ste miércoles surgió un nuevo cuestionamiento al proyecto del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025. Para la Cámara de Industria y Comercio (Cainco) es una "carta blanca a la emisión, endeudamiento y desinstitucionalización".
La Cainco emitió un comunicado de cinco puntos. En el primero observa que el PGE 2025 es un “atentado directo a la estabilidad macroeconómica” de Bolivia.
“El proyecto del PGE 2025 contempla un déficit fiscal de Bs 35 mil millones, equivalente al 9,2% del PIB, que solo puede financiarse por dos alternativas, ambas altamente nocivas para el país en la compleja situación actual”, se lee en el documento.
Especifica que la primera alternativa es a través de financiamiento del Banco Central de Bolivia (BCB) y la Gestora Pública, a través de una línea de endeudamiento de 60.000 millones de bolivianos.
“Esto implicaría tomar Bs 10 mil millones de los aportes de los trabajadores a las pensiones y otros Bs 50 mil millones como crédito del BCB. En términos sencillos, esto constituye emisión inorgánica, cuya consecuencia directa es mayor inflación”, señala la Cainco.
La segunda forma de financiar el déficit fiscal, según la Cainco, es mediante endeudamiento externo. El PGE 2025 contempla contraer una deuda por 14.000 millones de bolivianos, mediante títulos de deuda con el sector privado.
La observación que la Cainco realiza en este punto es que el Estado boliviano no puede concentrarse únicamente en el endeudamiento como fuente de divisas y cuestiona que no existen medidas para impulsar al sector exportador de bienes y servicios.
Cuestiona también que el Gobierno ha incluido en el PGE 2025 artículos para dejar sin efecto otras leyes y pone de ejemplo lo ocurrido con la Ley del BCB “para obtener financiamiento más allá de los límites prudentes”.
Observa que el proyecto del PGE contempla controles de precios a los que califica como “medidas represivas” que “distorsionan el mercado”. Señala que de esta manera se incentiva la creación de mercados negros y posibilitan la imposición de multas y medidas arbitrarias a empresas formales.
Finalmente, para la Cainco el proyecto PGE “desconoce la profunda crisis que enfrenta el país desde 2023”.
“En esencia, es una paráfrasis del proyecto de 2024, casi una copia en términos de estructura y fundamentos”, concluye el documento.
