a nacionalización del transporte público en Bolivia, especialmente en La Paz, es una necesidad urgente frente al caos, los abusos y la inseguridad que caracterizan al sistema actual. Este modelo, dominado por sindicatos con poder desproporcionado, permite que miles de minibuses, por ejemplo, operen sin fiscalización, sin mantenimiento adecuado y con total impunidad.
En el caso de La Paz, funcionan más de 50 sindicatos de transporte, entre ellos el Sindicato Mixto de Chóferes Eduardo Abaroa, Villa Victoria, Simón Bolívar y otros. Estos grupos controlan alrededor de 18.000 minibuses, muchos provenientes de El Alto, que transportan diariamente a más de 400.000 personas. Sin embargo, lo hacen sin cumplir estándares mínimos de seguridad ni condiciones dignas para los pasajeros.
Uno de los abusos más frecuentes es la práctica de cerrar la puerta delantera del minibús, obligando a los usuarios a subir atrás y ocupar los asientos de ese espacio primero, donde —además— existen lugares “auxiliares” detrás del conductor. Esta situación no sólo es muy incómoda; sino peligrosa, sobre todo en caminos empinados o en zonas con alto flujo.
Además, el trameaje (consistente en fraccionar rutas para cobrar más) el maltrato verbal; la falta de higiene; las paradas en cualquier lugar sin respetar las luces de los semáforos; los típicos “matacambios” y las condiciones técnicas precarias de los vehículos son parte del día a día. Estas situaciones generan estrés en la población ante la indiferencia de las autoridades y funcionarios del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP).
Como si esto no fuera suficiente, los minibuseros se anotan en cualquier marcha, sin importar el motivo, con tal de figurar y obtener beneficios. Su comportamiento es belicoso y muchas veces violento. Cuando bloquean calles o avenidas no sólo causan enormes perjuicios a la población, sino que incluso lastiman a transeúntes o a sus propios compañeros. En esas jornadas, se los ve comiendo y bebiendo tranquilamente en las aceras, mientras el resto de la ciudadanía pierde horas de trabajo, de estudio o de atención médica.
En la reciente marcha convocada por los simpatizantes del expresidente Evo Morales Ayma, muchos chóferes estuvieron presentes, reafirmando su afinidad con el MAS y demostrando, una vez más, que siempre buscan sacar tajada de cualquier escenario político.
A pesar de operar con informalidad (incluso hay días que los chóferes se dedican al paseo con sus familias o parejas), varios obtienen altos ingresos, ya que son propietarios de dos o más vehículos. Estas ganancias no están acompañadas de una contribución proporcional al sistema tributario ni de responsabilidad ante eventos que llegan hasta tragedias en las vías públicas.
De hecho, los accidentes protagonizados por minibuses sólo en el presente año han sido numerosos. En marzo, por ejemplo, un minibús chocó con un micro y una moto en Tembladerani, dejando siete heridos. En abril, otro minibús escolar colisionó con una volqueta en Achumani, hiriendo a tres estudiantes. En la autopista La Paz-El Alto, al menos diez personas resultaron heridas en otro accidente. El 5 de mayo, en la calle Garita de Lima, un chófer de la línea 861 atropelló a un funcionario municipal que realizaba controles y huyó del lugar sin consecuencias.
La decisión del alcalde Iván Arias de incrementar las tarifas del transporte público en febrero de este año, sin realizar una consulta ciudadana ni supervisar de manera constante las mejoras prometidas, resultó sumamente perjudicial para el bolsillo de los usuarios. Las tarifas aumentaron de Bs 2 a Bs 2,40 en los tramos cortos y de Bs 2,60 a Bs 3 en los tramos largos. En horario nocturno, los precios se elevaron hasta Bs 2,50 y Bs 3,20, respectivamente.
