a primavera boliviana arranca más candente que nunca y con el presidente del Estado en conversaciones con el secretario de estado de EEUU; probablemente porque este no incluyó a nuestro país en su próxima gira latinoamericana. La visita a Washington también contempla otros contactos internacionales y gestiones de súplica para obtener créditos y cualquier otra forma de recursos financieros.
Entretanto, el mandatario boliviano ha encargado a sus ministros lidiar con las reacciones de la población ante la reciente liberación del precio del diésel. Se entiende que contar con el respaldo de la hoy inseparable dupla Israel-EEUU resulte tentador, o hasta indispensable, para quien ha gastado demasiado rápidamente el crédito y confianza que el público otorgó en las urnas electorales.
El apoyo político de un poder que puede desarrollar acciones bélicas a capricho, amenazar a sus aliados, arrasando con la ley internacional y cometiendo o apañando atrocidades de guerra, resulta demasiado importante, cuando las fuerzas internas tienden a flaquear y los riesgos se multiplican.
Contar con al menos la benevolencia de los gobiernos de Trump-Netanyahu, puede galvanizar a los poderes fácticos internos y facilitar la reiteración de gestos como la veloz venia legislativa para acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Ese respaldo congresal expresó una posición unánime de las representaciones políticas, aplastantemente mayoritarias en lo electoral y parlamentario de que, pese a sus críticas para el oficialismo coinciden en el menú básico de ajuste estructural.
Las observaciones y hasta el fastidio opositor ante el estilo de gobierno, ya enraizado en la lenta y complicada vía del ensayo/error, se muestran hasta ahora aplacados por la aspiración compartida de tomar medidas que fracturen el estatismo que dejó tras sí el MAS, en una entramado legal y normativo.
La reacción del extenso abanico social que sufre el peso directo de las medidas de ajuste marcará el límite a la solidaridad que mantienen las bancadas y grupos políticos que no son parte del espectro oficialista. Esa respuesta determinará., por encima de declaraciones y señales de sentimientos empáticos, si se sigue arrastrando la tónica de lenta agonía, con estallidos intermedios, que estuvo rigiendo desde hace casi un lustro la dinámica social.
Una agudización de la inconformidad y las protestas no favorecen, en principio ni de por sí, la reforma constitucional que une a los grupos y coaliciones electorales que capitalizaron el debilitamiento del MAS; tampoco conducen a una reestructuración de esa fuerza.
En este momento una eventual reforma nacería con los peores auspicios, porque inclusive en el inicio de un ineludible debate, sus propugnadores verían como se desmoronan sus argumentos de que la reforma abriría el paso a cambios cercanos -casi inmediatos- y verificables en nuestra economía. No hay reforma constitucional que pueda reducir los años de maduración de proyectos mineros o petroleros, ni abreviar el cambio de matriz energética.
También se verían en apuros para mostrar el enjambre de inversores que están rondando para descubrir y desarrollar pozos de gas y petróleo, esperando, nada más que cambie la Constitución. En realidad, la tan publicitada seguridad jurídica a la que se refieren los aspirantes a constituyentes necesita una inmediata transformación del aparato de justicia, hundido hoy en su servidumbre a los poderes económico y político y, por ello, a la impunidad.
El empeño de poner en los titulares y la conversación pública a una reforma constitucional, deja visible que quienes fueron oposición al MAS comparten con esa tienda la misma clausura mental para imaginar y plantear alternativas de patrones de desarrollo que superen la casi centenaria disputa entre “más mercado” contra “más estado”. Atrapados unos y otros por los esquemas extractivistas, que son la faz visible de un desarrollismo a la vieja usanza: expoliador y explotador.
Con esa base, si el acoso de los precios altos y los ingresos rezagados terminan de acorralar a la permisividad colectiva ante el desbarajuste de la conducción política estatal, también tambalearán los justificativos que se están usando para los aprietes de cinturón y los sacrificios “compartidos”.
Viene ya candente la primavera por el calentamiento planetario; la desidia y miopía políticas la llevarán a un punto de ignición, si no abandonan sus cómodos y letales dogmas y rutinas. Si no asimilan que se juega más que su cargo, curul o candidatura, pueden pagar costos inesperados.
Róger Cortez Hurtado es docente investigador.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
