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l avasallamiento de predios productivos en el norte del departamento de Santa Cruz se consolida nuevamente con grupos armados que atacaron la hacienda Santa Rita de manera reiterada, hasta quedarse en la unidad productiva de unas 5.000 hectáreas con soya por cosechar y que deben ser sembradas con maíz y sorgo.

A inicios de esta semana los propietarios de Santa Rita denunciaron que un grupo de alrededor de 80 personas encapuchadas ingresaron de forma violenta y retuvieron a 25 personas. La Policía intervino el martes y se liberó el predio.

Melisa Barba, propietaria del predio Santa Rita, señaló que los avasalladores irrumpieron nuevamente el miércoles en la mañana y este jueves y 15 invasores en motocicleta llegaron al lugar para consolidar la invasión ilegal.

El gerente general de la Asociación de Productores de Oleaginosa y Trigo (Anapo), Jaime Hernández, pidió a la Policía hacer cumplir el derecho que tienen los propietarios y trabajadores agrícola a la propiedad privada y desalojar a los avasalladores.

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Hernández dijo a El Deber que el accionar de los avasalladores en los predios productivos en Santa Cruz secuestraron en el predio Santa Agro de unas 16.000 hectáreas, Las Londras unas 1.800 hectáreas y San Fernando (no se tiene datos de su extensión), por lo que se calcula que unas 17.800 hectáreas de predios productivos pasaron a mano de los avasalladores.

“Esas hectáreas ya están consolidadas, pero como tienen un plan aún mayor, el objetivo es consolidar unas 70.000 hectáreas. El predio Santa Rita les incomodó, por lo que buscan a toda costa avasallarlo”, precisó Hernández.

En lo que va de 2025, es la cuarta vez que avasallan el predio Santa Rita, de unas 5.000 hectáreas, frenando la cosecha de soya y la siembra de maíz y sorgo.

Hernández, denunció que personas encapuchadas y armadas ingresaron al predio, pese a que el mismo cuenta con medidas precautorias del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y órdenes de aprehensión vigentes contra los cabecillas identificados.

“Los productores no pueden seguir siendo víctimas de tomas ilegales. Estamos en plena cosecha, y cada día de paralización representa pérdidas económicas severas”, advirtió Hernández y agregó que no puede ser que el productor necesite de una guardia policial para desplegar sus labores.