tra de las mascaradas del Movimiento al Socialismo (MAS) fue el discurso de defensa de los Derechos Humanos y el anuncio de una “Comisión de la Verdad” el 21 de agosto de 2017 como memoria del sangriento golpe militar encabezado por Hugo Banzer Suárez en 1971, con el respaldo de políticos y partidos aún vigentes. El D.S. 3594 detalló los objetivos y plazos de la Comisión.
Era una asignatura pendiente para esclarecer el sistema represivo, los encarcelamientos ilegales, torturas, asesinatos y desapariciones forzadas, además de conocer cómo y cuándo se entregaron detenidos a Argentina o se participó en el Plan Cóndor. Hasta ahora no se realizaron investigaciones oficiales desde Bolivia sobre el ajusticiamiento del ex presidente Juan José Torres en Buenos Aires, la muerte de Jorge Ríos en Santiago o la entrega de Graciela Rutilo y su hija Carlita en Villazón.
La noticia era importante para la historia. Sin embargo, desde un inicio tuvo visiones cuestionables como el sesgo ideológico que acompaña muchas veces las denuncias sobre Derechos Humanos: los izquierdistas no cometen violaciones, para decirlo de manera sintética. Por tanto, no estaba en sus objetivos indagar lo sucedido después de 1982 o durante el gobierno de Evo Morales (Hotel las Américas, la Calancha).
Los oficiales y paramilitares implicados en el sistema de control militar y policial contra políticos y sindicalistas gozan en el país de una larga impunidad. Contaba la esposa de Hernán Siles Zuazo en 1982, Teresa Ormachea, que los guardaespaldas del presidente eran los mismos que lo habían perseguido. No cambian. Se transforman.
Morales y su entorno palaciego no se atrevieron a tocar las fibras sensibles dentro de las Fuerzas Armadas, arista que parece que tampoco templará Rodrigo Paz Pereira, más distraído volando con su uniforme de la FAB.
La Comisión acumuló expedientes de las posibles víctimas, sin presentar resultados contundentes sobre los responsables. Ni siquiera sobre el asalto a la sede de la Federación de Mineros el 17 de julio de 1980. ¿Cuál fue el rol de militantes del Movimiento Nacionalista Revolucionario, quién facilitó las ambulancias, dónde están los torturadores made in USA? Se barajaron culpables aislados sin entrar al sistema.
Estuvieron dentro de la Comisión militantes como Nila Heredia o Edgar Ramírez, pero no consideraron a criminólogos o a investigadores capacitados. Escribimos en más de una ocasión sobre el rol de su ejecutivo Fernando Rodríguez, posteriormente acusado de otros asuntos complejos.
También recordamos la presunta presencia en las oficinas de la Comisión, en la Plaza España de Sopocachi, de cubanos que habrían conocido, copiado, dossiers de las víctimas bolivianas. Rodríguez nunca respondió si este extremo era real. ¿Por qué un gobierno extranjero tenía acceso a archivos confidenciales bolivianos?
El otro defecto de nacimiento fue el rasgo economicista. Quizá desde las carpas en El Prado -que resistieron por años al olvido- el énfasis fue puesto en la indemnización por los daños causados por el Estado a las víctimas y no tanto en la indagación. Varios activistas ya han muerto sin conseguir sus demandas.
La Comisión tampoco visibilizó a los ciudadanos que enfrentaron dentro del país a las dictaduras: hombres, mujeres de a pie que encabezaron huelgas, bloqueos, cercos, como en Catavi, Huanuni, Caracoles, Quillacollo, Sorata. Los jóvenes no tienen idea de la valentía de sus padres y abuelos para buscar la libertad y la democracia que ahora gozan.
El actual gobierno tiene la posibilidad de encauzar esta búsqueda que quedó frustrada y de indagar a fondo quiénes fueron los represores, tengan el cargo que tengan. Oficiales que ahora recogen el 100 por ciento de su jubilación y no pagaron ni un día de cárcel, ni siquiera en la justicia militar. La prensa de esos años guarda muchos datos.
En el reverso del Estado, sobrevive debilitada la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, cuyo medio siglo se cumple este 10 de diciembre de 2026. No es posible culpar de la agonía solamente al masismo. Hace demasiado tiempo que la APDHB no renueva su rostro. Sobrevive una de sus fundadoras, Amparo Carvajal, reconocida por su coraje. Ella no es la institución, como a veces se confunde. Es momento de dar paso a las generaciones formadas bajo la democracia y con otras experiencias. Asimismo, urge alianzas con otras entidades de la sociedad civil.
La APDHB fue alentada por cristianos, principalmente por la Iglesia Católica desde la precursora Comisión de Justicia y Paz, inspirada en la Casa Común de San Francisco de Asís, en las encíclicas de León XIII; un largo historial. En el tenso panorama internacional, la voz del Papa León XIV da continuidad a esa misión: paz con justicia social. Desde el Estado y desde la sociedad civil hay que escuchar ese clamor.
Lupe Cajías de la Vega es periodista e historiadora.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad de la autora y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
