s un hecho triste pero real que el retorno de la democracia a Venezuela se presenta como un ideal inalcanzable. La convergencia entre el autoritarismo venezolano y el unilateralismo de la política exterior de Donald Trump no produjo la liberación democrática, sino una reconfiguración del poder en la que los intereses estratégicos de los Estados Unidos prevalecieron sobre la justicia, la soberanía y la voluntad popular venezolana, explotada por su petróleo y abandonada a su suerte.
Las tragedias políticas terminan revelando una verdad más incómoda que la propia caída de un dictador como Nicolás Maduro: la posibilidad de que el verdugo sea sustituido sin que desaparezca el aparato de represión y que una intervención extranjera como la estadounidense, presentada como una operación para restablecer la democracia, terminara negociando con los viejos dirigentes chavistas que contribuyeron a destruirla. Hoy en día, Venezuela se encuentra atrapada en una paradoja decepcionante. La captura de Maduro por las fuerzas estadounidenses el 3 de enero de 2026 abrió otro capítulo agrio en la historia latinoamericana, sin lograr el desplome de la dictadura que tantos venezolanos esperaban.
Por el contrario, Washington terminó reconociendo como presidenta a Delcy Rodríguez, una figura central del régimen chavista, mientras los principales resortes de la seguridad y del poder político permanecieron bajo el control represor de Diosdado Cabello, ministro del interior y secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). La Casa Blanca encontró en Rodríguez una interlocutora para sus intereses, se apropió del petróleo y Venezuela cayó en el agujero negro de la traición al no poder recuperar la democracia.
La pregunta fundamental ya no consiste solamente en cómo fue secuestrado Maduro, sino en quiénes lo traicionaron, conservaron el poder después de su hundimiento y qué recibieron a cambio. El chavismo nació prometiendo redimir a los excluidos, liquidar los privilegios de las élites tradicionales y devolverle al pueblo venezolano la soberanía sobre sus recursos naturales, pero con el tiempo, la promesa de emancipación fue degradándose hasta convertirse en un sistema de concentración personal del poder (siguen los mismos chavistas de hace 20 años), subordinación de las instituciones a las élites dictatoriales, persecución de los adversarios democráticos como María Corina Machado y Edmundo González Urrutia (que ganó las elecciones en 2024), para desembocar en una administración patrimonial de la riqueza pública.
La corrupción dejó de ser una anomalía dentro del sistema para convertirse en uno de los problemas estructurales: cuanto más se siguen debilitando los controles institucionales en Venezuela, la supervivencia política depende mucho más de los privilegios y la lealtad al poder del círculo vicioso encabezado por Rodríguez, que también fue ex ministra de la presidencia del mismo Hugo Chávez y ex ministra de petróleo, de manera que orientó rápidamente las demandas de Trump para capturar las fuentes hidrocarburíferas más jugosas.
La tragedia venezolana no puede explicarse únicamente por las sanciones estadounidenses, por el desplome de la producción petrolera o los errores de política económica. También exige examinar la decadencia de los contrapesos democráticos, la manipulación electoral y la utilización de los organismos de seguridad para intimidar a la oposición. Las elecciones presidenciales de julio de 2024, cuya legitimidad fue cuestionada internacionalmente por la falta de transparencia y de publicación verificable de los resultados desagregados, terminaron de exhibir la distancia entre la retórica chavista y la dictadura de un régimen que se resiste a aceptar límites electorales.
En ese proceso, Cabello adquirió una importancia que excedió su posición formal dentro del gobierno. Su influencia sobre el aparato partidario, los organismos de seguridad y los grupos armados vinculados al oficialismo, convirtió su figura en uno de los símbolos más inquietantes de la continuidad represiva. Las informaciones periodísticas sobre las disputas internas posteriores a la captura de Maduro, han descrito precisamente esa tensión: Rodríguez controla importantes resortes civiles y económicos, mientras que Cabello conserva una influencia significativa en las estructuras de seguridad e instigación de la violencia. La supuesta “transición”, por lo tanto, no hizo desaparecer el viejo aparato de poder, sino que frenó cualquier proceso democratizador.
Aquí emerge el primer componente del fascismo postmoderno: la capacidad de un régimen para vaciar la democracia desde adentro sin necesidad de abolirla formalmente. Las elecciones pueden continuar existiendo, los tribunales pueden seguir pronunciando sentencias y los ministerios pueden mantener sus oficinas abiertas. Pero cuando las instituciones dejan de limitar a los gobernantes y se convierten en instrumentos de su permanencia dictatorial, entonces la democracia va liquidándose sin ningún tipo de garantías.
El fascismo del siglo XXI no necesita reproducir exactamente los uniformes, las ceremonias y las organizaciones de masas de la Europa de entreguerras; puede combinar el culto al líder como en el caso de Trump, la polarización permanente, la propaganda digital, el clientelismo, la corrupción y la persecución selectiva. Su modernidad consiste, paradójicamente, en utilizar los instrumentos contemporáneos de comunicación y administración para preservar una lógica profundamente autoritaria.
El chavismo representa esa degradación: una revolución que hablaba a nombre del pueblo, mientras restringía las condiciones para que ese mismo pueblo pudiera sustituir democráticamente a sus gobernantes. Esto lo agravó Donald Trump y convirtió la captura de Maduro en un simple hecho de traición para, posteriormente, apropiarse de contratos millonarios del petróleo.
Franco Gamboa Rocabado es sociólogo político y catedrático Fulbright de Ciencias Políticas.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
