
a polémica en torno a la pretendida nacionalización de vehículos indocumentados o autos chutos se ha instalado entre Estados, en el Órgano Ejecutivo y la Policía, entre otros niveles, pero se agudizó en la bancada de Libre, organización política liderada por Jorge Tuto Quiroga. Mientras unos diputados promueven la nacionalización, otros les llaman a la atención y advierten con reclamar curules.
Reynaldo Seas y Armin Lluta, diputados de Libre defienden un proyecto de ley que fue presentado hace días con el argumento de que se generarán recursos para el Estado en tiempos de crisis multidimensional. Lluta incluso dijo que se intentará convencer a Quiroga para que acepte la nacionalización de vehículos que ingresaron de manera ilegal al país.
La Cámara Automotriz estima que en Bolivia existen al menos 1,5 millones de vehículos indocumentados que, en caso de ser nacionalizados, condenaría a muerte a las importadoras que cumplen con todos los requisitos y tributos que se erogan para el ingreso legal de vehículos. Seas y Lluta aseguraron que la nacionalización debe producirse por una sola vez para regularizar vehículos que circulan en áreas rurales sin placas de control.
Pero, la postura de ese par de diputados encontró una postura contraria de la subjefa de bancada de Libre, Lissa Claros, y del diputado Édgar Zegarra.
Claros informó que se ha llamado la atención a Seas y Lluta y no descartó en que se tome otras determinaciones. Zegarra complementó que podría ser el reclamo ante el Órgano Electoral de los curules por la franca intención de sus colegas de legalizar lo ilegal.
“Ya les hemos hecho una llamada de atención a través de una nota que seguramente ya tienen conocimiento. Esperamos que depongan estas actitudes”, dijo Claros.
Añadió a sus colegas de partido se les “ha ido la mano” con una propuesta que es considerada como “ilegal”. El también diputado de Libre Sergio Vásquez alertó que de aprobarse una ley que disponga la nacionalización de autos chutos, se estaría incumpliendo tratados internacionales de lucha contra el crimen organizado como el Acuerdo de Palermo.
Claros y Zegarra advirtieron que los curules de diputados y senadores de Libre sonde la alianza y no de las personas, por lo que Seas y Lluta deben responder a una línea político-institucional trazada en el plan de gobierno presentado por Quiroga en las elecciones generales de 2025.
“Vamos a ir primero por una por una conversación de conciliación dentro de la bancada para posteriormente, si cabe la necesidad, tomar otras determinaciones”, agregó Claros.









