ay una expresión portuguesa que debería estar escrita en la puerta del Ministerio de Economía: o ótimo é inimigo do bom. Lo óptimo es enemigo de lo bueno. Una advertencia contra esa vieja afición de economistas y políticos por diseñar soluciones impecables para países que solo existen en Excel.
Bolivia decidió que el diésel refleje el costo internacional de importación. La lógica económica tiene sentido: la subvención universal distorsiona precios, estimula consumo, favorece contrabando, desalienta eficiencia, puede ser regresiva y, sobre todo, cuesta una fortuna. Según el Gobierno, se destinaban cerca de $us 55 millones semanales a subvencionar combustibles, más de $us 2.600 millones al año. Por tanto, abandonar la subvención universal era necesario. El problema es confundir el destino con el camino.
Porque eliminar una subvención insostenible es una cosa; dejar al consumidor boliviano, pecho descubierto, frente a uno de los mercados más volátiles y geopolíticos del planeta es otra. Se nos dice que ahora pagaremos el “precio verdadero” de la energía. Magnífico. Solo falta resolver un pequeño detalle filosófico: ¿cuál es el precio verdadero?
Antes de las disrupciones geopolíticas, la EIA proyectaba un Brent cercano a $us 58 por barril para 2026. Después llegaron restricciones en Ormuz, sanciones, problemas de producción y tensiones militares, y el petróleo superó ampliamente los $us 100. El petróleo, por supuesto, responde a oferta y demanda, pero también a OPEP, sanciones, empresas estatales, bloqueos, portaaviones, drones y misiles. Adam Smith participa en este mercado, pero de vez en cuando comparte mesa con el Pentágono.
Si tomamos como referencia preconflicto unos US$60–65 y observamos cotizaciones superiores a $us 100, aparece un diferencial cercano a $us 40 por barril. No todo es atribuible a la guerra, pero una parte importante refleja riesgo geopolítico, restricciones logísticas e interrupciones de oferta. Podemos llamarlo elegantemente “prima geopolítica”. En castellano de surtidor: impuesto de guerra.
Ahí está el corazón del problema: sincerar el precio de la energía, sí; sincerar en el bolsillo boliviano el costo de los misiles, no. Si el diésel sigue mecánicamente al mercado internacional, dispara Irán, responde Estados Unidos, suben el petróleo, los seguros y el transporte marítimo, y termina pagando el agricultor de Santa Cruz, el transportista de Cochabamba y, finalmente, la señora que compra tomates en La Paz. Globalización con entrega a domicilio.
Y el diésel tiene una mala costumbre: no se queda en el tanque. Viaja al tractor, la cosechadora, el camión, el mercado y termina sentado en la mesa familiar. Su encarecimiento se transmite a papa, arroz, carne, verduras y frutas. La inflación alimentaria, además, golpea proporcionalmente más a los hogares pobres, porque destinan una parte mayor de sus ingresos a comer. El impuesto de guerra puede comenzar en Ormuz y terminar tranquilamente en el plato del almuerzo boliviano.
El Gobierno tiene razón en otro punto: eliminar la subvención reduce el incentivo al contrabando. Pero una política energética no puede diseñarse mirando únicamente al contrabandista. El precio del diésel también determina producción, transporte, competitividad, inflación, ingreso real y distribución. El contrabando debe combatirse además con trazabilidad, tecnología, inteligencia, controles y sanciones. Sería una victoria bastante curiosa tener menos combustible cruzando ilegalmente la frontera, pero más alimentos caros dentro del país. Curar el contrabando enfermando la canasta familiar no parece precisamente cirugía de precisión.
Consciente del costo social, el Gobierno anunció un amplio botiquín: Bs 874 millones para el Bono PEPE 2, créditos preferenciales, aumento del Juancito Pinto, facilidades para vivienda y producción, arancel cero para determinados insumos y bienes de capital, perdonazos tributarios, apoyo a productores, gobiernos subnacionales y otras medidas. Varias pueden ser útiles individualmente. Pero juntas todavía no forman una política energética. Se parecen más a una colección de analgésicos administrados después de permitir que entre la enfermedad.
El mecanismo sigue funcionando intacto:
petróleo internacional → diésel → producción y transporte → alimentos → inflación → caída del ingreso real.
Después aparecen bonos, créditos y perdonazos corriendo detrás del shock con una ambulancia. Y crédito no es compensación: si al transportista le sube permanentemente el combustible y le prestamos dinero barato, tendrá que devolverlo. Financiamos su problema; no necesariamente lo resolvemos.
Tampoco corresponde sumar todo el paquete como si fuera gasto fiscal equivalente. Un bono sí es transferencia; un crédito es recuperable; el arancel cero es gasto tributario; un perdonazo reduce potencialmente recaudación; devolver depósitos es cancelar un pasivo. Meter todo en la misma bolsa y anunciar una cifra gigantesca sería contabilidad con ciertas aspiraciones literarias.
