os presidentes "de facto" gobernaron a fuerza de decretos supremos, y en algunos casos dictaron decretos-ley, sus prerrogativas no alcanzaban para más. En los últimos veinte años, los nombrados tribunales y el propio Legislativo se convirtieron en agencias de poder sometidos a la voluntad del presidente, los dirigentes políticos, e incluso a los movimientos sociales.
Ahora, la realidad es distinta, el Parlamento tiene nueva composición partidaria. No habrá más omnipotencia que valga; será necesario convencer, seducir y negociar. La gobernabilidad que se consiga a través de los representantes del pueblo, es tema principal.
Los diputados y senadores elegidos en formulas, consideradas de derecha, hacen más de dos tercios; si bien las propuestas de los candidatos difieren en formas, tiempos y medios para lograr objetivos, son afines en los enfoques globales.
Las circunstancias requieren de un acuerdo trascendental que permita concertar, y si es inevitable, establecer un cogobierno, compatible con un plan incluyente —permeable al sentido común— para los aspectos económicos y sociales; así como los puntos que serán incluidos en la reforma constitucional.
Si tal alianza llega, no debe causar extrañeza que se compartan ministerios y se definan apoyos en próximas elecciones subnacionales y municipales, para sumar gobernabilidad territorial, al mismo tiempo que reconstruir la estropeada institucionalidad.
Por lo mismo, dos tercios del Parlamento significan ciento diez votos. La democracia cristiana tiene setenta, y los de Libre cincuenta y tres; será mejor incluir a Unidad Nacional con treinta y cinco votos, e incluso a Súmate con seis. Porque, como pocas veces, la prerrogativa de gobernar corresponde al ejecutivo, y el "Poder" permanece en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), como debería ser siempre, pues la ALP representa al pueblo, en sus diferentes estratos sociales.
La negociación no estará exenta de enfrentar caprichos de liderazgo falso de quienes esperan beneficios directos bajo la simpleza necia: " por el bienestar del pueblo".
El país está paralizado, el combustible es asunto de primera urgencia, se escuchan soluciones en medio de misteriosas promesas; por momentos suenan de fondo cantos de sirenas.
La realidad visible debe ser: buques cisterna en altamar, millones de litros descargándose en los puertos; centenares de camiones cisterna en ruta... Bolivia, como destino final. ¿Qué tanto importa cómo fueron comprados el diésel y la gasolina? ¡El país necesita moverse!
Por otro lado, para acceder a los créditos que permitan disponer de dólares, es indispensable que se aprueben leyes: será la primera prueba de fuego para calibrar la predisposición parlamentaria: apoyar o rechazar. La gobernabilidad que se logre —cuando menos por los dos primeros años— a través de los representantes del pueblo, es tema principal. Tan pronto como termine el delirio de su victoria, el nuevo gobierno necesita aliados.
Mario Malpartida es periodista.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
