Es una noticia esperanzadora para el enfrentamiento de la crisis climática que el presidente postule que “el medioambiente es la nueva frontera que generará recursos”? Hay importantes motivos para ponerlo en duda.
Los voceros oficiales y oficiosos dirán que se trata de buenas nuevas en ambos planos, más todavía cuando el mandatario ha navegado, rostro al viento, en las aguas del caudaloso río Beni. El anuncio ha sido de la presentación presidencial de la “Estrategia Amazonía de Bolivia”, acompañado por el máximo ejecutivo de una muy conocida fundación conservacionista internacional.
En la ocasión ha lanzado que espera que “en los siguientes 10 años puede llegar al país entre 5.000 y 7.000 millones de dólares para temas medioambientales, (sin) que te pidan nada (…) sino que cuides lo que tienes; (..)que no haya incendios”. Piensa que de ese modo se pueden promover “más actividades económicas, como la minería que puede desarrollarse en la zona, sin depredar y bajo normativa”.
Lo notable es que ese optimismo marcha a contramano de lo que realmente pasa y parece, antes que nada, otra justificación para contentar simultáneamente a visiones antagónicas. Los hechos son que, desde los últimos años del régimen del MAS, nuestra economía tiene una creciente dependencia de la minería, en general, y la del oro en especial.
Su extracción no es ninguna novedad en nuestra Amazonía, donde sus fronteras avanzan arrasadoramente, desde hace años. Los incendios no son su característica, aunque puede hermanarse con ellos para favorecer a sus gemelos: el tráfico ilegal de tierra, madera, de fauna.
La minería aurífera que se practica en la Amazonía, en Bolivia y los otros países de la cuenca, es principalmente ilegal y letalmente destructiva, financiada por capitales extranjeros, depende de una explotación y autoexplotación humana brutal de cooperativistas de base, cuyas organizaciones aportan la fachada “nacional” del negocio.
Envenena aguas, desde las faldas de cordilleras hasta el océano, destruye vida en agua y tierra, aniquila selva y biodiversidad, a golpe de depredación pura y fuera de toda normativa. Enferma a personas, corrompe funcionarios y fomenta la confrontación violenta y armada entre indígenas, mineros y campesinos. No hay manera en que pueda compensar los daños y, encima, tributa poco y nada.
Al mismo tiempo, es muy fuerte económica, social y políticamente, al funcionar como creadora de empleos —desesperados, inestables, de alto riesgo— allá donde el resto de la economía los cierra. Cohesiona, con la potencia que dan las complicidades, a trabajadores con una dirigencia privilegiada y con los poco o nada visibles inversores, al mismo tiempo que crea músculo electoral y de movilización callejera para sus aliados políticos. Por si fuera poco, cerca del 80% de nuestras reservas internacionales son lingotes de oro, no divisas.
Miles de familias indígenas, sobre todo niños y madres que viven en las riberas de nuestros ríos amazónicos, están afectadas por graves problemas de salud, debido a la presencia de mercurio y otros tóxicos empleados para la extracción de oro. Desde hace más de una década, la contaminación de nuestras principales cuencas afecta a flora, fauna, personas, al medioambiente en su conjunto, como han documentado estudios de universidades bolivianas, de Colombia, la World Conservancy Society, el Instituto francés de investigaciones (IFRD) y otros.
Para llegar a la presidencia y enfrentar crisis políticas, imitando al gobierno de Arce C., el actual ha llegado a acuerdos públicos, y también reservados, garantizando, básicamente, que los auríferos continuarán tributando menos del 5%, aunque las exportaciones de oro alcancen volúmenes tan grandes como los 3.000 millones de dólares, en 2022 y que hoy mismo alimente un punto de crecimiento, en medio del retroceso.
De 2020 a 2025 las exportaciones de oro superaron los 12.600 millones de dólares (se estima que esta cifra incluye oro contrabandeado desde Perú), avanzando sobre reservas naturales y parques nacionales.
Todo esto se sabe aquí y lo conocen las posibles fuentes de financiamiento de planes de conservación y restauración natural. La palabra de un gobierno débil en todos los flancos y que se ha hipotecado a la potencia que encabeza el negacionismo ante el calentamiento, tiene problemas para generar confianza o crédito.
La convivencia pacífica entre civilización y naturaleza es requisito de vida en todo el planeta; en el nuestro le toca ser el pilar del cambio de modelo y paradigma económico y productivo. El quebranto económico no se solucionará si las medidas anticrisis no son parte de una estrategia que apunte hacia la construcción de una bioeconomía, empezando con medidas simples e impostergables como la aprobación de una ley de bioinsumos, medidas eficaces de control de los tráficos ilegales, como parte del tránsito de matriz energética y productiva.
Róger Cortez Hurtado es docente investigador.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
