pesar de que la comisión de fiscales que investiga el caso Bajo Llojeta determinó que el alcalde de La Paz, Iván Arias, se defienda en libertad, este miércoles se informó que el Ministerio Público imputó al burgomaestre por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y lesiones graves y leves.
Walter Sosa, director nacional de la fuerza anticrimen, informó a los periodistas de la situación jurídica de Arias a nivel del Ministerio Público que, según el procedimiento penal, deberá solicitar una audiencia de medidas cautelares para que un juez determine la suerte del Alcalde de La Paz.
El juez o jueza cautelar puede determinar la detención preventiva de Arias en algún centro de reclusión por un tiempo definido; puede disponer detención domiciliaria también por un tiempo establecido o finalmente puede aplicar medidas sustitutivas a la detención como el arraigo.
Un juez cautelar envió con detención preventiva por 90 días al alcalde de Achocalla, Manuel Condori, el 5 de este mes. Condori se encuentra cumpliendo esa determinación judicial en el penal altiplánico de Patacamaya.
Sosa mencionó, además, que la esposa del empresario Luis Iturralde, principal accionista de la Inmobiliaria Kantutani, será convocada por la comisión de fiscales que investigan los delitos en el caso Bajo Llojeta.
Adicionalmente, el jefe policial sostuvo se tramitará a través de Interpol y otras instancias del Estado boliviano la deportación del empresario Iturralde desde Perú, ya que cuenta con una orden de aprehensión librada por el Miniterio Público de La Paz. "Esperamos que llegue en un mes"., dijo Sosa.
El 23 de noviembre, una mazamorra en dos urbanizaciones de Bajo Llojeta, en la ciudad de La Paz, mató a una niña de cinco años y dejó bajo el lodo a 40 viviendas. Dos semanas después, los trabajos de recuperación continúan.
