esde el primer día, la crisis económica marcó la agenda del gobierno de Rodrigo Paz. No fue una decisión estratégica ni el eje central de su propuesta electoral, sino una imposición de la realidad. El déficit fiscal de dos dígitos, la fragilidad externa y el agotamiento del modelo económico heredado fueron los hechos que empujaron al presidente y a sus ministros a actuar sin pensar demasiado, con todos los aciertos y desaciertos que el apuro conlleva.
El hito central fue el Decreto Supremo 5503, anunciado a los 40 días mediante un mensaje presidencial sorpresivo. La puesta en escena delató la trascendencia que el Ejecutivo atribuyó al decreto: trajes oscuros, corbatas, tono solemne. La medida fue presentada con rodeos y a grandes rasgos, pero la ciudadanía no tardó en descubrir que, finalmente, había llegado el ajuste del precio de los combustibles. La gasolina pasó a costar 6,96 bolivianos el litro y el diésel 9,60.
Tres semanas después, el decreto fue abrogado ante la masificación del rechazo social, pero sobrevivió un elemento clave para la economía: los nuevos precios de los combustibles. En ciertos círculos, comenzó a circular la idea de que el decreto habría sido deliberadamente diseñado como una medida amplia y ambiciosa para resistir las previsibles protestas, ceder en lo necesario y preservar lo central. Una suerte de jugada maestra al estilo “Juego de tronos”, esa serie cuya intriga política fascinaba al propio Barack Obama cuando era presidente, quien confesó públicamente su debilidad por la trama, al igual que el hecho de que, en la vida real, los políticos de la Casa Blanca no siempre son tan brillantes y eficientes como los guionistas de la serie. Por simple lógica, menos lo serían en Bolivia.
Más allá de este tipo de especulaciones, el ajuste de precios es, sin duda alguna, el saldo más positivo de los primeros cien días, más todavía si se tiene en cuenta su baja incidencia inflacionaria. El efecto multiplicador no se propagó más allá del incremento de las tarifas del transporte público, echando por tierra los pronósticos más catastróficos. Las filas en los surtidores desaparecieron al día siguiente del decreto.
Asimismo, el ajuste dejó al descubierto que la sobredemanda de diésel —ese paisaje desolador de cientos de camiones en espera— estaba estrechamente vinculado al contrabando y el mercado negro. El ajuste sin espiral inflacionaria se consolida como un logro económico que no debe minimizarse, aunque tampoco debe ignorarse el respaldo de mucha gente que llegó a entender y aceptar que la magnitud de la crisis exigía un ajuste doloroso.
Sin embargo, el balance final sigue siendo preocupante. Persisten las prácticas que reproducen los problemas estructurales de siempre. El endeudamiento interno como remedio de corto plazo, la venta de las reservas de oro para financiar gasto público, la creciente cooptación del Banco Central y la retórica populista que infla expectativas y distorsiona la realidad económica. Entre la población, crece la percepción de improvisación y opacidad, lo puede volverse determinante para el futuro político del Gobierno.
A ello se suman recientes hechos polémicos, como la reacción vacilante del Gobierno frente a las denuncias de gasolina de mala calidad o los contratos con Tranfigura, un trader procesado judicialmente por sobornos en varios países, que erosionan tempranamente el capital político con que llega al poder un nuevo gobierno.
La deuda externa, por otra parte, es una oportunidad potencial para financiar inversiones estratégicas y recomponer los desequilibrios macroeconómicos. No obstante, la tentación convertirla en financiamiento de gasto corriente es demasiado. Por ejemplo, los anuncios de créditos de varios miles de millones de dólares provenientes del Banco de desarrollo de América Latina y El Caribe (CAF) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) no están siendo acompañados por medidas concretas de austeridad y recortes del gasto público. En estas condiciones, la deuda externa no resuelve la crisis, sino que, simplemente, la traslada hacia adelante, a cambio de una promesa de relativa estabilidad política para el nuevo periodo de mandato.
Además, hay que decirlo, la sensación de calma económica está creando una corriente de opinión condescendiente y funcional en los sectores urbanos y clase media. Muchos aprueban los primeros cien días sin dar muchas vueltas porque atribuyen las señales de recuperación económica exclusivamente a las decisiones del gobierno de Rodrigo Paz. El discurso binario refuerza este tipo de posturas que soslayan el hecho de que una parte sustantiva del alivio es consecuencia de vientos a favor del contexto internacional.
En los últimos tres meses, los precios del oro, la plata y los minerales en general, se dispararon. El primer día de Paz, la onza troy de oro cotizaba en 4.000 dólares y escaló hasta 5.300 a inicios de enero. La plata duplicó su precio en el mismo periodo. Este contexto se explica que las exportaciones de 2025 hayan cerrado con un crecimiento del 8% respecto al año anterior. La exportación de minerales alcanzó 5,8 mil millones de dólares, un incremento del 25% en relación con 2024.
En definitiva, los primeros cien días de Rodrigo Paz no pueden leerse solo en clave económica, sino como una manera de ejercer el poder político para gestionar la crisis. Hasta ahora, el gobierno mostró capacidad para tomar decisiones impopulares, porque la realidad lo obligaba, pero también tiene una fuerte inclinación a administrar una estabilidad económica de mentira y dependiente de deuda externa. Si no corrige esta tendencia, corre el riesgo de ser recordado no como el que inició un ajuste necesario y esperanzador, sino como el que prefirió preservar su mandato e intereses cortoplacistas, por encima de reformas de mediano y largo plazo.
Gonzalo Colque es economista e investigador de la Fundación Tierra.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
