; no para enriquecerse, no para delinquir y mucho menos para entregar las instituciones a las mafias.
La política tiene que recuperar su dignidad. Gobernar tiene que volver a significar servir.
Jaime Navarro Tardío es político y exdiputado nacional.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
