os cambios de discurso a propósito de los incendios forestales que consumen millones de hectáreas de bosques en el oriente resultan ya una burla del gobierno. Después de cuatro semanas o más de reclamos, finalmente el presidente decidió aprobar la declaratoria de desastre que podría servir para gestionar mayor apoyo internacional.
Más vale tarde que nunca, dirían los más comprensivos, de no ser porque durante el tiempo de vacilación se perdieron miles de árboles y seguramente una conmovedora cantidad de animales, a la vista y paciencia de autoridades que prefirieron en el pasado aprobar leyes contemplativas con los incendiarios.
Y el problema no es solo que las decisiones tardan, sino que cuando se adoptan, llevan su “yapita” de interés político. Es trágicómico, por ejemplo, que ahora el gobierno insinúe que la mala gestión de los incendios se debería, entre otras cosas, a que no se aprobaron algunos créditos en la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Los incendios no son cosa de este año, ni puede establecerse una relación de causa efecto entre la crisis económica y/o las peleas internas en el partido, con la falta de recursos para atender la emergencia.
En los diez o quince años anteriores las exportaciones de hidrocarburos generaron miles de millones de dólares, pero a nadie se le ocurrió destinar parte de esos recursos para fortalecer la capacidad de la defensa civil y la atención de emergencias.
Con un mínimo porcentaje de semejante cantidad de ingresos, pudo adquirirse no uno, sino una flotilla de aviones equipados específicamente para combatir el fuego en lugares inaccesibles, además de helicópteros adecuados para tareas de rescate y atención inmediata de las necesidades de las comunidades afectadas por este u otro tipo de desastres.
Es más, había la plata como para capacitar brigadistas y bomberos especializados en incendios forestales, pero esa no fue nunca una urgencia para gobiernos más interesados en hacer crecer innecesariamente el aparato público, adquirir satélites desechables o subvencionar hasta el absurdo empresas públicas deficitarias.
No se puede tapar el sol con un dedo, ni esconderse detrás de las asfixiantes cortinas de humo para disimular la incompetencia con la que esta siendo encarada la crisis ambiental.
En los años del MAS, hay que decirlo, se hizo todo al revés: se aprobaron leyes incendiarias, se alentó y toleró el avasallamiento de tierras en las regiones que son precisamente las más expuestas, no se destinó un céntimo a la defensa civil y siempre, siempre se actuó con una alarmante negligencia.
Lamentablemente ya no se puede esperar mucho de un gobierno que está de salida, más preocupado por los problemas políticos internos que por la necesidad de atender y resolver los problemas nacionales más urgentes. Posiblemente sea ya tiempo de dar vuelta a la página y aprovechar las duras enseñanzas de este tiempo para hacer las cosas mejor hacia delante.
La gente no quiere salvadoras o salvadores, sino gente que actúe con transparencia y capacidad, que piense en el otro sin más interés que el de trabajar honestamente por sus necesidades. Quizá sea el tiempo de los líderes “invisibles”, de los que hacen realmente, no de los que quieren hacer creer que lo hacen, de los que no ponen su nombre o rostro detrás o delante de cada obra, de los que no aparecen cada semana para defenderse o atacar, de los que no inventan enemigos a cada paso, de los que, en definitiva, no buscan en todo y para todo la “yapa” política.
Hernán Terrazas Ergueta es periodista.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
