a emboscada a autoridades cruceñas, este viernes en el área protegida de Bajo Paraguá, cometida por avasalladores armados, derivó en que la diputada María René Álvarez exija la militarización y paralización de toda actividad en esa zona, la negación del asalto por dirigentes de la colonia San Martín, y la detención de al menos 5 avasalladores.
Una comitiva encabezada por el alcalde de San Ignacio de Velasco, Ruddy Dorado, y la diputada Álvarez, fue emboscada este viernes por interculturales en Bajo Paraguá, cuando realizaban una inspección ante las denuncias y un proceso judicial por avasallamiento y desmontes en ese lugar, que también es reserva forestal.
Álvarez exigió este sábado a las autoridades la militarización y paralización de toda actividad dentro del área protegida, ya que en la inspección se pudo constatar graves daños ambientales producto de los avasallamientos, algo que se viene denunciando desde hace tres años. Dijo a El Deber Radio que la afectación alcanza las 300.000 hectáreas.
"Tienen que paralizar toda actividad dentro del área protegida, tienen que militarizar la zona e ingresar con efectivos policiales para desalojar a los avasalladores y destruir las casas", exigió la parlamentaria de Creemos.
Los dirigentes de la colonia San Martín negaron este sábado haber protagonizado una emboscada contra a una comisión que llegó a inspeccionar los desmontes realizados en el Área Protegida Municipal Bajo Paraguá y aseguraron que no abandonarán los asentamientos, pese a que reconocieron que son ilegales.
El noticiero de mediodía de Red Uno reportó que efectivos policiales detuvieron a al menos cinco avasalladores que fueron trasladados al municipio de San Ignacio de Velasco. Álvarez mencionó cuatro detenciones.
La inspección marchaba por buen camino hasta que la Policía efectuó las detenciones, lo que encendió la molestia de los avasalladores, que trataron de bloquear los caminos a las autoridades. “A partir de esas aprehensiones comenzaron a surgir las amenazas, comenzaron a organizarse y a bloquear los caminos. Nosotros seguimos adelante, porque llevamos también donaciones”, relató al indicar que afortunadamente lograron salir a salvo del lugar por otro sector hasta llegar hasta San Ignacio.
La comitiva de autoridades que sufrieron la emboscada incluía a un fiscal, la jueza agroambiental Evelin Ortega Vallejos y miembros de la ONG Natura, tenía como objetivo evaluar el impacto de incendios y deforestación en esta zona de la Chiquitania.
“Lo que esta gente hace es, aprovechando los incendios forestales, quemar los espacios donde se van asentando. Esto fue claro porque se pudo evidenciar que el sector donde están las casas, que son de madera y tienen en sus alrededores sembradíos de frutas y verduras, se encuentra verde, y de ahí para adelante todo está quemado”, afirmó Álvarez.
“Se debe proceder al desalojo inmediato de los invasores y retirar todas las construcciones ilegales. Pedimos que cesen de inmediato estos crímenes contra la naturaleza y se respete la integridad de esta área protegida”, insistió.
