no de los grandes retos que enfrentan los alcaldes electos es frenar el crecimiento del gasto corriente. No se trata de un dato contable cualquiera, sino de un síntoma preocupante: los municipios han ido perdiendo musculatura para invertir en obras y, en cambio, están ganando grasa que termina atrofiando el funcionamiento de la burocracia municipal.
La universidad pública es un ejemplo extremo. La Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) destina alrededor del 92% de su presupuesto a gasto corriente. Hace uno o dos años, la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM) incluso llegó a pedir un rescate extraordinario al nivel central para cerrar sus cuentas. Sabemos que las instituciones académicas son intensivas en capital humano, pero el gasto corriente excesivo las paraliza, las bloquea y las vacía de su razón de ser.
Los municipios todavía se encuentran a una distancia relativamente segura de este extremo, pero la brecha se acorta. Según las directrices fiscales, el gasto corriente municipal no debería superar un 25% o, excepcionalmente, un 30%. A modo de evaluación rápida, vale la pena repasar —de mejor a peor— qué ocurre en cuatro municipios del eje central.
Cochabamba destaca por su buen desempeño. El gasto en sueldos y salarios representa el 25% de su presupuesto y se mantuvo estable en los últimos cinco años. Esto confirma una orientación clara hacia la inversión pública, obras y proyectos.
El Alto también muestra un desempeño relativamente positivo, con el mismo porcentaje asignado a sueldos y salarios. Sin embargo, la tendencia es preocupante, porque hace cinco años este gasto rondaba el 20% y desde entonces ha ido en aumento sostenido. El alcalde electo bien podría revertir esta tendencia y, de paso, fortalecer su baja legitimidad obtenida en las urnas, si actúa desde el primer día.
En tercer lugar, se encuentra La Paz. Destina un 36% al gasto en personal. Pese a que esta cifra sigue elevada, ha mejorado con respecto al 49% de hace cinco años. Iván Arias, a menudo considerado como el peor alcalde, al menos tiene méritos palpables en este ámbito. Los estados financieros evidencias recortes importantes en la planilla salarial del municipio paceño.
Por último, Santa Cruz representa la situación más preocupante. Los sueldos y salarios representan el 51% del presupuesto municipal. Empeoró durante la gestión de Jhony Fernández, al incrementarse en nueve puntos porcentuales desde el 42% registrado en 2021. No por nada, es la alcaldía con más casos de “ítems fantasmas” denunciados y de trabajadores que solo aparecen por las oficinas administrativas para firmar planillas de pago.
Estos cuatro casos son el espejo de un problema estructural que atraviesa tanto gobiernos subnacionales como el nivel central. Los ajustes marginales o puntuales ya son insuficientes. Se requieren reformas de fondo y desde varios frentes. Primero, establecer reglas claras sobre el peso del gasto salarial. No se trata de imponer techos arbitrarios, sino definir criterios y rangos razonables. La planificación presupuestaria debe ser vinculante y no un mero formalismo desconectado de la ejecución real.
Segundo, frenar la expansión por inercia de la planilla pública. Esto no implica necesariamente despidos, sino revisión de funciones, digitalización de procesos y reasignación estratégica de recursos humanos. El boom de la renta del gas incentivó el crecimiento del empleo público, pero estamos en otra etapa. Quienes creen que la fórmula 50/50 pecan de ingenuos y solo postergan decisiones que, con el tiempo, serán más costosas.
El Estado no puede existir para sostenerse a sí mismo, sino para generar valor público. Cuando el gasto corriente absorbe más de la cuenta, se invierte menos en caminos, escuelas, hospitales, y con ello se pierde legitimidad política. Y cuando eso sucede, la gente ya no se pregunta en qué gasta el dinero público, sino comienza a cuestionar para qué sirve el gobierno, tanto nacional como subnacional.
Gonzalo Colque Fernández es economista e investigador de la Fundación Tierra.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
