entras el Gobierno central se muestra adormecido tras un mes de cerco a La Paz, la verdadera salida al conflicto social no ha venido de los ministerios, sino de las regiones. La gestión liderada por la alcaldesa de Mapiri y los alcaldes de Teoponte, Tipuani, Guanay y Caranavi, ha marcado un hito de gobernanza digno de aplaudir. Una comisión de autoridades locales del norte paceño, compuesta por los alcaldes, la Federación de Cooperativas, su centrales y representantes sociales se trasladaron directamente a los puntos de conflicto para dialogar cara a cara con las bases de la comunidad "2 de agosto" en Coroico. Con voluntad política y capacidad de escucha, lograron desactivar las medidas de presión y alcanzar un acuerdo favorable para todos.
El éxito de esta intervención radica en la confianza mutua y en un hecho fundamental: las autoridades locales sensibilizaron a la población sobre cómo los bloqueos destruyen la economía de las propias comunidades y la familiar. En municipios que dependen del turismo, la minería y el comercio diario, cerrar las rutas dejó de verse como una "lucha popular" y se entendió como un atentado directo contra el sustento de las comunidades.
Hoy, esas mismas autoridades junto a representantes sociales se mantiene en vigilia activa para garantizar que estas medidas no vuelvan a reactivarse. La lección de los municipios del norte paceño es clara: el diálogo directo con las bases rompe las consignas políticas de dirigentes que manipulan las necesidades de la población.
Este triunfo local expone con fuerza el abandono estructural que ha sufrido el norte de La Paz y el sector de Los Yungas durante las últimas dos décadas. La Paz posee un potencial agropecuario, minero e hidrocarburífero gigantesco, capaz de ser la punta de lanza para resolver la crisis energética del país y garantizar el autoabastecimiento departamental.
Sin embargo, esta postergación fue calculada políticamente por el centralismo del MAS. Mantener desconectada la región garantizaba que el bloqueo tradicional del altiplano y El Alto fuera suficiente para asfixiar a la sede de gobierno. El ejemplo de estos alcaldes y la alcaldesa nos obliga a repensar la geopolítica del departamento: potenciar la conexión vial de La Paz a través de los Yungas no solo dinamizará los pisos ecológicos, sino que terminará con la histórica dependencia económica con el oriente boliviano.
A nivel nacional, estamos en el punto más crítico. La desorientada acción gubernamental ha desgastado la legitimidad de la protesta ciudadana inicial, y una intervención militar o policial en las carreteras sería un error táctico fatal. La fuerza no resolvería el problema de fondo; al contrario, revalidaría la estrategia de los radicales que buscan desesperadamente violencia, victimización y muertes para oxigenarse políticamente.
La solución efectiva debe replicar la audacia del Norte Paceño, pero combinada con el peso de la ley. Para destrabar el escenario nacional, Ejecutivo nacional, departamental, local y las asambleas deben convocar a diálogos abiertos mediado por instituciones con credibilidad, como la Iglesia Católica y la Cruz Roja.
Además, este proceso debe ser público: una mesa de negociación transmitida en vivo por televisión abierta desnudará los verdaderos intereses de los cabecillas. Ante las pantallas, los dirigentes radicales tendrán que transparentar sus demandas y asumir el costo político de la asfixia económica que provocan. La ciudadanía tiene derecho a ver, sin filtros, quiénes proponen soluciones y quiénes sostienen el conflicto para salvar intereses personales.
Finalmente, este escenario deja una advertencia democrática urgente: los alcaldes, concejales y representantes sociales de todo el país deben despertar, fortalecer la autoridad para la cual fueron legítimamente electos y agotar todas las vías de gestión en sus territorios.
Si las autoridades democráticas no defienden su mandato institucional y permiten que el miedo y el bloqueo de las carreteras siga gobernando, los siguientes en caer y estar en serios problemas serán ellos mismos. Lo que los grupos radicales buscan es destruir el Estado de derecho para imponer agendas personales mediante el chantaje. ¿Hasta cuándo permitiremos esto? Si la lógica del país se reduce a que tome el poder quien ejerza más fuerza bruta y violencia en las calles, habremos perdido como sociedad. Ahí es donde perderemos absolutamente todos.
Rodrigo Salinas Luna Orozco es profesional en Ciencia Política y Gestión Pública.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
