n el marco del Conversatorio “Agroquímicos, Cambio Climático y Marcos Regulatorios en Sudamérica”, el Instituto Para el Desarrollo Rural de Sudamérica (IPDRS) presentó una exhaustiva investigación titulada "Plaguicidas químicos de uso agrícola en países y territorios de la Comunidad Andina y el Mercosur".
El estudio, realizado entre octubre de 2024 y junio de 2025 en Argentina, Bolivia, Colombia, Paraguay y Perú, constituye un llamado urgente a las autoridades competentes y a toda la cadena productiva a fin de que se implementen acciones y fortalezcan los marcos regulatorios al respecto. La investigación y publicación contó con el apoyo y financiamiento de Brot für die Welt (Pan para el Mundo) y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), CCFD-Terre Solidaire, y Humundi.
Lorenzo Soliz, miembro del IPDRS y coordinador de la investigación señaló que la “investigación procura hacer un análisis comparado en 5 países, sobre el grado de implementación y cumplimiento de la normativa respecto a los plaguicidas químicos de uso agrícola que hay en Bolivia, y cuáles son sus efectos en la población, en los sistemas alimentarios y en la salud socio ambiental, pensamos que va contribuir a la reflexión y el análisis y también generar un conjunto de propuestas para cambiar la situación actual”.
El documento central de la investigación parte de una preocupación: a pesar de la existencia de acuerdos y normas regionales en la Comunidad Andina (CAN) y el Mercosur sobre el registro, uso y control de plaguicidas, en la última década se ha visto un incremento en la importación y el uso indiscriminado de plaguicidas prohibidos, llegando incluso a triplicarse en algunos países. Estos plaguicidas son utilizados no solo por la gran agroindustria, sino también por numerosos medianos y pequeños productores campesinos, así como por algunas poblaciones indígenas.
Algunos hallazgos
De manera específica el documento expone que; todos los países tienen debilidad fiscalizadora y comercialización de productos prohibidos e incumplimiento de normativas ambientales y sanitarias.
En la distribución por país, el texto indica cuántos de esos PAP (Plaguicidas de Alta Peligrosidad) están registrados o en uso/disponibles en varios países: Argentina: 126, Bolivia: 87, Paraguay: 86, Perú: 81, Colombia: 79. Estos números sugieren un alto riesgo potencial para la salud pública y los ecosistemas agrícolas en estos países debido a la presencia y uso de sustancias químicas muy tóxicas. En el caso específico de Bolivia, se proporciona datos concretos y alarmantes como el consumo total en el año 2023: habiéndose utilizado aproximadamente 63,000 toneladas métricas de plaguicidas en total (incluyendo PAP y otros tipos). Esta cifra es significativa y muestra un alto nivel de dependencia de los agroquímicos en la agricultura boliviana.
De lo utilizado, el 14% a 35% es ilegal, este es un punto es crítico ya que Implica que una porción muy grande de los plaguicidas que se usan en Bolivia los cuales ingresarían por contrabando, falsificación o carece del registro sanitario y fitosanitario correspondiente (SENASAG en Bolivia).
Efectos multidimensionales
Los efectos socioambientales identificados son múltiples y graves: la presencia de residuos tóxicos en los alimentos que consume la población, los daños a la salud de trabajadores y aplicadores, la afectación de cultivos y comunidades circunvecinas expuestas a fumigaciones, el debilitamiento de la autonomía y de la capacidad productiva de los productores agroecológicos y de pequeña escala, así como los impactos sobre la salud de los ecosistemas, incluyendo la muerte masiva de insectos y microfauna, particularmente de abejas, cuyo rol es fundamental para la biodiversidad.
Como se señala en el documento, se espera que con estas evidencias y propuestas se contribuya a fortalecer la cooperación regional, incidir en políticas públicas basadas en la justicia ambiental y la salud colectiva, y sirvan para nutrir y fortalecer la agenda de los movimientos sociales y de todas las personas que luchan por sistemas alimentarios sostenibles de base agroecológica, buscando acelerar y ampliar la escala de esta transición.
Cooperación, políticas y transición agroecológica
El equipo de coordinación general, conformado por Paula Aldana Lucero, Lorenzo Soliz Tito y Oscar Bazoberry Chali, junto con los autores Javier Souza Casadinho, María Agustina Etchegoyen, Guillermo Villalobos Moreira y Alejandro Henao Salazar, orienta los resultados a fortalecer la cooperación regional; reflexionar sobre modos de producción alternativos que garanticen la seguridad y la soberanía alimentaria; y aportar al diseño de estrategias que reduzcan la dependencia de paquetes tecnológicos basados en plaguicidas altamente peligrosos (PAP), mitiguen los impactos negativos asociados a su uso y promuevan una transición hacia una agricultura más segura, saludable y sustentable.
