ste martes se reunieron en La Paz distintos actores económicos en el marco del segundo ampliado multisectorial y ratificaron su rechazo a la disposición séptima contemplada en el Presupuesto General del Estado (PGE 2025), que marca el decomiso de productos.
“Es un ataque a la propiedad privada y eso no lo vamos a permitir”, afirmó Pablo Camacho, presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI):
Asimismo, señaló que si la norma está diseñada para luchar contra los contrabandistas, “que se lo haga, pero que no ataque al eslabón más fácil, que es el pequeño, mediano empresario, etc”.
En el pronunciamiento conjunto que rubricaron los sectores se señala que en caso de que no se retire esta disposición, ejecutarán movilizaciones a partir del 10 de febrero, advirtió José Luis Farah, presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO).
”No podemos permitir la invasión, porque eso de confiscar la propiedad privada no es permitido, más bien lo que se debe hacer es un mensaje de paz para seguir trabajando por Bolivia”, dijo Farah, que adelantó que el 30 de enero se tendrá un tercer encuentro multisectorial en Sucre.
La disposición adicional séptima del PGE 2025 establece que, “con la finalidad de garantizar la disponibilidad y abastecimiento de alimentos esenciales, se faculta a las entidades competentes, activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos, que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos”.
El diputado opositor Carlos Alarcón, miembro de la bancada de Comunidad Ciudadana (CC) presentó un proyecto de ley para eliminar la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, que es rechazada por diferentes esferas del aparato productivo nacional.
La propuesta legislativa se dio a conocer la semana pasada, luego que el viceministro de Defensa al Consumidor, Jorge Silva, manifestó que está en manos de la Asamblea Legislativa eliminar esta disposición de la Ley Financial.
