n 2024, año de la profundización de la crisis multidimensional, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), ha emitido pocos pronunciamientos. Este jueves, a poco de terminar la gestión, su presidente, Giovanni Ortuño, emitió un mensaje sobre la situación crítica que enfrenta el país, aunque dejó establecido que es superable.
"Estamos conscientes de que Bolivia atraviesa una situación grave, pero estamos seguros de que no es insalvable”, dijo el líder empresarial en el mensaje publicado en redes sociales.
"Este año ha sido complejo y desafiante para todos: la ciudadanía ha soportado el aumento de los precios, mayor dificultad para conseguir trabajo y la caída de sus ingresos”, dijo Ortuño al proponer “un balance honesto y objetivo de la situación del país”, en momentos en que la economía necesita medidas correctivas.
Identificó a la escasez de divisas, la irregularidad en la provisión de carburantes, los bloqueos de carreteras y los efectos del cambio climático como factores que tuvieron un impacto devastador en todos los sectores durante el año, dificultando las cadenas de producción y comercio, y generando una creciente inseguridad económica.
Según el criterio de los empresarios, estos problemas pueden desalentarnos y hacernos pensar que no tenemos salida posible, sin embargo, consideran que “nuestro país va a salir adelante porque millones de bolivianos seguiremos acá, trabajando, generando economía y apostando por un futuro mejor”.
Al respecto, hizo un llamado a la unidad nacional y al fortalecimiento del diálogo como herramientas fundamentales para encontrar soluciones efectivas a los problemas que enfrenta la economía.
En otra parte del mensaje, la organización relievó el papel del sector empresarial en el esfuerzo por mantener la economía activa a pesar de las adversidades, y señaló que muchos empresarios, especialmente pequeños y medianos, están al borde de la quiebra debido al aumento de costos operativos, las deudas y la limitada capacidad de inversión.
La CEPB subrayó la importancia de los acuerdos alcanzados con el Gobierno nacional durante 2024, señalando que las medidas asumidas en esos encuentros “fueron positivas, y creemos que deben sostenerse”, aunque también reconoció que posiblemente fueron insuficientes y que es necesario “implementar nuevas medidas frente a la persistencia de algunos problemas y la aparición de otros igualmente complejos”.
Asimismo, instó al gobierno a aplicar medidas efectivas de austeridad e implementar “acciones estructurales y urgentes para enfrentar la crisis, disminuir el déficit fiscal, garantizar la inversión privada, incentivar la producción nacional y promover las exportaciones”.
En el contexto de las elecciones generales de 2025, la entidad destacó la importancia de este proceso democrático “como una oportunidad para que la ciudadanía decida si quiere mantener la política económica actual o escoge un rumbo diferente”. Al respecto, se comprometió a promover el debate sobre temas clave para el sector privado en las propuestas de los candidatos.
Por otro lado, cuestionó el papel de los sectores políticos en la coyuntura de crisis y señaló que su falta de compromiso muestra su “carencia de empatía e interés por resolver los problemas que más afectan a los ciudadanos”. Del mismo modo expresó su preocupación por el debilitamiento de la institucionalidad “en especial del sistema de justicia, que atraviesa por una crisis profunda y pone en cuestión el cumplimiento de derechos fundamentales”.
