n informe de la Universidad Unión Bolivariana (UB), dirigido a la Fiscalía de La Paz, apunta como falso el certificado que supuestamente fue emitido por esa institución, señalando que la ahora magistrada del Supremo Judicial Fanny Coaquira fue docente en las carreras de Derecho y Ciencias de la Educación, según informó El Deber.
El mencionado certificado fue usado en una acción de cumplimiento promovida por Antonio Lafuente Amelunge y su abogado, José Uriarte, para pedir al juez de Coroico, Fernando Lea Plaza, que ordene al Tribunal Supremo Electoral (TSE) la suspensión de la magistrada titular del TSJ en representación del departamento de La Paz.
Tanto el buscado Lafuente como el abogado beneficiado con detención domiciliaria en el caso Consorcio son procesados ahora, en otra causa, por uso de instrumento falsificado y falsedad material.
“Con relación a la certificación que se adjunta, supuestamente emitida por la Carrera de Ciencias de la Educación de la Universidad Unión Bolivariana, se debe mencionar que, de acuerdo con los informes presentados por las unidades correspondientes que son: Jefatura de la Carrera de Derecho, Jefatura de la Carrera de Ciencias de la Educación y la Unidad de Recursos Humanos, ninguna de estas instancias habría emitido certificación alguna, referente a un caso particular”, señala el primer punto del documento dirigido hacia el fiscal Ramiro Sullcani.
El informe de la UB confirmaría que la maniobra legal, por la cual se pretendía defenestrar a la magistrada Coaquira se basó en un documento falsificado, cuyo origen solo lo conoce Lafuente, el único de los ochos implicados en el caso Consorcio que permanece prófugo de la justicia.
El documento de la UB menciona en su segundo punto que, “la firma impresa líneas arriba del nombre (del jefe de la Carrera de Ciencias de la Educación) de una autoridad académica, en el certificado que se adjunta a la UB N.º 007, de fecha 14 de mayo de 2025, no pertenece a ninguna autoridad competente” de esa institución.
Asimismo, la UB informó que existen otras irregularidades en la copia simple de la certificación que la Fiscalía les envió para que sea corroborada. En ese contexto, se aclaró que la Carrera de Derecho y la Carrera de Ciencias de la Educación son dos “jefaturas distintas”, y no una sola, como se menciona en esa copia.
Por otro lado, el certificado usado por Lafuente y su abogado, está firmado por el jefe de la Carrera de Ciencias de la Educación, colocando el nombre de Brayan Peñaloza. Sin embargo, dicho docente sería director de la Carrera de Derecho, además que la firma tampoco corresponde a esa persona.
Además, la ciudad donde se expidió la cédula de identidad de Peñaloza sería La Paz y no Potosí, como figura en la certificación cuestionada.
El Deber llamó y escribió mensajes a la secretaria general de la Universidad Unión Bolivariana, Patricia Espinoza, pero la misma no atendió las consultas.
El abogado de Uriarte, Manolo Rojas, señaló que aún no fueron notificados con la denuncia de la magistrada y que, en el caso de su defendido, la legislación le otorga resguardos para el ejercicio de la abogacía y lo libera de responsabilidad penal en caso de que Lafuente haya proporcionado un documento fraguado para la acción de cumplimiento.