Existe una alternativa intermedia entre regresar al subsidio eterno y entregar el surtidor boliviano a los movimientos diarios de Ormuz: Precio Energético de Referencia + Banda y Fondo de Estabilización + Token de Energía.
Primero, Bolivia debe tener un Precio Energético de Referencia transparente, que incorpore precio internacional, logística, impuestos, márgenes eficientes y tipo de cambio. Hay que pagar el costo económico de la energía. Pero eso no significa copiar la cotización histérica de las tres de la tarde. Promedios móviles y reglas transparentes pueden separar tendencias estructurales de episodios extraordinarios.
Segundo, una Banda de Estabilización. Mientras el petróleo fluctúe dentro de parámetros normales, fluctúa también el precio interno. Mercado funcionando. Pero si una guerra o disrupción excepcional dispara temporalmente las cotizaciones, interviene un Fondo Boliviano de Estabilización Energética. No para congelar precios eternamente, sino para comprar tiempo.
La regla sería sencilla: guerra corta, amortigua temporalmente el Fondo; petróleo estructuralmente caro, se incorpora gradualmente al precio. Si el shock dura tres semanas, no transmitimos todo el infarto a agricultura, transporte y alimentos. Si después de 90 o 180 días el petróleo continúa caro, ya no estamos ante ruido: cambió la realidad económica y corresponde ajustar.
Una simulación ayuda a entender la magnitud. Con una demanda cercana a 7,8 millones de litros diarios de diésel y una prima geopolítica hipotética de unos $us 41 por barril, la exposición bruta podría rondar $us 2 millones diarios. Si el Fondo amortiguara solamente el 50% durante 90 días, hablaríamos de aproximadamente $us 90 millones. Es una ilustración, no un cálculo definitivo, pero muestra la diferencia entre asegurar temporalmente un shock extraordinario y reconstruir una subvención permanente de miles de millones.
Además, el Fondo funcionaría en ambas direcciones: cuando el petróleo esté barato, acumula; cuando aparezca una perturbación extraordinaria, utiliza esos recursos. Vacas gordas financiando vacas flacas. Una sofisticadísima innovación macroeconómica que nuestros abuelos conocían sin haber cursado Econometría III. Eso sí: con reglas automáticas, límites fiscales, auditoría y cláusulas de salida. Porque un Fondo sin reglas puede terminar convertido en presidente, directorio, secretaria, camioneta, consultorías, refrigerios… y misteriosamente sin fondo.
Finalmente está el Token de Energía. No es Bitcoin ni queremos que la señora del api estudie blockchain antes de vender el desayuno. Es simplemente un derecho digital y limitado para subsidiar a quien realmente necesita apoyo. La subvención tradicional ayuda al litro; el Token ayuda a la persona o actividad.
Un pequeño productor podría disponer, por ejemplo, de 100 unidades energéticas subsidiadas. Hasta ese límite recibe apoyo; desde la unidad 101 paga precio completo. Así aparecen dos perillas de política pública: cuánto subsidiamos y cuánto consumo subsidiamos. Los beneficiarios podrían ser transporte público, pequeños productores, servicios esenciales y hogares vulnerables, identificados mediante persona + vehículo + actividad económica. La ayuda deja de ser anónima: tiene nombre, cupo, justificación y fecha de salida.
La diferencia entre ambos modelos es fundamental. El esquema actual se parece a:
precio internacional → surtidor → producción → transporte → alimentos → inflación → bonos y paliativos.
La alternativa sería:
precio internacional → precio de referencia → banda → fondo temporal → precio amortiguado, acompañado de Token → protección focalizada.
Durante décadas intentamos hacer política energética, social, agrícola, antiinflacionaria y hasta fronteriza con gasolina barata. Fue un error. Pero podemos cometer ahora el error exactamente inverso: liberar completamente el precio y después tratar de reparar sus consecuencias con una lluvia de programas públicos.
No necesitamos volver al subsidio universal. Necesitamos precios reales, pero no precios histéricos; mercado, pero no ingenuidad geopolítica; protección social, pero focalizada; disciplina fiscal, pero no masoquismo macroeconómico.
Eliminar la subvención universal era necesario. Reducir el contrabando también. Pero ninguna de esas decisiones obliga a Bolivia a contratar una suscripción automática a cada guerra internacional.
Después de todo, el agricultor boliviano no invadió ningún país, el transportista no cerró el estrecho de Ormuz y la señora que compra tomates probablemente ni siquiera sabe dónde queda. No veo por qué deberían recibir la factura completa.
Mercado al surtidor. Guerra al Fondo. Subsidio a la gente.
Entre regresar a la subvención eterna y convertir cada surtidor boliviano en una sucursal del estrecho de Ormuz existe un enorme espacio llamado política económica.
Y justamente para eso debería servir.
Gonzalo Chávez Álvarez es economista y analista.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
