uciendo un buen estado de salud, el alcalde paceño, Iván Arias, rechazó este martes la imputación fiscal por incumplimiento de deberes y lesiones graves y leves en el caso de la mazamorra en Bajo Llojeta que mató a una niña de cinco años y sepultó a unas 40 viviendas.
En contacto con la Red Uno, Arias se mostró con buena salud, a diferencia de hace un par de meses cuando se dispuso su aprehensión y sufrió una crisis que derivó en su internación de emergencia en un centro de salud de la zona Sur de La Paz y luego se presentó a declarar al Ministerio Público conectado a un tubo de oxígeno.
Este martes, en puertas del edificio municipal donde tiene sus oficinas, dijo a la Red Uno que producto de las lluvias hay cerca de 60 muertos en el país y no existe un solo gobernador o alcalde imputado o detenido en algún centro penitenciario o en sus domicilios.
Rechazó la imputación y el pedido de detención porque la Alcaldía paceña, sin tener responsabilidad en el alud del 23 de noviembre de 2024 en Bajo Llojeta, atendió la emergencia con maquinaria pesada, funcionarios y un gasto de ocho millones de bolivianos.
Arias y su director de Gobernabilidad, Gonzalo Barrientos, coincidieron en señalar que, mientras el Gobierno Municipal asumió las tareas de salvataje, el responsable de la tragedia, el cementerio privado Los Andes, de propiedad de Luis Enrique Iturralde, gozan de libertad en Perú.
Barrientos cuestionó que Iturralde, principal accionista de la inmobiliaria Kantutani, haya brindado su declaración informativa vía plataforma virtual, cuando lo que correspondía era su detención en Perú y su extradición al país para que enfrente a la justicia.
Una vez imputado, el alcalde paceño deberá ser convocado a una audiencia de medidas cautelares en la que un juez o jueza determinará su situación legal: detención preventiva como ocurrió con su colega de Achocalla y otras autoridades de ese municipio, detención domiciliaria o que se defienda en libertad.
