as denuncias contra el aprehendido exministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, se multiplican luego de que el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, presentara una demanda penal por secuestro y torturas en diciembre de 2022. Son distintas denuncias con un común denominador: abusos de poder.
Marco Antonio Aramayo, hijo del fallecido exdirector del Fondo Indígena, quien también se llamaba Marco Antonio Aramayo, se apersonó a dependencias de la fuerza anticrimen de Santa Cruz para presentar una denuncia verbal por presuntas amenazas de muerte, que según afirmó se registraron desde el día anterior.
Aramayo señaló que esta es la segunda vez que solicita garantías, debido a la recurrencia de las amenazas, y explicó que el objetivo es dejar un precedente para que el caso sea investigado y quede en conocimiento de la Policía y la opinión pública.
Además, anunció que se adherirá a la denuncia presentada por Martín Camacho, abogado del gobernador cruceño, al considerar que Del Castillo tendría responsabilidad en el caso Fondo Indígena por su rol como autoridad de alto nivel, según informó el diario El Deber.
“Tiene responsabilidad por haber sido un funcionario de alto cargo dentro del gobierno. Creo que tienen que ver un juicio de responsabilidades. En su momento, la justicia se va a encargar de juzgarlo”, manifestó.
Por su parte, Joel Lara, abogado de la familia Aramayo, confirmó la adhesión a la denuncia ya presentada ante el Ministerio Público y sostuvo que durante la gestión de Del Castillo se habrían encubierto las torturas y vejámenes sufridos por Marco Antonio Aramayo padre.
A esas acciones legales se sumó el abogado Carlos Gaity, quien también se declaró víctima del exministro y anunció que formalizará su adhesión a las denuncias. Gaity afirmó que en 2024 se le habría armado un proceso judicial que vulneró su dignidad, honor y derechos fundamentales, afectando además a su entorno familiar y laboral.
"El año pasado se me arma un caso en el cual, al no encontrar a los responsables directos, por el simple hecho de ejercer mi trabajo como abogado, me presentaron como un reo rematado ante la opinión pública. Violentaron mi honor, mi dignidad, la de mi familia. Tengo amigos, clientela...he perdido mucho y este señor ha abusado de su autoridad sin tener veracidad en la relación de los hechos de mi caso", lamentó en contacto con el Informativo ED24 de El Deber.
Recordó que fue tratado como "el peor maleante" ante la opinión pública.
En puertas de la FELCC de la capital cruceña se instaló una vigilia de personas que aseguran haber sido víctimas de vulneraciones a sus derechos durante la gestión de Del Castillo.
Entre ellas, se encontraba Nelly, quien dijo que fue detenida junto a otras mujeres y hombres mientras defendían instituciones públicas en Santa Cruz. Denunció que sufrió agresiones físicas y falta de atención a las denuncias presentadas en su momento.
"Somos 15 mujeres que fuimos detenidas, además de dos hombres. Hace dos años y cinco meses que pasó de todo esto y Eduardo del Castillo junto con Maria Nela Prada ordenaron la detención de todos esos activistas. Nosotros éramos tres mujeres que estábamos en la (calle) Omar Chávez. Los masistas vinieron y nos agredieron", indicó la mujer.
Los denunciantes coincidieron en exigir que los procesos avancen y que las autoridades competentes investiguen los hechos, advirtiendo que permanecerán en vigilia para evitar una eventual liberación del exministro mientras se esclarecen las acusaciones
