n juez de garantías en Chile ordenó suspender por al menos 60 días la destrucción de la madera incautada en una investigación por presunto tráfico de drogas y autorizó nuevas pericias sobre las contramuestras del caso, informó al diario El Deber José Antonio Villalobos, abogado de 23 empresas madereras afectadas.
La decisión permitirá a la defensa contrastar los análisis que sustentaron la incautación y buscar preservar la mercancía que todavía no fue destruida. Según Villalobos, aún falta definir el laboratorio que realizará las pruebas y las condiciones del procedimiento, asuntos que serán tratados en una próxima audiencia.
El abogado explicó los resultados de la audiencia en una conferencia virtual organizada por la Cámara de Exportadores de La Paz. Desde Arica, sostuvo que la resolución responde a los dos pedidos principales de los empresarios: detener la destrucción y acceder a un nuevo análisis de las muestras.
“Lo que está destruido, lamentablemente, es un perjuicio que ya está establecido y eso no lo podemos revertir”, afirmó.
No hay una cifra confirmada de la madera destruida
Villalobos señaló que las actas oficiales de incineración todavía no habían sido incorporadas a la investigación, por lo que no pudo precisar cuánto material fue destruido.
De acuerdo con la información extraoficial que maneja la defensa, la mayor parte de la mercancía retenida en Arica habría sido incinerada, mientras que aún quedarían contenedores en los puertos de Valparaíso y San Antonio.
La prohibición judicial busca preservar la madera que permanezca disponible. Según el abogado, la suspensión puede prorrogarse en función del avance de las pericias y de sus resultados.
También indicó que la defensa solicitará información para determinar si es posible obtener muestras adicionales de los contenedores que no hayan sido destruidos.
La defensa cuestiona los análisis iniciales
El representante de las empresas rechazó la versión de que la madera estuviera impregnada con droga y sostuvo que los antecedentes de la investigación se refieren a trazas de sustancias ilícitas. A su juicio, esos hallazgos no respaldan la magnitud de la operación anunciada inicialmente por las autoridades chilenas.
Además, cuestionó los procedimientos de toma de muestras y la participación de quienes intervinieron en ellos. Esas observaciones forman parte de la posición de la defensa y deberán contrastarse con las nuevas pruebas.
El tribunal, según Villalobos, autorizó que un perito químico privado contratado por las empresas presencie el nuevo análisis. El abogado indicó que este profesional trabajó anteriormente en la agencia antidrogas estadounidense DEA.
La Fiscalía deberá consultar qué laboratorios cuentan con capacidad para efectuar el estudio. Entre las posibilidades mencionadas durante la conferencia figuran instituciones policiales y centros académicos chilenos, aunque todavía no existe una designación.
Villalobos sostuvo que la defensa buscará un laboratorio independiente de los organismos cuya actuación cuestiona.
El cierre del caso sigue pendiente
El abogado anunció que, con los resultados de las nuevas pericias y otros antecedentes, buscará solicitar el sobreseimiento definitivo de los involucrados. La resolución comunicada durante la conferencia permite avanzar con esas pruebas, pero no supone el cierre de la investigación ni una decisión sobre la responsabilidad de las personas investigadas.
También anticipó que los empresarios podrán evaluar acciones por los perjuicios económicos derivados de la destrucción de la madera y de las dificultades para exportar. Por ahora, señaló, la prioridad es preservar la mercancía restante y realizar los nuevos análisis.