La medida, adoptada mediante resolución ejecutiva, generó un amplio rechazo ciudadano y fue revertida poco después por el Concejo Municipal. Sin embargo, posteriormente se restableció el tarifario inicial, lo que representó un verdadero juego psicológico para los pasajeros que entre la incertidumbre y la resignación pagan lo que les viene en gana a los minibuseros.
A esto se suma el comportamiento arbitrario de muchos conductores de minibuses, quienes actúan según su propio criterio y estado de ánimo. Es frecuente que ignoren las tarifas diferenciadas para escolares, a quienes incluso evitan recoger si están solos y tampoco respetan los descuentos para personas de la tercera edad o con discapacidad. Los universitarios que no están dentro del rango de edad considerado como estudiantes también se ven afectados, ya que los chóferes suelen negarse a darles el cambio.
Mientras tanto, el alcalde y varios miembros del Concejo Municipal participan en actos públicos hasta bochornosos con peleas incluidas, sin resolver los problemas estructurales del transporte. La ciudadanía… sigue sufriendo abusos con un mal servicio y riesgos diarios cada vez que se sube a un minibús.
En cuanto a la experiencia internacional, ésta confirma que cuando existe transporte público nacionalizado y bien gestionado no sólo es viable; sino también más justo y eficiente. En Chile, la implementación del sistema RED Metropolitana de Movilidad permitió reducir la informalidad, ofrecer tarifas integradas y subsidiar pasajes para estudiantes y adultos mayores, según datos del Banco Interamericano de Desarrollo en 2020.
En España, el Consorcio Regional de Transportes de Madrid coordina de manera técnica buses, metro y trenes, recibiendo subsidios estatales que aseguran calidad y accesibilidad, como destaca el Ministerio de Transportes en 2023. Francia cuenta con la empresa pública RATP, que gestiona el transporte en París con altos estándares de calidad, cobertura amplia y tarifas reguladas, de acuerdo a su informe corporativo de 2022. En Alemania, la empresa estatal BVG ofrece un modelo integrado y eficiente en Berlín, reconocido por su sostenibilidad y organización, según informó Deutsche Welle en 2023.
Estos ejemplos reflejan que el transporte público puede ser un derecho garantizado por el Estado y no una fuente de lucro para sindicatos que operan sin control. En Bolivia, la nacionalización del transporte es urgente para frenar abusos, establecer tarifas equitativas, mejorar la seguridad y ofrecer un servicio digno para todos.
La situación en La Paz demuestra las consecuencias de un sistema desregulado dominado por sindicatos, en el que los minibuseros actúan sin fiscalización y las autoridades no intervienen de forma efectiva. Frente a este panorama, el Estado boliviano podría encargar la fiscalización y gestión del transporte público a un ente especializado como la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), que ya cuenta con atribuciones en el sector y podría asumir un rol más activo en la planificación, control de tarifas y supervisión de operadores.
Bolivia atraviesa actualmente una de las peores crisis económicas en décadas, una situación que golpea con fuerza los bolsillos de los ciudadanos. En este contexto, los pasajeros deben cargar con tarifas elevadas y soportar el maltrato habitual de muchos conductores, especialmente minibuseros.
Frente a estos abusos y a la creciente inseguridad, se vuelve urgente avanzar hacia un modelo de transporte estatal y planificado, como el que han adoptado exitosamente otros países. Este será, sin duda, uno de los grandes retos para las próximas autoridades nacionales y locales que asuman el poder tras las elecciones, en las que la población espera no repetir errores del pasado ni permitir que los actuales oficialistas se perpetúen en el gobierno.
Finalmente, cabe destacar que el único servicio aconsejable y confiable en La Paz es el de los buses Pumakatari, que operan con rutas definidas, personal capacitado, unidades modernas y un sistema de tarifas justo. Esta iniciativa, aunque limitada en cobertura, representa una muestra clara de que sí es posible ofrecer un transporte digno, eficiente y humano en la ciudad maravilla.
Mirna Luisa Quezada Siles es periodista.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad de la autora y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
