ese al cuarto intermedio abierto este viernes en una audiencia pública sobre medidas cautelares por los incendios forestales, el Tribunal Agroambiental dispuso que las mismas comiencen a ejecutarse de oficio desde el lunes 8 de septiembre.
La decisión se asumió en Sala Plena, con participación de autoridades estatales, entidades territoriales autónomas y organizaciones de la sociedad civil, entre ellas la Fundación Tierra, que intervino como amicus curiae.
El presidente del Tribunal, Cristian Méndez, explicó que la medida se ampara en el artículo 315 del Código Procesal Civil (Ley 439), que faculta a dictar medidas ambientales sin necesidad de audiencia previa.
“Se trasladó todos los incidentes, excepciones y recursos que hubieran sido presentados a la fecha, a la parte actora y terceros interesados para que asuman el derecho a la defensa en el plazo legal de tres días hábiles que vence el próximo miércoles. Por tanto, se va a decretar un cuarto intermedio de esta audiencia para el día lunes 8 de septiembre (…)", señala parte de la decisión del Tribunal Agroambienta..
"No obstante de ello, también a partir de la fecha se notifique formalmente desde el día lunes con la resolución de medidas cautelares de oficio, que han sido determinadas por este Tribunal y que también han sido dadas lectura conforme el artículo 315 de la ley 439, que establece que las medidas cautelares se decretarán sin audiencia de la otra parte. Ningún incidente ni observación planteadas por la o el cautelado con la medida podrán impedir su ejecución”, añade la determinación.
Méndez añadió que la resolución busca frenar la emergencia ambiental que atraviesa el país. “Vale decir que desde el día lunes se inicia la fase de ejecución de estas medidas cautelares que fueron decretadas de oficio ante la existencia de peligro inminente. 4,4 millones de hectáreas que actualmente están generando incendios y una catástrofe ecológica en Bolivia”, afirmó, citado por nota de prensa institucional.
El Tribunal recordó que su decisión también se sustenta en el Acuerdo de Escazú, ratificado por Bolivia mediante la Ley 1182 de 2019, que faculta a los Estados a dictar medidas precautorias para cesar o mitigar daños graves al medio ambiente.
Con ello, el proceso iniciado en julio por colectivos ambientales que demandaron medidas urgentes contra los incendios forestales reanuda su curso y entrará en plena ejecución desde el lunes, mientras las partes cuentan con tres días hábiles adicionales para responder o plantear nuevas acciones legales.
